El Estado se personará en Bélgica si se cuestiona la instrucción del 'procés'

  • Justicia recuerda que la causa contra los políticos soberanistas es "exclusiva" a la jurisdicción española.
  • No descarta acudir al TJUE o a la Haya si fuera preciso.
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, y el presidente Sánchez, en una imagen de archivo.
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, y el presidente Sánchez, en una imagen de archivo.
EFE
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, y el presidente Sánchez, en una imagen de archivo.

El Ministerio de Justicia ha advertido de que contratará un bufete privado de abogados que defienda "la soberanía e inmunidad jurisdiccional" de España en el procedimiento civil abierto en Bélgica contra Pablo Llarena si el tribunal belga cuestiona la causa abierta por el 'procés' que instruye este juez.

En un comunicado, Justicia recuerda que dicho proceso penal "está sometido de manera exclusiva y excluyente a la jurisdicción española", por lo que el tribunal belga que estudia la demanda civil contra Llarena interpuesta por el expresidente catalán Carles Puigdemont y otros cuatro exconsellers fugados no debe inmiscuirse en el mismo.

Si, por el contrario, la instrucción "se ve cuestionada por la actuación del tribunal de instancia de Bruselas que tramita dicha demanda", Justicia advierte de que "el Gobierno actuará en la medida proporcional y adecuada para proteger la inmunidad jurisdiccional" del país y "su potestad soberana del ejercicio de la jurisdicción".

Y no descarta incluso acudir, si fuese preciso, hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya.

No consiste en defender a Llarena

Esta actuación no implica "en ningún caso", recalca el ministerio, que el Estado vaya intervenir en "defensa" del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena por las expresiones o manifestaciones de carácter privado "que se le atribuyen" en la demanda.

Ante eso, prosigue el comunicado, "el Gobierno no puede actuar, puesto que supondría defender a un particular por afirmaciones de carácter privado ajeno a su función".

Sin embargo, en lo que se refiere a la función jurisdiccional del magistrado, "cualquier mención a la misma por parte de la autoridad judicial belga supondría una vulneración del principio 'acta iure imperii'", por el que los Estados extranjeros no pueden ser demandados ni sometidos a la jurisdicción de los tribunales de un determinado país.

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