El Gobierno anunció este domingo su intención de poner a disposición de las administraciones públicas hasta 50.000 inmuebles en poder de la Sareb —el conocido como "banco malo"— para que se destinen a alquileres asequibles y así contribuir a frenar los precios en las zonas más tensionadas. Sin embargo, todo apunta a que el efecto que tendrá esta medida será limitado: solo el 15% de la vivienda y el suelo que forma parte de la cartera de la Sareb está en capitales de provincia, las ciudades que, en líneas generales, más han sufrido el impacto de las fuertes subidas en los precios del arrendamiento.

Los últimos datos disponibles que proporciona la Sareb señalan que el organismo dispone de un total de 133.314 inmuebles. Sin embargo, de este patrimonio solo 46.542 son viviendas ya construidas y 24.619 suelos disponibles. El resto se reparte entre obra en curso (14.202 unidades) inmuebles anejos (como trasteros y garajes) y terciarios (inmuebles destinados a actividad económica y no vivienda). 

De esas 46.542 viviendas, solo 7.087 se sitúan en capitales de provincia. Una proporción similar a la de suelos públicos, que se sitúa en 3.650 de los 24.619 terrenos disponibles. El plan del Ejecutivo, que en principio se aprobará el próximo martes en Consejo de Ministros, pretende transferir 21.000 viviendas de la Sareb a municipios y autonomías, promover el alquiler social en otras 14.000 ya habitadas y construir otras 15.000 en suelos de la entidad pública, según trasladaron fuentes de Moncloa.

Si se analiza el impacto de la medida ciudad a ciudad, se observa cómo Madrid, con 1.189 viviendas inscritas, es la urbe con mayor incidencia del país. Tras ella aparecen Murcia (1.105 viviendas), Barcelona (767 viviendas) y, a mayor distancia, Girona (347) o Valladolid (335). Grandes urbes como Valencia (279 viviendas) o Sevilla (49) registran cifras más modestas.

No obstante, para medir el impacto que podría tener en el mercado del alquiler esta medida, hay que tener en cuenta el número de personas que residen en cada municipio. Con esta métrica, el impacto se diluye todavía más. Así, Girona (con 340 viviendas de la Sareb por cada 100.000 habitantes), Ávila (249) y Murcia (240) son las capitales de provincia donde mayor efecto tendría la entrada en el mercado de los pisos de la Sareb.

Mucho más lejos quedan las cuatro grandes urbes del país. En Barcelona, la Sareb dispone de 47 viviendas por cada 100.000 habitantes y apenas dos unidades de suelo. En Madrid, la proporción se reduce a 36 pisos y 3 suelos, mientras que en Valencia hay 35 viviendas y 17 terrenos por cada 100.000 residentes. Lejos queda Sevilla, donde apenas hay 7 viviendas y un suelo disponible por cada 100.000 habitantes.

Estos números son muy similares a los de otras ciudades donde los alquileres se han disparado considerablemente en los últimos años. Por ejemplo, en Palma de Mallorca apenas hay 24 viviendas de la Sareb por cada 100.000 habitantes, una proporción que se reduce a 21 en Las Palmas de Gran Canaria, a 18 en Málaga y a dos y tres en Bilbao y San Sebastián respectivamente.

Reparto territorial desigual

Además, el reparto del patrimonio de la Sareb es bastante desigual por territorios. La mitad de la vivienda en su propiedad se sitúa en Cataluña (13.499 viviendas) y Comunidad Valenciana (8.897). Tras estas dos autonomías, aparecen Andalucía (4.544), Castilla-La Mancha, (3.710) Murcia (3.485), Castilla y León (2.803), Madrid (2.709), Galicia (1.830), Aragón (1.323), Cantabria (962), Canarias (831), La Rioja (519), Extremadura (500), Baleares (447) y Asturias (395). Además, los territorios con hacienda propia —País Vasco y Navarra— apenas cuentan con 53 y 43 viviendas cada uno. 

A nivel provincial, Barcelona (con 6.997 viviendas), Valencia (4.045), Murcia (3.485) y Castellón (3.051) son las que más vivienda de la Sareb concentran en su territorio. La provincia de Madrid cuenta con 2.709 viviendas y Sevilla, apenas con 474.

Once años de activos tóxicos

La Sareb —Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria— se constituyó en 2012. La entidad asumió los activos tóxicos de los bancos y cajas que fueron rescatados para sanear sus balances y que estas obtuvieran liquidez. Se diseñó mano a mano con las autoridades europeas y adquirió casi 200.000 activos problemáticos entre 2012 y 2013, lo que supuso un desembolso de 50.781 millones financiados en deuda avalada por el Estado. Su misión era deshacerse de estos activos sacando la mayor rentabilidad posible en las operaciones. En enero del año pasado, el Estado tomó el control de esta institución y asumió los 35.000 millones de su deuda. 

De hecho, el organismo lleva vendiendo vivienda para fines sociales a las administraciones públicas desde 2019. En 2020 contaba ya con 10.000 viviendas sociales en su balance y en 2021 acordó con el Gobierno movilizar hasta 15.000 viviendas para uso social. El empleo de los activos de la Sareb como vivienda pública es, además, una vieja reivindicación de Unidas Podemos, que lleva años demandando que se empleen sus viviendas para alquileres sociales.