Didier Reynders ha anunciado este viernes que acepta la "mediación" de la Comisión Europea para que España renueve el CGPJ después de cinco años de bloqueo, y de hecho ya ha propuesto que PSOE y PP se sienten con Bruselas el próximo miércoles 31 de enero, para una primera reunión. Han sido convocados el ministro de Justicia, Félix Bolaños, por parte socialista; y Esteban González Pons en el lado de Génova.
Eso sí, el Ejecutivo comunitario limita su intervención a un plazo de solo dos meses y será el propio Reynders quien ejerza de árbitro en los encuentros que se produzcan. "La Comisión está lista para desempeñar su papel para garantizar el cumplimiento de la legislación de la UE", explicaron desde Bruselas tras darse a conocer la noticia.
"La Comisión está al tanto de los debates en España sobre la aplicación de la Recomendación de la Comisión relativa al Consejo del Poder Judicial de España. Hemos reflexionado sobre la mejor manera de facilitar la implementación de esta recomendación. A tal efecto, quisiera informarle que estoy disponible para entablar con ustedes un diálogo estructurado", expuso el comisario de Justicia sobre el asunto. Esta mediación fue propuesta por el líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo, en una reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace semanas, y el Ejecutivo acogió de buen grado la iniciativa.
Por otro lado, Reynders ha tenido que volver a hablar de la ley de amnistía. "Dije desde el inicio que hay que prestar mucha atención a todo lo que constituye una parte de legislación europea sobre criminalidad, y el terrorismo es parte de ella. Así que estaremos muy atentos pero, repito, no vamos a reaccionar a cada etapa del debate sobre el texto", sostuvo el comisario de Justicia, que insistió en que está "muy atento" a estas enmiendas, pero no quiere adelantar acontecimientos. Así se ha expresado a su llegada al Consejo informal de ministros del ramo en Bruselas.
Estas palabras de Reynders llegan solo unos días después de que el PSOE pactara con Junts y ERC amnistiar bajo la nueva norma también los delitos de terrorismos "que no supongan violaciones graves de Derechos Humanos", según las palabras del Gobierno y también tal como defendió el ministro Félix Bolaños, presente en la reunión de este viernes en la capital belga, de la que eso sí no se esperan grandes decisiones.
El comisario europeo, que ahora se ha postulado para ser el próximo presidente del Consejo de Europa, recordó que mantiene un diálogo abierto con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, y que la Comisión mostrará su posición sobre la ley de amnistía cuando esta esté aprobada. Mientras tanto, seguirá en contacto con las autoridades españolas; ahora, eso sí, se abre una puerta mucho más delicada porque una de las vías que más facilitaría la intervención tanto del Ejecutivo comunitario como del TJUE es precisamente que se pudieran perdonar y olvidar delitos relacionados con el terrorismo.
En la redacción de la proposición de ley que se registró en el Congreso, los grupos parlamentarios salvaron un punto importante: la amnistía no cubriría delitos relacionados con la gestión de los fondos europeos, algo que intranquilizaba desde el primer momento a Bruselas. Pero la cuestión del terrorismo, ahora sí abordada en las enmiendas, toma un cariz que puede ser decisivo de cara a una futura actuación del Tribunal de Justicia de la UE, tal como reconocieron fuentes jurídicas especializadas consultadas por 20minutos.
Ya el pasado mes de noviembre, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha abierto la puerta a plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por el impacto de la futura ley de amnistía en los delitos de terrorismo, una posibilidad ahora abierta tras el nuevo paso en la negociación. El magistrado recordaba entonces que, "si bien no existe una definición universal de terrorismo, en el ámbito del derecho de la Unión Europea, sí que se ha tratado de armonizar y delimitar algunos conceptos relacionados con el terrorismo".
García Castellón cita, por ejemplo, la Directiva 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, porque sus primeros artículos "sientan las bases de la regulación europea en materia de terrorismo". Y también hace lo propio con la Directiva 2008/114, sobre los bloqueos de Tsunami Democràtic por los que se vieron afectados los aeropuertos de El Prat y Barajas.
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