El Gobierno cederá al País Vasco la gestión de la Seguridad Social. Así lo han pactado el PSOE y el PNV para sellar el apoyo de la formación vasca a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, que contará con una mayoría absoluta de 179 diputados tras recibir también el apoyo de Coalición Canaria. Según ha avanzado el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, los 'jetzales' han logrado blindar "la transferencia de todas las competencias históricas". Entre otros y según viene marcado en el Estatuto de Gernika, el régimen económico de la Seguridad Social, que se negociará en una mesa con el Gobierno para que la transferencia se realice en dos años. También hablarán del reconocimiento "nacional" de Euskadi.
El PSOE sigue dando absoluta prioridad al PNV. En negociaciones así los gestos importan. Y el acuerdo con los 'jetzales' ha sido el único que ha rubricado el propio Sánchez, además de hacerlo después de recibir ayer el 'sí' de Puigdemont, que se aventuraba como el más difícil. En el acuerdo, de 10 hojas, el Gobierno "se compromete" a proceder "en los dos primeros años de legislatura" a la "negociación y a efectuar los traspasos correspondientes de las materias pendientes de transferencia según el listado acordado por los Gobiernos español y vasco". No se menciona de manera expresa el régimen económico de la Seguridad Social, pero es una de las principales peticiones de los 'jetzales'.
No obstante, fuentes del PSOE rebajaron minutos después de la firma del pacto la urgencia de esta transferencia al País Vasco, e incluso llegaron a poner en duda que se vaya a realizar. Según recordó un prominente dirigente socialista, ejecutar todas las transferencias de competencias que quedan pendientes de las que están aprobadas en el Estatuto vasco es una promesa habitual en los pactos con el PNV, pero la realidad es que hay algunas, como es precisamente la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, que llevan años bloqueadas.
Sin embargo, Ortuzar ha insistido en que el acuerdo garantiza el "traspaso efectivo" al País Vasco de todas las transferencias pendientes en el Estatuto de Gernika, que declara al País Vasco competente de la gestión del régimen económico. "En materia de Seguridad Social, corresponderá al País Vasco la gestión del régimen económico de la Seguridad Social", según dicta el artículo 18. También existe una sentencia del Tribunal Constitucional reconoce su derecho a gestionar los fondos de la Seguridad Social, con casi 10.000 millones en pago de pensiones.
Para ello, se creará una comisión bilateral permanente entre el Gobierno español y el Gobierno vasco que en dos años deberá culminar este traspaso. Además, se priorizan otros que deberán acometerse en tres meses como, por ejemplo, en materia de "homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros". "El acuerdo recoge también reivindicaciones históricas del PNV en distintos ámbitos, por ejemplo, en el marco vasco de relaciones laborales, con el compromiso de la prelación de los convenios en el ámbito de la comunidad autónoma vasca", ha añadido Ortuzar, que también ha mencionado que se amplía el Concierto Económico con la concertación de nuevos impuestos y en el ámbito de la seguridad "se refuerzan las competencias de la Ertzaintza, la policía vasca".
"Es un acuerdo bueno porque hay un nítido avance en el cumplimiento del autogobierno presente, del Estatuto de Guernica, y se sientan las bases para negociar también el autogobierno futuro", ha comentado el líder del PNV, que también ha afirmado que en la futura negociación con el Gobierno se hablará sobre la posibilidad del "reconocimiento nacional" del País Vasco. "El reconocimiento de un Estado plurinacional y de Euskadi dentro de ese marco", ha apuntado. La literalidad del acuerdo es la siguiente: "El reconocimiento nacional de Euskadi, la salvaguarda de las competencias vascas y un sistema de garantías basado en la bilateralidad y la foralidad serán ámbitos a dialogar y negociar entre ambos partidos".
Sánchez amarra también el apoyo de CC
El del PNV no ha sido el único acuerdo que ha logrado cerrar este viernes el PSOE. También lo consiguió con Coalición Canaria, que anunció su 'sí' a la investidura de Sánchez a cambio de varias promesas en materia, fundamentalmente, económica para Canarias. Con el apoyo de la formación nacionalista, Sánchez recibirá en primera votación una mayoría absoluta de 179 diputados, la cifra más alta desde los 180 'síes' que recibió Mariano Rajoy en su investidura en 2011, cuando el PP tenía la mayoría de la Cámara Baja.
Con su acuerdo con el PSOE, Coalición Canaria, que gobierna en coalición con el PP en las islas, completa un viaje que comenzó hace tres meses, cuando la formación estaba completamente cerrada a poder investir a Sánchez como presidente. Con el paso de las semanas, el partido fue planteándose la posibilidad de una abstención, y finalmente su voto será favorable al candidato socialista después de que Sánchez haya aceptado lo que llaman la "agenda canaria" y haya suscrito un pacto en el que figura expresamente que Coalición Canaria no estará obligada en ningún caso a votar a favor de "ningún texto legislativo que se tramitara en las Cortes Generales referido a una amnistía".
A lo que sí se compromete la formación nacionalista es a apoyar los proyectos de Presupuestos Generales del Estado que presente el Gobierno para los años 2024, 2025 y 2026, así como a "negociar y aprobar todos los decretos-leyes que, por razones de urgente necesidad, se aprueben" por parte del Ejecutivo. A cambio, Sánchez se compromete a transferir inmediatamente al Gobierno autonómico canario los 100 millones de euros ya pactados en las cuentas de este año 2023 para el plan de recuperación de la isla de La Palma.
También relativo a esa isla, aún muy afectada por los daños producidos por la erupción volcánica de 2021, es el compromiso de ampliar hasta el año 2027 la bonificación del 60% en el IRPF que deben pagar los habitantes de La Palma. En materia de ayudas, el acuerdo entre PSOE y Coalición Canaria incluye también la consolidación de "la bonificación del 75% en el transporte aéreo y marítimo para residentes en Canarias" y la extensión más allá del 31 de diciembre del "100% de la bonificación para guaguas y tranvías", al estilo de lo que ocurrirá con la gratuidad de la red de Cercanías en la península.
Los compromisos a nivel migratorio son más inconcretos. El acuerdo recoge, por ejemplo, la necesidad de "iniciar el proceso que culmine en las modificaciones normativas necesarias" para que "las competencias de menores extranjeros no acompañados no sean responsabilidad exclusiva de las comunidades a las que llegan". Asimismo, PSOE y Coalición Canaria acuerdan que el Gobierno promueva en la UE "una mayor coordinación entre las políticas de los Estados miembros, entre ellas el rescate de personas inmigrantes en el mar".
Comentarios