"No hemos conseguido en esta parte del acuerdo todo lo que nos hubiera gustado, hubiéramos sido mas ambiciosas, pero hemos conseguido mucho", aseguraba el martes la líder de Sumar, Yolanda Díaz, en relación al pacto con el PSOE que había firmado y presentado unas horas antes. Ese texto debe ser el programa en el que apoye su acción de Gobierno el futuro Ejecutivo de Pedro Sánchez, si llega a conformarse. Y, en dicho documento, Sumar ha conseguido introducir medidas que llevaba mucho tiempo planteando, como la reducción de la jornada laboral, aunque se ha dejado otras por el camino, como su propuesta de establecer una "herencia universal" de 20.000 euros para todos los ciudadanos que cumplieran la mayoría de edad.

Lo que sí ha entrado

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  La reducción de la jornada

  Ha sido el planteamiento estrella de Sumar en estas negociaciones y el último escollo que las alargó hasta la madrugada del martes. La coalición de Díaz planteaba reducir la jornada a 37,5 horas ya el año que viene e implantar la jornada de cuatro días laborables (32 horas semanales) para el final de la legislatura. No obstante, lo acordado es más modesto: en 2024, la jornada se reducirá a 38,5 horas semanales, y se alcanzarán las 37,5 horas al año siguiente. A partir de ahí, se abrirá una mesa con sindicatos y patronal para estudiar nuevas rebajas, aunque no hay más compromisos al respecto.
• 2

  

  Los impuestos a banca y energéticas, permanentes

  El programa electoral de Sumar se comprometía a mantener "los impuestos extraordinarios sobre las empresas energéticas y financieras mientras se aprueba e implementa completamente la reforma integral del impuesto de
  sociedades". Y, a priori, el Gobierno llevará estos gravámenes más allá de 2024, que es cuando vencen: el pacto PSOE-Sumar apuesta por "mantenerlos una vez que expire su periodo de aplicación actual", para lo cual será necesario "readaptarlos". El texto establece la necesidad de "revisar" ambos impuestos, si bien fuentes de la negociación aseguran que esa precisión se refiere a eliminar su carácter temporal y no a cambiar su capacidad recaudatoria.
  
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  Multiplicar por 4 los impuestos a las grandes multinacionales

  Una de las medidas más importante a nivel fiscal de las que contiene el pacto de coalición es una que Sumar incluía en su programa: la reforma de la norma por la cual ninguna empresa puede pagar menos de un 15% en el impuesto de sociedades —aprobada la pasada legislatura— para que se aplique sobre el resultado contable de las empresas y no sobre su base imponible, como hasta ahora. En la práctica, aplicar este tipo mínimo afectará solo a las empresas de más de 250 trabajadores (que solo pagan un 6,5% de sus beneficios al año) y, especialmente, a las que cuentan con más de 5.000 empleados (en las que esa cifra se reduce al 3,6%). Por tanto, esto supondría multiplicar por más de cuatro la cuantía del impuesto de sociedades que pagan las multinacionales.
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  Permisos de maternidad y paternidad de 20 semanas

  El acuerdo también incluye una medida que reivindicó sin éxito durante la pasada legislatura Unidas Podemos: la ampliación de los permisos de paternidad y maternidad a 20 semanas, desde las 16 actuales. Sumar ha logrado vencer la negativa del PSOE a esta ampliación, aunque el texto no ofrece ningún detalle sobre, por ejemplo, si este incremento se aprobará de golpe o de manera gradual, y se limita a señalar que se establecerá "mayor flexibilidad con el trabajo a tiempo parcial desde la semana 16".
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  Dentista, óptico y psicólogo públicos
  

  Entre las medidas para la sanidad se incluye una que Sumar y, antes, Unidas Podemos llevan años planteando: la ampliación de "la cartera de servicios y prestaciones de la sanidad pública" para ofrecer en el Sistema Nacional de Salud servicios de "salud bucodental, salud visual" y "salud mental". "En concreto, garantizaremos el derecho a la salud de todos los niños, niñas y adolescentes mediante el acceso a servicios de atención a la salud bucodental y la salud mental, y audífonos", concreta el acuerdo. De nuevo, no hay plazos para aplicar esta medida, cuya aplicación en la práctica dependerá, además, del empeño que pongan las comunidades autónomas en surtir de estos servicios en sus sistemas sanitarios.
  

