El Defensor del Pueblo ha puesto en el punto de mira a 33 municipios por sus retrasos a la hora de activar restricciones al tráfico y delimitar zonas de bajas emisiones (ZBE) o por las decisiones que después de las elecciones municipales del 28 de mayo tomaron sus nuevos ayuntamientos, del PP y Vox y solo uno solo del PP, para deshacer o retrasar los proyectos que ya tenían en marcha sus antecesores.

La institución que dirige Ángel Gabilondo, ha iniciado actuaciones de oficio en 33 ciudades por incumplir de distinta manera la Ley de Cambio Climático que obligaba las ciudades de más de 50.000 habitantes a delimitar  antes del 1 de enero de 2023 zonas de bajas emisiones, con restricciones para la entrada de los vehículos más contaminantes, con el objetivo de mejorar la calidad del aire reduciendo las emisiones de gases y partículas a la atmósfera.

La investigación que llevará a cabo el Defensor del Pueblo divide a las ciudades afectadas en tres grupos. Aquellas que todavía, casi un año después de que expirara el plazo que marca la ley, no han iniciado los trámites para crear ZBE; las que tienen más de 300.000 habitantes y las tramitan pero todavía no las han puesto en marcha y, en tercer lugar, aquellas cuyos ayuntamientos han anunciado que se revertirán ZBE que ya existían o estaban a punto de aprobarse.

Con estas acciones de oficio, el Defensor del Pueblo pedirá información a los ayuntamientos afectados acerca de por qué no han tramitado o puesto en marcha las zonas con tráfico restringido o por qué van a revertirlas. De su respuesta, determinará si cierra el procedimiento o insistir y pedir información adicional. El resultado final es la formulación de recomendaciones y otras resoluciones que, en este caso, se dirigirían a los ayuntamientos investigados para que, en este caso, pongan en marcha las ZBE o para recordarles que tienen un deber legal de hacerlo.

Sin planes o con retrasos

En el primer grupo figuran los ayuntamientos madrileños de Aranjuez, Arganda del Rey, Coslada, Tres Cantos y Valdemoro junto con Cerdanyola del Vallés (Barcelona), Arona, Granadilla de Arona y San Cristóbal de la Laguna (Tenerife), Telde (Gran Canaria), Barakaldo (Vizcaya), Calvià (Mallorca), Ferrol (A Coruña), Mijas (Málaga), Motril (Granada), Orihuela (Alicante) y Puerto de Santa María y Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

Los siete ayuntamientos de más de 300.000 habitantes apercibidos por no tener todavía en funcionamiento las ZBE, a pesar de estar tramitándose, son los de Málaga, Murcia, Palma, Las Palmas, Bilbao, Alicante y Córdoba. En este caso, todos los consistorios están gobernados por el PP, menos Las Palmas, donde la alcaldesa es la exministra de Sanidad, Carolina Darias, y Bilbao, gobernada por Juan María Aburto, del PNV.

Por último, el Defensor del Pueblo se atiene a las informaciones aparecidas en medios de comunicación sobre las intenciones de los alcaldes o los anuncios que ellos mismos han hecho a través de los medios para investigar a otros ocho ayuntamientos que "han suspendido o dado marcha atrás lo hecho hasta el momento".

Badalona, Elche o Valladolid, por deshacer

En este grupo hay una alcaldía con mayoría absoluta del PP, la de Xavier García Albiol en Badalona, que hace unos meses anunció que retrasaba hasta 2027 la zona de bajas emisiones y siete coaliciones PP-Vox que se formaron después de las elecciones municipales del 28 de mayo y sustituyeron en el gobierno municipal a alcaldes del PSOE. Son los ayuntamientos de Valencia, Gijón, Valladolid, Castellón de la Plana, Lorca y Elche, donde también fue sonada una de las primeras medidas de su nueva corporación municipal, empezar a desmantelar el carril bici.

En uno solo de estos casos, en Majadahonda, una alcaldesa del PP sucedió a otro edil del mismo partido, en ambos casos apoyados por Vox.

Otras advertencias

La investigación del Defensor del Pueblo sobre ciudades que no han restringido todavía el tráfico como les obliga la ley es la última llamada de atención ante el incumplimiento mayoritario, de todo signo político, de la norma que se confirmó hace casi un año, cuando terminó el plazo del enero de 2023.

Ante un año de elecciones municipales, la estrategia que desplegó entonces el Ministerio de Transición Ecológica fue la de estudiar caso por caso cada incumplimiento, descartando siempre las sanciones en una norma que, por otra parte, no tiene un régimen sancionador concreto por no poner zonas de bajas emisiones. La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, ratificó esta postura en julio cuando, en su lugar, optó por dar información a los ciudadanos de lo que hacían -y, sobre todo, no hacían sus alcaldes- para mantener niveles aceptables de calidad del aire en sus ciudades. 

El tono se endureció, sin embargo, cuando García Albiol verbalizó lo que ya se llevaba meses viendo en algunas coaliciones municipales PP-Vox surgidas de las urnas en mayo, su intención de retrasar hasta 2027 las restricciones al tráfico. En otros casos, como los que investiga ahora Gabilondo, se modificaban o revertían proyectos ya en marcha o a punto de ponerse en marcha. Uno de esos casos es el de Valladolid, cuyo anterior alcalde es hoy ministro de Transportes, responsable de la otra 'pata' de la normativa sobre las zonas de bajas emisiones, del reparto de millonarias ayudas europeas para ponerlas en marcha. Tanto Ribera como la secretaria general de Transportes, María José Rallo, llevaban semanas advirtiendo de que los alcaldes que a final de 2024 no tengan activas las ZBE y otras medidas subvencionadas con estos fondos deberán devolverlos. En su toma de posesión como ministro hace unas semanas, Óscar Puente, exigiendo la colaboración de los alcaldes en para "transitar hacia una movilidad sostenible, sana y segura".