El 23-J se cruza en la reforma eléctrica de la UE: la Eurocámara, a la espera de que Ribera o sucesor guíen la posición de los Veintisiete

Teresa Ribera y otros ministros europeos, en el último Consejo de Energía, que se celebró en junio en Luxemburgo.
Teresa Ribera y otros ministros europeos, en el último Consejo de Energía, que se celebró en junio en Luxemburgo.
Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Teresa Ribera y otros ministros europeos, en el último Consejo de Energía, que se celebró en junio en Luxemburgo.

La reforma del mercado europeo de la electricidad dio este miércoles uno de sus pasos necesarios con el final del procedimiento en el que el Parlamento Europeo fijó su posición y queda a expensas de otro más, que los gobiernos de la UE acuerden la suya, antes de dar el definitivo, que las dos partes negocien en diseño final. A las dificultades para que los Veintisiete se pongan de acuerdo, principalmente por las desavenencias entre Francia y Alemania, se suman también las elecciones españolas de este domingo. España ostenta este semestre la Presidencia rotatoria de la UE y a su Gobierno le corresponde buscar el equilibrio entre los gobiernos para, en este caso, fijar la posición del Consejo en la reforma del mercado eléctrico. El lunes que viene, la vicepresidenta tercera y el miembro del Ejecutivo al que le corresponde esta misión, Teresa Ribera, pasará a estar en funciones y se abrirá un periodo de incierta duración para que haya un nuevo Gobierno y también la incógnita sobre cuánto tardarán en retomarse las negociaciones en Bruselas y qué orientación tendrán.

"Con el voto de hoy, vamos a la negociación interinstitucional directamente. Esperamos ponernos a negociar con el Consejo cuanto antes, cuando tengan su posición. Ahora tendremos el parón de verano, pero a partir de septiembre, aquí estamos disponible para acabar estas reforma cuanto antes, con el objetivo fundamenta de que sea antes de que remate esta legislatura". Con esta declaración, el ponente del informe de posición del Parlamento Europeo, el socialista español Nicolás González Casares, describía el camino que tiene la UE ante sí para terminar de cerrar un acuerdo que debería llegar antes de junio de 2024, cuando celebrarán elecciones europeas, de las que los temores apuntan a una  Eurocámara con mucho mayor peso de fuerzas ultras y antieuropeístas, de la que, a su vez, emanará también una nueva Comisión Europea, con un Consejo que ya ha dado entrada al euroesceptiscismo y la ultraderecha.

González compareció este miércoles ante la prensa en Bruselas después de que la comisión parlamentaria de Industria, Energía y Telecomunicaciones corroborara el acuerdo que hace dos semanas cerraron los cuatro principales partidos de la Eurocámara -Partido Popular Europeo (PPE), Socialistas y Demócratas (S&D), los liberales de Renew Europe y Los Verdes-. Cuando sea posible negociará con los Veintisiete para concluir con una reforma del mercado de la electricidad.

Para que el calendario deseado se cumpla, la reforma del mercado eléctrico debería cerrarse antes de que termine el año, bajo Presidencia española, teniendo en cuenta que la próxima, de Bélgica, tendrá menos tiempo, por la cercanía de las elecciones al Parlamento Europeo. Por si los comicios europeos  no fueran suficientes, en el proceso se cuelan ahora las elecciones españolas de este domingo. Según apuntan casi todas las encuestas, de ellas podría resultar un cambio de Gobierno, un nuevo responsable de Transición Ecológica, Energía o la ubicación que quiera dar a estas competencias, y retomar la negociación con los otros 24 Estados miembros.

Ribera o la Presidencia de la UE

A dos días del 23-J, tanto en el Gobierno como en el PSOE tienen claro que la reforma del mercado europeo de la electricidad, una de la más importantes de esta legislatura europea, no va a descarrilar porque en España haya elecciones. Hasta hace poco, de hecho, Ribera contempló poder reunir de forma extraordinaria a los ministros europeos de Energía para intentar antes del parón del verano llegar a un acuerdo. Pero para ello el Ministerio quería poder presentar una propuesta de compromiso muy armada, que no exigiera negociaciones suplementarias, y abortó la misión al constatar que las posiciones están todavía muy distanciadas. Así vio durante la reunión del 10 al 12 de julio en Valladolid, en un Consejo informal de Medio Ambiente y Energía, en el que la reforma del mercado eléctrico no estuvo en la agenda oficial pero monopolizó las conversaciones oficiosas. "Estuve todo el día de [reuniones] bilaterales. El diseño del mercado de la electricidad fue el elefante en la habitación", admitió entonces el secretario de Estado de Energía de Alemania, Sven Giegold.

