El Gobierno y el Partido Popular están dispuestos a retomar las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por primera vez desde octubre de 2022. Lo harán a partir del 31 de enero y bajo la supervisión de la Comisión Europea, que desde hace años reclama a España desbloquear el órgano y cambiar después el sistema de elección de sus vocales para que los jueces nombren a parte del Consejo. Este último punto será, sin duda, el más delicado en unas conversaciones que se alargarán dos meses -el plazo que ha puesto Bruselas- y deberán acabar con un bloqueo de más de cinco años.
El Consejo es el órgano de gobierno de los jueces al que se encomienda, entre otras cosas, nombrar a los magistrados de la cúpula judicial. Desde que en 2021 PSOE y Unidas Podemos impulsaron una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), el CGPJ no puede realizar esta tarea mientras está en funciones, con lo que el bloqueo persistente ha provocado que se vacíen los grandes tribunales del país. Especialmente el Tribunal Supremo, con un 30% de plazas vacantes.
Ante estas circunstancias, la Comisión Europea, representada por el comisario de Justicia, Didier Reynders, ha aceptado mediar en las negociaciones como propuso en diciembre el PP. "La Comisión está lista para desempeñar su papel para garantizar el cumplimiento de la legislación de la UE", explicó este viernes Didier Reynders, que mediará entre el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el encargado de Asuntos Institucionales del PP, Esteban González Pons.
Los intentos de renovar el órgano se han sucedido desde diciembre de 2018, fecha en la que los vocales que lo conforman cumplieron su mandato de cinco años. Actualmente, la ley dicta que pasado este plazo las Cámaras Parlamentarias deben escoger los nuevos integrantes del Consejo a partir de una lista de 50 nombres que facilitan las asociaciones judiciales. La votación deberá aprobarse por una mayoría de 3/5.
El órgano de gobierno de los jueces está formado por 20 vocales y por el presidente del Tribunal Supremo, que lo es a su vez del CGPJ. Entre los 20 vocales debe haber 12 jueces y ocho "juristas de reconocido prestigio". Su elección se reparte a partes iguales entre el Congreso de los Diputados y el Senado: cada una de las Cámaras escoge seis jueces y cuatro magistrados. Tradicionalmente, esta votación solo se lleva a cabo una vez el Partido Popular y el PSOE acuerdan una lista de 20 jueces.
Sin embargo, el PSOE y el PP no han logrado alcanzar ningún pacto desde que caducó el Consejo, cuando Pablo Casado aún estaba a los mandos de Génova. Las conversaciones se caracterizaron por la desconfianza y las acusaciones mutuas hasta que se rompieron por completo en otoño de 2022, cuando el Gobierno y el PP estuvieron a punto de cerrar un acuerdo.
En aquel momento, el que era presidente del Consejo, Carlos Lesmes, dimitió de su puesto para tratar de forzar el encuentro mientras que Reynders presionaba durante sus visitas a España. El informe del Estado de Derecho en la UE había incluido esta cuestión entre sus recomendaciones a España y la idea era clara: debía renovarse el Consejo y cambiar el modelo de elección.
Pero el líder popular Alberto Núñez Feijóo tiró el pacto por la borda porque el Gobierno estaba pactando con los independentistas la reforma del delito de sedición (más adelante se supo que no era reforma, sino derogación, y que se modificaría la malversación). Ahora que la amnistía está en el foco del debate, el PP se ha prestado a renovar el Consejo únicamente con la mediación de Europa.
Que los jueces elijan a los jueces
¿Cuál es la propuesta de Bruselas? Que los 12 jueces del CGPJ sean escogidos por votación directa entre los miembros de la carrera judicial, y no por el Parlamento. O, como dice el mantra que el PP lleva años declamando, "que los jueces elijan a los jueces".
No obstante, el PP no está del todo alineado con la Comisión. Es más, los populares han ido modificando sus exigencias a lo largo de los años: en algunos momentos defendieron que la renovación se hiciese después de la reforma del sistema de elección, en otros que se acometiesen ambos cambios "a la vez". Pero el mandato de la UE es claro, lo prioritario es renovar el órgano y después habrá que cambiar el modelo. Eso sí, ambas cosas tendrán que hacerse en los próximos dos meses: Reynders tiene intención de "garantizar la implementación de las dos patas de la recomendación de la Comisión".
El Ejecutivo, por su parte, sigue obviando la segunda cuestión y eso es porque no desea cambiar el sistema de elección de los vocales del CGPJ, ya que el actual modelo, aunque parte de una lista que proporcionan las asociaciones judiciales, garantiza que el órgano tenga una representación similar a la de las Cortes Generales. En la carrera judicial, son mayoría las asociaciones conservadoras, por lo que dejar en manos de los jueces la elección directa de los vocales arrojaría de forma más o menos habitual un CGPJ de mayoría conservadora.
En todo caso, Bolaños no hizo mención a esta cuestión en sus declaraciones del viernes. "La idea del Gobierno es que la renovación del CGPJ es urgente. Una vez que hayamos renovado el CGPJ, que es lo urgente y lo imprescindible para que la Justicia funcione, a partir de ahí, por supuesto que podemos hablar de otros asuntos", aseguró el ministro tras reunirse con Reynders.
Las posturas del Ejecutivo y el principal partido de la oposición deberán acercarse en los próximos dos meses para cumplir con las condiciones de la Comisión. Si no lo logran, permanecerán en el órgano los mismos vocales que nombró en 2013 un Parlamento gobernado por la mayoría absoluta de Mariano Rajoy. Algunos de ellos han dejado vacíos sus asientos en el Consejo al dimitir, jubilarse o fallecer. El resto permanecen allí diez años después de su nombramiento, sabiendo que ya han doblado con creces su mandato y sin posibilidades de paliar la acumulación de vacantes en el Poder Judicial.
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