La competición en la izquierda por abanderar medidas que amortigüen las dificultades para acceder a la vivienda llega a un sector que hasta ahora había quedado en un segundo plano: los pisos turísticos. Unidas Podemos anunció este lunes que está negociando con ERC y EH Bildu para presentar una enmienda a través de la cual forzar, el próximo jueves, una votación en el Congreso para que la nueva ley de vivienda permita limitar el número de viviendas turísticas en las zonas tensionadas. Y esa propuesta implicaría intervenir el mercado en capitales tan importantes como Barcelona, Valencia, Sevilla o Málaga, pero sobre todo en centros turísticos de primer orden como Marbella, Mijas, Chiclana de la Frontera, Torrevieja, Estepona o Benidorm.
En concreto, Unidas Podemos apuesta por establecer un tope en las zonas que se declaren como de mercado tensionado, algo que dependerá de las comunidades autónomas y que, con la nueva ley de vivienda, permitirá establecer límites de precios. El límite que plantean los morados afectaría a las plazas de pisos turísticos, cuya cuantía no podría superar el equivalente al 2% del número de habitantes de esa zona tensionada. Eso supondría, por poner un ejemplo, que en una área tensionada en la que hubiera 10.000 residentes no se podrían ofrecer más de 200 plazas en pisos de alquiler turístico.
En la mayor parte de las grandes capitales españolas, donde los problemas de acceso a la vivienda se han agravado sobremanera en los últimos años a causa del encarecimiento de los alquileres, el número de plazas en pisos turísticos supera ese 2% de la población total. Es el caso, por ejemplo, de Barcelona, donde según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE) residen 1,63 millones de personas y hay 36.115 plazas en viviendas de uso turístico: el equivalente al 2,21%. Lo mismo ocurre en València, donde el porcentaje asciende al 2,57%, y en Sevilla o San Sebastián, donde se eleva hasta el 3%.
No obstante, de las grandes capitales de provincia, las más afectadas son Cádiz, Granada, Málaga y Alicante, por ese orden. En la capital gaditana, por ejemplo, hay registradas 6.412 plazas en viviendas de uso turístico cuando la ciudad cuenta con poco más de 113.000 habitantes, lo que equivale nada menos que a un 5,67%. Para cumplir con la normativa que propone Unidas Podemos, por tanto, tendrían que suprimirse más de 4.100 de estas plazas. Y lo mismo ocurriría en Granada (5.600 plazas a eliminar de las 10.242 registradas), Málaga (tendrían que reducirse en 13.400 las plazas desde las actuales 25.043) o Alicante (casi 7.000 plazas turísticas sobrantes).
Por el contrario, el número de plazas en pisos turísticos ubicados en Madrid, Palma o Zaragoza no alcanza el 2% de su población total. Pero, tratándose de ciudades tan grandes, esa cifra no es representativa de las zonas más turísticas, y el mejor ejemplo es el de la capital, donde la situación en los barrios periféricos es radicalmente diferente a la que se vive en la almendra central. Siempre según datos del INE, barrios como Lavapiés o Malasaña tienen una elevada concentración de pisos turísticos, que en algunas secciones censales superan sobradamente el 10% del total de viviendas registradas.
Los núcleos costeros, los más afectados
No obstante, el problema más grave con el número de plazas de pisos turísticos en relación al número de residentes lo tienen buena parte de los principales destinos costeros de España. Uno de los más grandes, Marbella (Málaga), tiene una población de 150.725 habitantes y casi 35.000 plazas en viviendas de uso turístico, sin contar con su amplia oferta hotelera: el equivalente a nada menos que el 23,2% de todo su censo. Eso implica que, si el Ayuntamiento de Marbella considerase que toda su ciudad es una zona de mercado tensionado y aplicase la propuesta de Unidas Podemos, la localidad malagueña tendría que acabar con casi 32.000 de sus 35.000 plazas en viviendas de uso turístico: la que más en toda España.
Cifras muy similares se dan en el caso de Mijas, también en la Costa del Sol, donde de las 18.860 plazas en pisos turísticos sobrarían 17.070 para adecuarse al tope del 2% que propone Unidas Podemos. En Torrevieja (Alicante), por su parte, habría que eliminar casi 15.700 plazas de viviendas turísticas de las actuales 17.300. Y en situaciones similares se encuentran Estepona, Fuengirola, Torremolinos o Benalmádena (Málaga), Arona (Tenerife), Benidorm u Orihuela (Alicante) o San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria).
No obstante, los porcentajes incluso más llamativos de número de plazas en pisos turísticos en relación al número de residentes se dan en municipios de menos de 50.000 habitantes situados, igualmente, en destinos costeros de primera categoría. Por ejemplo, en Dénia (Alicante), hay censadas 43.900 personas, y el número de plazas de alquiler turístico asciende al equivalente al 40% de la población total: unas 17.600, de las que sobrarían 16.700 con la propuesta de Unidas Podemos. La cifra es aún más llamativa en La Oliva (Fuerteventura), con unos 28.000 habitantes y nada menos que 13.832 plazas de alquiler en pisos turísticos, lo que equivale prácticamente al 50% de su población.
Hay localidades en las que este índice que Unidas Podemos quiere limitar al 2% sobrepasa, incluso, el 50%, como Jávea (Alicante), con 28.731 residentes empadronados y nada menos que 16.641 plazas de viviendas turísticas que quedarían en poco menos de 600 si el ayuntamiento quisiera aplicar la propuesta de Unidas Podemos. En el también alicantino municipio de Calp se registran 15.932 plazas de arrendamiento turístico con poco más de 24.000 habitantes censados: el equivalente a más del 66% de la población total. Y hay lugares donde el número de plazas de alquiler turístico incluso sobrepasa al total de pobladores del municipio: es el caso de Pollença (Mallorca), donde están empadronadas 17.126 personas y hay 17.472 plazas en pisos destinados al arrendamiento a turistas.
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