Además de cientos de otras cuestiones, grandes y pequeñas, del resultado de las elecciones del próximo domingo depende también el volumen de la factura de la luz y la cantidad de conceptos que la engrosan para dar con la cifra total que se paga cada mes. El PP y Vox han coincidido este miércoles en que el recibo eléctrico debería tener menos conceptos, porque muchos de ellos, que ellos consideran "no energéticos", deberían pasar a financiarse no entre los consumidores sino con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. De este modo, conceptos como primas históricas a las renovables o el sobrecoste por la generación eléctrica en las islas pasarían de ser soportados entre los titulares de los 29 millones de contratos de electricidad que hay en estos momentos en España ser sufragados por los contribuyentes, unos 21,6 millones en 2020.

Representantes del PSOE, PP, Vox y Sumar han expuesto su visión de cómo debería ser la factura de la luz durante un debate electoral que ha organizado El Periódico de la Energía. Allí, los representantes de los dos partidos de la derecha han coincidido en apostar por la opción de detraer de la factura conceptos que no consideran directamente vinculados al consumo de energía para que sean financiados por los Presupuestos Generales del Estado. Esto supondría que menos contribuyentes paguen por conceptos que ahora sufragan más consumidores de energía, los primeros en función de su renta y los segundos, de su consumo de electricidad. Según las declaraciones de la renta que consignó en 2020 el Ministerio de Hacienda, hay unos 21,6 millones de contribuyentes. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en España hay firmados 29 millones de contratos de electricidad, el 60% en el libre mercado y el 40% restante, en el regulado, con la tarifa PVPC. 

Estos dos partidos también reconfigurarían la factura de la luz por lo que respecta a otro concepto, el de los impuestos, que querrían ver reducidos al máximo para siempre.

De la factura a los Presupuestos

"Llevamos toda la legislatura planteando dos cuestiones inmediatas, trasladar todos los costes que no son meramente energéticos a los Presupuestos y desviar de superavit a reducir la factura eléctrica", ha indicado el diputado del PP Guillermo Mariscal, en este segundo caso sobre una cantidad de 6.187 millones según la liquidación de este de la CNMC y que el popular ha elevado a 10.000.

"Asumir en los Presupuestos Generales del Estado las primas a las renovables, la composición de los suministros insulares e intrainsulares y la interruptibilidad", ha dicho la diputada de Vox Mireia Borrás en alusión a la opción que tiene la industria de pedir la suspensión momentánea del suministro eléctrico para ahorrar cuando es más caro. "Estos componentes graba mucho la factura eléctrica y podríamos hacer una rebaja drástica", ha dicho Borrás, que a pesar de que su partido quiere ver reducido al mínimo el gasto público, no ha visto problema en cargar conceptos que ahora pagan los consumidores eléctricos a los contribuyentes, a través de las cuentas públicas. "Algunos grupos no están de acuerdo en derivarlo a los Presupuestos porque lo pagan todos los españoles, pero los Presupuestos están para eso, no para otro tipo de gastos ideológicos", ha defendido. 

La transferencia de costes que plantean PP y Vox desde el recibo de la luz a las cuentas públicas tiene que ver con un viejo debate acerca de qué conceptos son o no son "energéticos" y, por tanto, deberían incluirse en la factura dentro del concepto de "cargos", que puede representar el 10% del recibo y ascender hasta aproximadamente e 50% de la factura si se suman los peajes de transporte y distribución -es decir, el coste de llevar la electricidad a cada hogar o industria-.

En concreto, dentro de los cargos cada consumidor eléctrico contribuye al pago de las primas históricas a las renovables (Recore), al déficit tarifario o al sobrecoste de generar energía en territorios no peninsulares, de modo que la luz cueste lo mismo en la Península que en las islas o Ceuta y Melilla, que es algo que ya asumen los Presupuestos al 50%.

Según la liquidación del sector eléctrico elaborado por la CNMC para 2021, los ingresos por cargos ascendieron el año pasado a 3.100 millones, un 29,1% menos de lo previsto, que pagaron los consumidores y que con el planteamiento del PP y Vox pasarían a engrosar el capítulo de gastos del Presupuesto.

El debate está en lo que cada uno considera costes energéticos y, por lo que han expuesto este miércoles Mariscal y Borrás, PP y Vox creen que solo deberían tener esa consideración la generación de electricidad -es decir, el coste de producir la que cada uno consume- y los peajes, es decir, las redes.

