Todas las comunidades autónomas tienen claro que hay que impulsar, de una forma o de otra, medidas que limiten el uso de los móviles en los centros escolares. Hasta ahora solo siete tienen en sus territorios algún tipo de normativa en vigor que veta estos dispositivos en las aulas; y el resto, o las ha impulsado ya para su entrada en vigor en el próximo curso, o está preparando los borradores pertinentes para ello. El punto de acuerdo se ha evidenciado también en la reunión informal mantenida este miércoles entre la ministra de Educación, Pilar Alegría, y los consejeros del ramo. Aunque hay dos comunidades —País Vasco y Cantabria— que optan más por emitir recomendaciones a los colegios e impulsar la formación de la comunidad educativa.
Antes de la reunión mantenida este miércoles por la mañana, Alegría envió una carta a los consejeros de Educación, instándoles a "dar una respuesta conjunta" a esta problemática. Según la misiva a la que ha tenido acceso 20minutos, el Gobierno asume que no tiene competencias para imponer ninguna regulación en todo el territorio y que, por tanto, son las administraciones autonómicas las que deben desarrollar las "medidas que consideren más adecuadas a su realidad y a sus propias especificidades".
Precisamente con ese afán de lanzar un "mensaje común" a la comunidad educativa, el Ministerio de Educación ha trasladado a las autonomías una propuesta de mínimos —muy en línea con la que planteó el Consejo Escolar la semana pasada—. En ella sugieren que el alumnado de Infantil y Primaria no lleve el teléfono móvil al colegio, salvo excepciones como motivos de salud; y que en la ESO, Bachillerato y Formación Profesional (FP), si lo llevan, lo mantengan apagado durante todo el horario lectivo, a no ser que el profesor decida utilizarlo con "fines pedagógicos".
"El aumento exponencial del uso de los teléfonos móviles ya desde edades muy tempranas es un hecho constatable, que ha hecho aflorar una problemática que viene alarmando a la comunidad educativa y que se traduce en problemas de convivencia, de bajo rendimiento escolar y, en algunos casos de afectación sobre la salud y el bienestar emocional de nuestros escolares", incide el documento remitido por Pilar Alegría.
La postura de las comunidades
Hasta la fecha, todas las comunidades autónomas han mostrado predisposición a regular esta prohibición en los colegios e institutos. En siete ya hay un veto a los dispositivos móviles en vigor —Galicia, Andalucía, Madrid, Castilla y León, Murcia, Aragón, Castilla-La Mancha, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla—, y el resto pretende imponerlo en los próximos meses. Salvo País Vasco (que no se ha presentado a la reunión) y Cantabria, que aseguran que trasladarán instrucciones a los centros educativos para que tengan la autonomía de elaborar sus propios protocolos.
Las comunidades autónomas del PSOE han valorado la propuesta del Ejecutivo, que consideran básica y respetuosa con sus competencias. Más duros han sido los consejeros de los territorios gobernados por el PP, que han asegurado que ya cuentan con una normativa que regula el uso de estos dispositivos en los centros escolares. Fuentes de la consejería madrileña reprochan que el documento "no aporta nada nuevo" y reclaman a la ministra que convoque una Conferencia Sectorial para abordar una cuestión que, dicen, "no solo se limita a la esfera educativa, sino que afecta a toda la sociedad".
El viceconsejero de Canarias José Manuel Cabrera, también ha exigido una Conferencia Sectorial para abordar específicamente este asunto, en un "debate sosegado". "Conociendo cada una de las posiciones de las comunidades autónomas, nos hemos reafirmado en que vamos en la buena dirección", ha asegurado, recordando que Canarias ya impulsó una regulación este mismo martes
En representación de una de las últimas autonomías en desplegar una normativa al respecto, Cataluña, ha acudido la consejera Anna Simó, que tras la reunión ha valorado el encuentro como "positivo" y ha recordado también que la regulación que entrará en vigor en Cataluña desde el curso 2024/25 va "en línea" con los planteamientos del Consejo Escolar del Estado.
"Todo lo que sea buscar consensos y pensar de manera constructiva sobre temas de educación y sentarnos los consejeros a hablar de ello, sin lugar a dudas, me parece muy positivo", ha sostenido Lydia Espina, consejera de Asturias, que tras la reunión ha agradecido al ministerio que "haya abierto un espacio de diálogo" para abordar un tema que considera "de gran calado".
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