A la hora de retomar la negociación tras las elecciones del domingo, el ímpetu varía. Fuentes fuentes socialistas "no ven" a "Teresa [Ribera]  dejando de hacer su trabajo" y aseguran que buscará un acuerdo sobre la posición negociadora entre los Veintisiete hasta estando en funciones. Fuentes más técnicas dentro del Gobierno prefieren hablar de los trabajos que, sin duda, continuará "la Presidencia [española] de la  UE" en lugar de mentar específicamente a Ribera, por lo que pudiera pasar el domingo. "El papel de la Presidencia es facilitar el mejor resultado respetando plenamente la orientación general adoptada por el Consejo. Esta no es la primera vez que se lleva a cabo un proceso electoral durante la presidencia del Consejo de la UE y no será el último", abundan.

Medidas en suspenso

Hasta que se dilucide quién y cómo guiará la negociación entre los Veintisiete que corresponde al país que ostenta la Presidencia de la UE, la negociación entre los gobiernos quedará en suspenso y, un paso más allá, también los trílogos finales con el Parlamento Europeo. 

La Eurocámara acudirá con un acuerdo cerrado en apenas tres meses, desde que la Comisión Europea hizo su propuesta legislativa, que contempla aspectos como que estén prohibidos en los Estados miembros los cortes de luz en hogares vulnerables o en riesgo de pobreza; limitar el derecho a compartir energía que se reconocerá por primera vez, para que eléctricas y operadores no puedan aprovecharse de una herramienta destinada a ciudadanos y pymes; deja caer el mantenimiento de límite en 180 euros/MWh para tecnologías distintas al gas pero insta a la Comisión a elaborar una propuesta de una "válvula temporal, un alivio temporal" para que esté previsto si vuelve a producirse otra crisis de precios como la del año pasado.

"Yo me había propuesto aumentar la protección del consumidor y lo hemos conseguido", celebró González Casares, sobre el acuerdo para que "los Estados miembros prohibirán cualquier desconexión de clientes vulnerables, incluso afectados por pobreza energética". Con ello, añadió, "lanzamos un fuerte mensaje social, como no podía esperarse de otra manera del grupo socialista del Parlamento Europeo". "También era evitar que el mercado se pudiera disparar en un momento dado y en parte lo hemos conseguido", añadió, en referencia a que no hubo acuerdo con los otros grupos para mantener el tope de 180 euros MWh para las tecnologías inframarginales que se acordó el año pasado de forma excepcional pero sí para pedir a la Comisión "medidas de emergencia previstas para cuando se dispare [el precio], tener elementos de donde poder extraer recursos".

A través de redes sociales, la eurodiputada del PP Pilar del Castillo, también miembro de la comisión de Industria, celebró el acuerdo para la reforma del mercado eléctrico difundiendo tuits de su colega portuguesa de grupo Maria Graça Carvalho, que también destacó que en el compromiso alcanzado "prevaleció el PPE en todas sus posiciones"  en un "win-win" para consumidores, negocios y medio ambiente.

Además de medidas para impulsar y fomentar la seguridad y transparencia de las compras privadas de electricidad (a través de los llamados Power Purchase Agreement, PPA) y de las subastas reguladas (los llamados Contratos por Diferencias, CfD), la Eurocámara fija una solución a las dos cuestiones que más dificultan que los gobiernos -particularmente Francia y Alemania- lleguen a un acuerdo entre ellos, en el Consejo de la UE. 

Por una parte, abre la puerta a que los eventuales beneficios que generen las subastas reguladas de electricidad a largo plazo se distribuyan entre actores que van más allá de los hogares vulnerables, de modo que también puedan invertirse en "la transición ecológica en el sector eléctrico, en redes y en industria eléctrico-intensiva, bajo determinadas circunstancias". "La asignación de ingresos de los CfD es un elemento que también está creando problemas en el Consejo. Aquí hemos logrado el acuerdo", subrayó el eurodiputado socialista.

Con respecto a la espinosa cuestión nuclear y las pretensiones francesas de que sus centrales también cuenten con subvenciones destinadas a tecnologías de generación de electricidad que no emitan CO2 a la atmósfera, el acuerdo en el Parlamento Europeo plantea la solución que, en el último momento y sin éxito, planteó la Presidencia sueca a finales de junio: que puedan recibir apoyo público, no las instalaciones ya existentes, sino las ampliaciones o repotenciaciones. "El esquema de soporte [a las tecnologías que generan electricidad sin emitir CO2] no puede ser retroactivo, se puede apoyar lo nuevo o la repotenciación pero no tiene sentido dar dinero público para infraestructuras que ya existen y que no van a cambiar en nada", explicó González Casares. 

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