La Guardia Civil ha intervenido más de 34.000 kilos de alimentos no aptos para el consumo con destino a España y Portugal, tras una serie de inspecciones realizadas en las provincias de Alicante, Madrid y Málaga. Algunos productos presentaban una manipulación en las fechas de consumo preferente, otros con fechas de caducidad superadas y otros en mal estado.
En esta operación, denominada 'Mahala', contra la falsificación, venta, etiquetado, comercio, distribución ilegal o adulterado de productos alimenticios y fraude económico, se ha investigado al responsable de una sociedad y denunciado a otra persona por un delito de fraude alimentario, relativo al mercado y los consumidores, informa el instituto armado.
El 23 de mayo, la Patrulla de Protección de la Naturaleza de Alicante (Pacprona), en su labor de investigación, obtuvo información sobre la comisión de posibles irregularidades por parte de dos sociedades mercantiles. Para esclarecerlas se dio inicio a la operación.
En una primera fase, los agentes localizaron dos naves industriales en la localidad alicantina de Torrevieja, pertenecientes a las sociedades investigadas, donde supuestamente se comercializaba con productos alimentarios caducados que eran distribuidos entre España y Portugal.
Además, se averiguó la existencia de otros dos establecimientos en las localidades de Coslada (Madrid) y Marbella (Málaga), pertenecientes a una de las sociedades y donde se cometían las mismas irregularidades.
En junio, una vez localizados todos los establecimientos y verificada la existencia de actividad, se llevó a cabo la explotación de la operación. Los agentes, con el apoyo de las patrullas del Seprona de Guardamar (Alicante) y Daganzo (Madrid), llevaron a cabo de forma simultánea inspecciones en los establecimientos de Torrevieja y Coslada, tras lo que el Seprona de Marbella realizó una nueva inspección en el establecimiento de su localidad.
Alimentos destruidos
En estas actuaciones se localizaron e intervinieron alimentos con las fechas de consumo preferente manipuladas, otros caducados y otros en mal estado de conservación, todos dispuestos para su venta y distribución.
Finalmente, el 5 de julio, junto con todas las pruebas que acreditaban la responsabilidad del gerente de una de las sociedades, se procedió a su investigación por un delito relativo al mercado y a los consumidores por fraude alimentario. A la otra sociedad investigada se le efectuaron denuncias por infracciones administrativas, remitidas a la Conselleria de Agricultura de la Generalitat.
Las diligencias se han puesto a disposición del Juzgado de Instrucción 4 de Torrevieja. Todos los alimentos retirados se han destruido por parte de un gestor de residuos autorizado. Podrían haber generado un problema para la salud pública.
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