"Nos salvamos gracias a la acción vecinal, pero 162 todavía están sentenciados". Este mensaje se puede leer sobre varios ejemplares de la arboleda histórica del parque de Arganzuela, a orillas del río Manzanares. Los carteles los han colocado los vecinos en los últimos días, cuando los operarios han retirado la valla que impedía el acceso a esta parte del parque desde el pasado febrero. Fue entonces cuando se restringió el acceso a la zona por la ampliación de la línea 11 (L11) de metro en Madrid Río. Los planes de obra desataron una ola de protestas vecinales por la ubicación de las futuras estaciones y por las talas de árboles asociadas al proyecto y la Comunidad decidió paralizarlo para modificarlo.
Este proceso acabó en una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que se aprobó a mediados de noviembre y que ahora ha motivado que se retranqueen las vallas colocadas hace meses tanto en Arganzuela como en el parque de Comillas, 'zona cero' de la ampliación de la L11, ya que este barrio de Carabanchel ha sido el punto escogido para introducir la tuneladora que llegará hasta Conde de Casal.
Los vecinos a ambos lados del Manzanares festejan la modificación del proyecto que consiguió indultar alrededor de 400 árboles que estaban sentenciados con el proyecto constructivo adjudicado en 2022 (1.027 talas), pero no frente al aprobado en 2020 (79), por eso es una celebración agridulce. Están convencidos de que aún se podían haber salvado muchos más árboles porque se puede volver a los planes iniciales. Susana de la Higuera, de la Asociación Vecinal Pasillo Verde-Imperial, reitera que la parada de la L11 en Madrid Río puede construirse en el paseo de Yeserías, lo que evitaría afecciones en el parque y talas que hoy temen que ya sean inminentes porque este martes vieron ejemplares marcados con 'spray'.
Algo similar traslada Elena Sigüenza, de la asociación Parque de Comillas, que en su caso explica que la tuneladora que está previsto instalar en el barrio de Carabanchel puede colocarse en otro punto de la ciudad sin causar afección a otros vecinos, como estaba contemplado antes de 2022. En Comillas, la valla que delimitará las obras también se ha movido en los últimos días porque la modificación del proyecto redujo el espacio afectado, aunque sigue estando dentro del perímetro gran parte de este espacio verde de más de 45.000 m2 que data de 1979.
Los vecinos creen que elementos como la fuente o las pistas deportivas, así como los árboles que quedan dentro de la valla, tienen los días contados por el desmontaje y las talas, que tienen que ser autorizadas por el Ayuntamiento. Tras la luz verde a la declaración de impacto ambiental, este es uno de los últimos trámites aún pendiente en los despachos. "No tenemos nada de información de la Comunidad", afirman la representante vecinal, que recuerda que hace meses pidieron una mesa de seguimiento similar a la que se constituyó en 2005 por la construcción del intercambiador de Plaza Elíptica para estar informados de los avances del proyecto. No tuvieron respuesta, lamenta, como tampoco la encontraron a sus alegaciones a la declaración de impacto ambiental.
"Inasumible" para Comillas
Según el Gobierno regional, el planteamiento actual "reduce" aproximadamente un 36% el número de árboles afectados en todo el trazado con respecto al anterior. Se pasa de los 1.027 ejemplares que se reflejaban en un primer momento en el proyecto a los 879 que se contemplan ahora. De ellos, 676 serán talados y 203 trasplantados.
Casi un tercio de los árboles (199) que se perderán están situados en el parque de Comillas. Son menos de los previstos inicialmente (273), pero Elena Sigüenza sostiene que para el barrio es inasumible porque este es su único parque. Además de la pérdida de masa arbórea, la presidenta de la asociación de vecinos explica que la entrada de la tuneladora por esta zona del sur de Carabanchel también supondrá un trasiego de más de 100 camiones cada día con toneladas de arena y otros materiales de obra.
Esto tendrá un impacto directo sobre toda la vecindad y, especialmente, sobre los alumnos de Infantil y Primaria del Colegio Perú, que está separado a menos de 100 metros del vallado de las obras. "La pérdida de un espacio de juegos para los niños es grave, pero lo es mucho más que nuestros hijos vayan a estar al menos 5 horas al día durante 40 meses intentando aprender en medio de mucho ruido, polvo...", expresa Mikel Ogueta, miembro de la Asociación de Familias del Colegio Público Perú.
A este centro acuden cada día durante el curso más de 500 niños cuya edad oscila entre los pocos meses de vida hasta los 12 años. Alguno de ellos son menores con necesidades especiales, porque el Perú es un centro preferente para la escolarización de pequeños con trastorno del espectro autista. Sufrirán de cerca tanto el ruido como el polvo en suspensión, así como cualesquiera otros inconvenientes asociados a la obra, durante las clases y durante los recreos, en espacios abiertos muy cercanos al punto en el que hoy por hoy se prevé introducir la tuneladora.
Esta situación se mantendrá durante años, porque tal y como está planteada en este momento la ampliación entre Plaza Elíptica y Conde de Casal culminaría hacia finales de 2026. Ogueta incide en que tanto la comunidad escolar como los vecinos del barrio entienden que una obra como la ampliación de la L11 conlleva perjuicios, pero el peaje que tiene que pagar el barrio de Comillas con el planteamiento actual lo ven excesivo. Sobre todo porque consideran que hay alternativa. "Tenemos técnicos que nos transmiten que las cosas se pueden hacer de otra manera", subraya este padre de familia.
"Reclamamos 'Metro sí, pero no así'. Hay otra forma de hacer estas obras, sin talas masivas de árboles sanos ni una tuneladora destrozando el único pulmón verde de la zona", proclamó Elena Sigüenza el pasado sábado, cuando cientos de vecinos se volvieron a manifestar contra las talas y la entrada de la tuneladora por Comillas. Desde hace semanas están recogiendo firmas en Change.org para pedir una reconsideración del proyecto que proteja el parque y el barrio.
También, junto a la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) y el resto de barrios situados en el trazado, están volcados en lograr que el Banco Europeo de Inversiones (BEI), que financia parte de la ampliación que costará más de 500 millones de euros, articule una mediación entre la Comunidad y los representantes de los vecinos para consensuar un replanteamiento de la obra que satisfaga a todas las partes. "Creemos que es lo mejor", coinciden en señalar los vecinos que desean en que los próximos días no sea demasiado tarde para unas pretensiones que consideran realistas y legítimas.
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