Lo que se ha quedado fuera

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  La herencia universal de 20.000 euros

  Una de las propuestas más polémicas de la campaña electoral y el programa de Sumar era la herencia universal, una medida por la cual se entregaría a todos los ciudadanos que cumplieran 23 años un cheque de 20.000 euros para "seguir formándose, iniciar su andadura profesional e independizarse". En el acuerdo de coalición no figura ninguna mención a esta iniciativa, y fuentes conocedoras del contenido de la negociación aseguran que el PSOE ni siquiera quiso ponerla sobre la mesa durante las conversaciones.
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  La limitación de precios de los productos básicos

  Yolanda Díaz lleva meses defendiendo la necesidad de "establecer una cesta de la compra básica a precios asequibles, variada y de calidad, que permita el acceso de todas las familias a bienes esenciales y, a la vez, contribuya al objetivo de contención de la inflación", tal y como reza el programa electoral de Sumar. La líder de la alianza ha llegado a plantea la posibilidad de establecer límites de precios, una opción que está contemplada en la ley de comercio minorista. Pero el PSOE ha rechazado tajantemente esta opción, y también que el pacto de coalición contemple la puesta en marcha de una mesa con las grandes empresas del sector para, al menos, acordar una rebaja pactada de precios en algunos productos.
  
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  El bono de 1.000 euros para familias hipotecadas

  Tampoco hay ni rastro en el acuerdo entre PSOE y Sumar de otra de las medidas estrella de Díaz en campaña: la puesta en marcha de una ayuda de 1.000 euros en un pago único para ayudar a las familias con hipotecas de tipo variable a costear el aumento de las cuotas. El programa de Sumar planteaba un bono destinado "a los hogares que se hipotecaron a tipo variable en los últimos diez años por un importe de hasta 250.000€, y precio de compra de hasta 300.000€", pero los socialistas han rechazado la propuesta.
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  Aumentar el papel del Estado en la regulación de precios del alquiler

  Una de las grandes trabas de la ley de vivienda aprobada a principios de este año es que su medida estrella, la regulación de precios del alquiler, únicamente pueden aplicarla las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias para hacerlo. El programa de Sumar buscaba que el Estado tuviera instrumentos para incrementar la presión sobre estas administraciones habilitando al Gobierno "a instar a la comunidad autónoma que no lo haya hecho a declarar zona de mercado tensionado" en sus territorios, el primer paso para regular precios. Pero el pacto con el PSOE únicamente recoge un compromiso que, en realidad, se limita a prometer que el Ministerio de Transportes cumplirá la ley: el de definir "con carácter inmediato el índice de precios de referencia que permita identificar los municipios y distritos que se consideran zonas tensionadas para impulsar la puesta en marcha de la regulación de los precios de los alquileres". La decisión de limitar o no, no obstante, seguirá en manos de las comunidades.
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  El despido restaurativo, muy inconcreto

  A diferencia de lo que ocurre con otras medidas, en el acuerdo entre PSOE y Sumar sí se hace una referencia a una de las medidas que más ha peleado Díaz, el despido restaurativo, una reforma cuyo objetivo sería que la indemnización por despido se calculara teniendo en cuenta el perjuicio ocasionado al trabajador despedido por su edad, su género o su situación social. No obstante, la mención es enormemente ambigua: si el programa de Sumar quería reconocer expresamente "el derecho a una indemnización adicional que compense efectivamente el daño causado
  en atención a las circunstancias del despido y a la capacidad económica de la empresa", el pacto con el PSOE únicamente plantea la necesidad de "establecer garantías para las personas trabajadoras frente al despido, dando cumplimiento a la Carta Social Europea y reforzando la causalidad en los supuestos de extinción de la relación laboral", una enunciación mucho más genérica.

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