Con la investidura de Pedro Sánchez, la formación del Gobierno y la apertura solemne de las Cortes de este miércoles, la legislatura ha echado oficialmente a andar. Y, apenas una semana después de que tuviera lugar el primer Consejo de Ministros, la coalición que forman PSOE y Sumar ya ha comenzado a evidenciar sus diferencias en materia económica a raíz de la reforma de los subsidios de desempleo, los que cobran aquellos parados que han agotado su prestación contributiva, que es una de las primeras medidas que el Ejecutivo aspira a poner en marcha en este mandato.
Las protagonistas de este primer choque son las mismas que ya mantuvieron varios enfrentamientos la pasada legislatura: las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz, que representan las posiciones más alejadas en política económica dentro del Gobierno. El desencuentro lleva tiempo cociéndose internamente, si bien se hizo público este miércoles, cuando Díaz, preguntada por los periodistas antes de entrar al acto de apertura solemne de la legislatura en el Congreso, abandonó su habitual mutismo sobre las discrepancias en el Ejecutivo y recordó que la reforma del sistema de subsidios por desempleo es "competencia del Ministerio de Trabajo". Es decir, suya y no de Calviño.
La polémica ha saltado al foco público después de que el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, planteara hace unos días que la reforma del subsidio para desempleados de larga duración buscará "potenciar" el compromiso de estas personas a la hora de buscar y aceptar un empleo. Esas palabras, en la práctica, supondrían —según han publicado medios como El País— una reforma de la actual subvención de 480 euros mensuales por la cual esta cantidad sería superior al inicio de su cobro, pero iría decreciendo a medida que pasaran los meses con el objetivo de presionar al perceptor para conseguir un empleo.
Según la propuesta filtrada por el Ministerio de Economía, la cuantía máxima total de la ayuda —que es de 2.880 euros— no cambiaría, sino que simplemente estaría distribuida de manera desigual en los seis meses que, como tope, pueden cobrarla sus beneficiarios. Pero la idea no ha gustado nada a CCOO y UGT, que el martes levantaron la voz contra una posible reforma del subsidio no contributivo de desempleo en esta dirección y señalaron en un comunicado conjunto que las declaraciones del secretario de Estado de Economía "generan sorpresa cuando no se ha trasladado propuesta alguna a los interlocutores sociales y no se corresponden con la reforma de la protección asistencial por desempleo que necesitamos".
"Durante la pasada legislatura, el Ministerio de Trabajo anunció la reformulación del sistema de protección por desempleo en su fase asistencial, con cambios en el subsidio de desempleo, simplificando su estructura y facilitando los criterios de acceso para llegar a más beneficiarios y ampliar la cobertura", pero "las declaraciones del secretario de Estado de Economía señalan que la prioridad de la reforma del nivel asistencial no es la mejora de las condiciones y acceso a estas prestaciones, sino que ponen en duda la honradez de las personas beneficiarias de los subsidios por desempleo", denunciaron CCOO y UGT.
Díaz decidió sumarse a estas críticas al modelo planteado por Economía un día después que los sindicatos. Y lo hizo mostrando su "absoluta disconformidad" con las declaraciones de García Andrés y garantizando "a los trabajadores de nuestro país" que su Vicepresidencia "no va a propiciar ningún recorte en materia de subsidio por desempleo". "Muy al revés, la reforma legislativa que hemos planteado tiene que ver con ganar derechos, tiene que ver con la ampliación de las subjetividades en el subsidio por desempleo" y con "mejorar la calidad de la prestación" y "eliminar aspectos burocráticos que lo empeoran".
Los acuerdos, del lado de Díaz
En líneas generales, el Ministerio de Trabajo plantea ampliar la cobertura de las ayudas a menores de 45 años que no tengan cargas familiares, simplificar el acceso o eliminar el periodo de espera en un mes para cobrarlo, según señalan fuentes del propio departamento. Además, la propuesta de Díaz busca también que sea más fácil compatibilizar la ayuda con la incorporación al mercado de trabajo durante el primer mes y que las revisiones de los expedientes sean trimestrales, según señalan las citadas fuentes.
La vicepresidenta segunda, para apoyar su modelo frente al de Calviño, quiso tirar de papeles y recordó este miércoles que "el Gobierno de España ha suscrito un acuerdo que recoge esta reforma" en los términos en los que la plantea Trabajo. Lo que dice Díaz es cierto: aunque el pacto PSOE-Sumar no es demasiado concreto al respecto, sí establece que el Ejecutivo simplificará y mejorará "el nivel asistencial por desempleo, facilitando el acceso, la compatibilidad con el trabajo, dotándolo de las prestaciones suficientes y reforzando los incentivos al empleo".
También está de parte de la vicepresidenta segunda el acuerdo suscrito entre España y la UE para el desembolso de los fondos europeos de recuperación. En dicho pacto se recoge "la reforma del Real Decreto Legislativo 8/2015 se refiere a la regulación del subsidio no contributivo por desempleo", y se apunta que los objetivos de dicha reforma serán "ampliar la protección por desempleo", "simplificar el sistema", "vincular la prestación a un itinerario personalizado de empleo" y "facilitar la transición hacia la protección social cuando la persona beneficiaria no se reincorpore al mercado laboral y se encuentre en situación de vulnerabilidad". No se dice nada, por tanto, de modificar la prestación para que decrezca según pasen los meses.
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