El PSOE y Sumar anunciaron este martes su acuerdo programático para formar un Gobierno de coalición progresista en caso de que el jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, consiga su investidura como presidente del Gobierno. El texto, que llevaba tres meses negociándose, fue presentado por Sánchez y Yolanda Díaz en un acto público en el que definieron su pacto como el que les permitirá continuar "cuatro años más" compartiendo Consejo de Ministros. Estas son sus principales medidas:
1. Reducción de la jornada laboral
Sin duda, la medida estrella del acuerdo es la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales que ha propuesto Sumar y que finalmente, no sin recelos, ha aceptado el PSOE. La medida, no obstante, se tomará de manera escalonada: en 2024, la jornada se reducirá tan solo hora y media, hasta las 38,5 horas a la semana o 7 horas y 42 minutos diarios, y no será hasta 2025 cuando el tiempo máximo de trabajo diario será de hora y media, lo que en términos semanales son 37,5 horas.
A partir de ese año, fija el acuerdo, "se constituirá una mesa con los interlocutores sociales que evalúe los resultados de la reducción y siga avanzando en la disminución de la jornada legal teniendo en cuenta las características de los distintos sectores de actividad, la evolución de la productividad y las circunstancias económicas". La propuesta última de Sumar, la semana laboral de cuatro días o 32 horas semanales, no figura expresamente en el pacto.
2. La reforma del despido
Mucho menos concreta es la mención a la reforma del despido, otro de los planteamientos que introdujo Díaz en la negociación. Sumar buscaba establecer un sistema por el cual la indemnización por despido se calcularía teniendo en cuenta el perjuicio ocasionado al trabajador despedido por su edad, su género o su situación social, una medida que, según fuentes de la alianza, hubiera supuesto en la práctica un encarecimiento del despido para desincentivarlo. No obstante, el acuerdo únicamente plantea la necesidad de "establecer garantías para las personas trabajadoras frente al despido, dando cumplimiento a la Carta Social Europea y reforzando la causalidad en los supuestos de extinción de la relación laboral", una enunciación mucho más genérica.
3. Subida del salario mínimo
Lo que sí parece más claro es que el futuro Gobierno, si lo hay, mantendrá la senda de subidas del salario mínimo de los últimos años. En concreto, se establece que el indicador, que actualmente se sitúa en 1.080 euros brutos en 14 pagas, "seguirá creciendo a lo largo de la legislatura para asegurar su poder adquisitivo". Y, además, el acuerdo especifica que en el próximo mandato se modificará el Estatuto de los Trabajadores para vincular este indicador al sueldo promedio español y así convertir en obligatorio que aumente anualmente "acompasado al 60% del salario medio".
4. "Plan de choque" para parados mayores
El texto incluye, asimismo, el compromiso de poner en marcha "un plan de choque frente al paro de larga duración, atendiendo especialmente a los mayores de 45 años". "Se desplegarán los servicios garantizados por la Ley de Empleo para que las personas en desempleo de larga duración cuenten con un perfil individualizado a lo largo del año 2024 que les permita acceder a oportunidades de empleo, emprendimiento o formación", apuntan PSOE y Sumar.
5. Compra y construcción de pisos públicos
Uno de los elementos del acuerdo que más han resaltado Sánchez y Díaz ha sido el compromiso de crear, a largo plazo, un parque público de viviendas que equivalga al 20% del total de pisos en España. Para ello, el texto establece que "el parque de vivienda pública se constituirá mediante mecanismos de compra o alquiler de viviendas existentes, con viviendas de nueva construcción y movilizando la vivienda vacía", y concreta que, "para dicho objetivo, se contará también con la vivienda que actualmente es propiedad de la Sareb", la entidad pública que asumió muchos de los inmuebles que embargaron los bancos por los impagos hipotecarios de la crisis de 2008. De ellas, solo el 15% están en capitales de provincia, y no todos los inmuebles de la Sareb se encuentran en condiciones para ser habitados.
6. Impulso al tope de precios del alquiler
En materia de vivienda, PSOE y Sumar también ponen la lupa en el alquiler y aseguran que "se definirá con carácter inmediato el índice de precios de referencia que permita identificar los municipios y distritos que se consideran zonas tensionadas, para impulsar la puesta en marcha de la regulación de los precios de los alquileres". Esta medida, en realidad, no es nueva: únicamente consiste en que el Ministerio de Transportes cumpla conforme a la ley de vivienda aprobada hace unos meses. La regulación o no de los precios del alquiler, no obstante, seguirá en manos de ayuntamientos y comunidades autónomas, que son las administraciones que tienen las competencias para aplicar la norma estatal.
7. Atención a los alojamientos turísticos
Otra de las grandes reivindicaciones de Sumar de los últimos días, que en el acuerdo de coalición se incluyera una reforma de la ley de vivienda para incluir en ella limitaciones a los alojamientos turísticos —que suponen un serio problema en algunas localidades—, también ha quedado en un pronunciamiento muy poco concreto. El acuerdo se limita a señalar que el Gobierno "revisará la regulación de los alojamientos turísticos en zonas de mercado tensionadas", pero no detalla qué medidas se tomarán al respecto.
8. Más personas incluidas en el alivio de las hipotecas
El acuerdo no plantea la posibilidad de poner en marcha nuevas medidas para aliviar a las familias afectadas por la subida de los tipos de interés de sus hipotecas, pese a que Díaz ha criticado en los últimos meses que las iniciativas aprobadas por el Gobierno se quedan cortas. Sin embargo, sí se propone ampliar "hasta la renta media (37.800 euros [anuales por hogar]) el umbral para acceder a las medidas de apoyo a los afectados", que básicamente son dos: la ampliación del periodo de devolución del crédito hasta un máximo de siete años y la congelación de la cuota hasta por un año. Estas medidas, no obstante, dependen de que los bancos las concedan, algo a lo que no están obligados.
9. El bono joven de alquiler, permanente
Más concreta es la intención de convertir en estructural el bono joven de 250 euros al mes para alquileres que cuesten hasta 900 euros. La idea es que esa ayuda, que pueden cobrar los ciudadanos de hasta 35 años, "se convierta en una medida a largo plazo, ampliando la financiación para llegar a toda la población joven".
10. Subvenciones al transporte extendidas hasta 2024... y después, recortadas
"Mantendremos para todos los ciudadanos la reducción del precio de los abonos de transporte durante 2024", plantea igualmente el acuerdo. Más allá de ese año, las ayudas que ahora mismo son generales se convertirán en subvenciones para "determinados colectivos", no se aclara cuáles, "con la cofinanciación de las comunidades autónomas y la administración local.
11. "Reducción" de los vuelos internos
En el ámbito del transporte, PSOE y Sumar también se comprometen a una medida destinada a reducir el daño medioambiental: la puesta en marcha de limitaciones a los vuelos con salida y destino dentro de España. En concreto, ambas formaciones apuestan por "la reducción de los vuelos domésticos en aquellas rutas en las que exista una alternativa ferroviaria con una duración menor de dos horas y media", una cifra que salvaría el puente aéreo Madrid-Barcelona, conectado por AVE en unas dos horas y 45 minutos.
Fuentes de Sumar, no obstante, consideran que este puente aéreo entre las dos principales capitales de España sí entraría dentro del ámbito de las limitaciones. Por el contrario, habría una importante excepción: no estarán limitados los vuelos internos que sirvan como conexión para enlazar "con rutas internacionales", para evitar que se dificulten las escalas y así no perjudicar la posición de España como punto de conexión de viajes a nivel mundial.
12. Más ambición en la reducción de emisiones
"Revisaremos los compromisos climáticos marcados en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética para aumentar su ambición", apunta además el acuerdo PSOE-Sumar en el ámbito medioambiental. Eso se traduce en que se "trabajará" para alcanzar en el año 2030 el objetivo de que el 48% de la energía utilizada sea renovable, una cifra que debería ascender al 81% en lo relativo a la energía utilizada para generar electricidad. Asimismo, se plantea la necesidad de "presentar emisiones netas nulas en 2050".
13. Una reforma fiscal completa, pero abierta a la negociación
El acuerdo, como ya hacía el firmado por PSOE y Unidas Podemos en 2019, plantea el compromiso de impulsar "una reforma global del sistema fiscal español para mejorar su progresividad y acortar la brecha de ingresos sobre el PIB respecto a la media europea al final de la legislatura". No obstante, los socialistas siempre han bloqueado la puesta en marcha de esta reforma, y en el acuerdo tampoco existe demasiada concreción, más allá de que se planteará "la mejora de la progresividad en el IRPF, un trato más igualitario de la tributación de las rentas del capital y del trabajo en este impuesto" y "una mejora de la fiscalidad de autónomos y pymes".
14. Multiplicar por 4 el impuesto a las multinacionales
Dentro de este ámbito fiscal, no obstante, el acuerdo sí recoge algunos puntos concretos. El más potente, por su capacidad recaudatoria —10.000 millones de euros, según fuentes de la negociación— es la puesta en marcha de un suelo en el impuesto de sociedades (el que pagan todas las empresas por los beneficios obtenidos) que evite que ninguna compañía pueda tributar menos de un 15% de sus ganancias anuales.
En la práctica, esta medida solo afectará a las grandes empresas y especialmente a las multinacionales. Según datos de la Agencia Tributaria correspondientes a 2020, de media, las sociedades de más de 250 trabajadores únicamente pagan un 6,5% de sus beneficios al año, y esa cifra se reduce al 3,6% en el caso de las empresas más potentes, las que cuentan con más de 5.000 empleados. Por tanto, elevar la tributación de esas compañías más grandes al 15% supondría mutiplicarla por más de cuatro. Y no serían pocas las empresas afectadas: la mitad de las grandes multinacionales españolas tributan por debajo del 15% efectivo en el impuesto de sociedades.
El Gobierno ya aprobó el establecimiento de este suelo de tributación hace un par de años. Pero, pese a la oposición de Unidas Podemos, el Ministerio de Hacienda estableció que ese mínimo se calculara sobre la base imponible del impuesto y no sobre el resultado contable de la empresa, lo cual redujo enormemente su poder recaudatorio. Precisamente a lo que se comprometen PSOE y Sumar ahora es a tapar ese agujero: según el texto, la reforma "asegurará que se alcanza el 15% efectivo de tributación sobre el resultado contable de las grandes empresas".
15. Impuestos a banca y energéticas permanentes
Otra de las concreciones más importantes que se incluyen en el acuerdo en materia fiscal es la relativa a los impuestos a los beneficios extraordinarios de la banca y las empresas energéticas aprobados el año pasado. Estos gravámenes tienen una vigencia temporal y solo estarán activos hasta el 31 de diciembre de 2024. Pero el pacto apuesta por "mantenerlos una vez que expire su periodo de aplicación actual", para lo cual será necesario "readaptarlos". El texto establece la necesidad de "revisar" ambos impuestos, si bien fuentes de la negociación aseguran que esa precisión se refiere a eliminar su carácter temporal y no a cambiar su capacidad recaudatoria.
16. Permisos de maternidad y paternidad de 20 semanas
El acuerdo de coalición incluye varias medidas en materia de familias, aunque la más señera es una que el PSOE se negó reiteradamente a poner en marcha durante la pasada legislatura: la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad a 20 semanas, desde las actuales 16. El texto no concreta si este incremento se aprobará de golpe o de manera gradual, y se limita a señalar que se establecerá "mayor flexibilidad con el trabajo a tiempo parcial desde la semana 16".
Más detalles se dan en lo relativo a otro permiso para padres ya aprobado, en este caso, hace unos meses: el que permite a los progenitores disfrutar de ocho semanas libres para cuidar a su hijo o hija hasta que tenga ocho años, un periodo que puede coger de una vez o distribuido en varias ocasiones. Durante estos primeros meses, ha sido obligatorio que las empresas otorguen ese permiso, pero sin remunerar al trabajador durante ese tiempo. Y lo que plantea el pacto es que el empleado tenga derecho a percibir su sueldo al menos durante cuatro semanas de las ocho a las que tiene derecho.
17. Educación garantizada desde los dos años
El acuerdo recoge la consabida apuesta por la educación de 0 a 3 años, un compromiso ya firmado en 2019. No obstante, la principal novedad es que PSOE y Sumar se comprometen a que, al final de la legislatura, "el acceso a la educación pública para niñas y niños de 2 años será universal". Y eso significa, según fuentes de la negociación, que se intentará replicar el modelo vasco, por el cual los padres tendrán derecho a llevar a sus hijos al colegio a partir de los dos años y los centros deberán obligatoriamente conformar grupos de esa edad para escolarizarlos.
18. Dentista, óptico y psicólogo públicos
Entre las medidas para la sanidad se incluye una que Sumar y, antes, Unidas Podemos llevan años planteando: la ampliación de "la cartera de servicios y prestaciones de la sanidad pública" para ofrecer en el Sistema Nacional de Salud servicios de "salud bucodental, salud visual" y "salud mental". "En concreto, garantizaremos el derecho a la salud de todos los niños, niñas y adolescentes mediante el acceso a servicios de atención a la salud bucodental y la salud mental, y audífonos", concreta el acuerdo.
19. Aumento de las pensiones no contributivas por encima de la inflación
PSOE y Sumar se comprometen a seguir "aumentando durante la legislatura las pensiones mínimas y no contributivas por encima de la revalorización de las pensiones contributivas". Estas últimas, las que se cobran tras haber cotizado antes de la jubilación, se revalorizan anualmente con el IPC gracias a la reforma legal aprobada por el Gobierno la pasada legislatura, lo que significa que las pensiones no contributivas crecerán por encima de la inflación la próxima legislatura.
20. Derogación de la ley mordaza
El pacto publicado este martes vuelve a plantear la necesidad de modificar la ley de seguridad ciudadana aprobada en 2015 por el Gobierno de Mariano Rajoy —más conocida como ley mordaza— tras el fracaso de la pasada legislatura, en la que el intento de PSOE y Unidas Podemos fue bloqueado por ERC y EH Bildu, que consideraban insuficiente la propuesta socialista. "Garantizaremos el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica" e "introduciremos un sistema de sanciones restaurativas y reparadoras, que contemple la capacidad económica de los sancionados", plantea el texto.
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