"Parece que sería lo razonable y de manera inmediata", ha incidido el representante del PP sobre sacar del recibo conceptos que hoy están dentro de él.

Bono Único en la factura

Otros de los costes que son objeto de este debate sobre qué elementos deben o no ir dentro de la factura eléctrica es el bono social para hogares vulnerables. En la actualidad, el bono social eléctrico se financia a través de la contribución de los consumidores eléctricos, en función del consumo de cada uno de ellos. Es el destino final de un descuento -hasta diciembre, del 65% para hogares vulnerables y 80% para vulnerables severos- que deben financian todas empresas que participan en la cadena de suministro de electricidad -productoras, distribuidoras y comercializadoras-. Después, estas lo repercuten a los todos los consumidores de forma proporcional a su consumo. El bono térmico, un pago único anual para agua caliente y calefacción que creó el Gobierno actual en 2018, corre a cargo de los Presupuestos.

Qué son el bono social eléctrico y el térmico, cuáles son los requisitos para cobrarlos y por qué el lío en torno a Ossorio y Mónica García

Lo que propone el PP para la próxima legislatura si llega al Gobierno es unificar estos dos bonos en un Bono Social Único, del que hasta ahora se desconocía si se financiaría como el bono social eléctrico -es decir, entre todos los consumidores de electricidad, con una referencia en su factura- o como el bono térmico -a cargo del Presupuesto General del Estado-. Mariscal ha aclarado la incógnita este miércoles, al afirmar que sería como el bono eléctrico. Es decir, el PP no sacaría este concepto de la factura de la luz y lo pagarían los consumidores en función de su consumo y no los contribuyentes.

Feijóo eliminará el mecanismo ibérico y unificará los bonos eléctrico y térmico en un "pago directo" al consumidor vulnerable

Según ha dicho, este bono socia único lo gestionará la Administración y se pagará "como se paga actualmente, no que lo paguen los Presupuestos". Para completar esta facilidad destinada a los consumidores vulnerables por medio de la tarifa regulada -en  principio, el bono social es para este tipo de hogares y para familias numerosas-, el PP aboga porque las comercializadoras de electricidad del mercado libre mejoren sus ofertas para ampliar su número de clientes con otros que hoy están en la tarifa PVPC.

La propuesta de Sumar que también tendría incidencia sobre el recibo de la electricidad consiste en crear una "factura progresiva", ha expuesto su coordinador de Energía, Fernando Ferrando. Habría un "primer tramo esencial que sustituiría al bono social y progresivamente se iría incrementando en función del consumidor", ha añadido.

El secretario de Transición Ecológica Justa del PSOE, Marc Pons, ha optado por reivindicar decisiones que ha tomado el Gobierno en los últimos años -con "momentos de mucho estrés"- en materia energética, entre ellas, la de negociar en la UE el mecanismo ibérico, el tope del precio de la electricidad generada con gas que logró contenerlo a finales de 2022 y principios de 2023. Desde hace meses no se aplica porque el gas está más barato que el límite fijado pero en su momento también figuró, no sin polémica, en el recibo de la luz.

Primero y en actitud de protesta, las eléctricas decidieron reflejarlo como si fuera una tasa adicional y, para evitarlo, el Ministerio de Transición Ecológica las obligó a referenciarlo como mecanismo ibérico y que quedase consignado tanto el coste de la compensación como el ahorro derivado de él en un nuevo diseño de factura. 

El Gobierno fuerza a las eléctricas a cambiar la factura: si detallan el ajuste ibérico, tendrán que informar de su beneficio

"Algo habremos hecho bien cuando resulta que los precios del mercado mayorista de futuros están diciendo que en España es donde vamos a tener precios más baratos de la energía", ha dicho Pons.

Impuestos al mínimo

Otro de los conceptos que figuran en la factura eléctrica es el de los impuestos, el IVA y sobre generación de electricidad, para los que los partidos tienen distintos planes.

Pons ha recordado que el Gobierno bajó al "mínimo minimorum" el IVA de la luz -y del gas-, del 21 al 5% y dejó el Impuesto Especial sobre la Electricidad en el mínimo permitido por Bruselas, el 0,5% y suspendió el 7% del impuesto de generación eléctrica. Este miércoles, sin embargo, no ha podido asegurar que no vayan a volver a subir.

"Vamos a ver cómo va a ser la evolución", ha dicho el socialista, dentro de la tónica lo que ha sucedido en el último año cuando "en función de  cómo iba evolucionando el mercado", el Gobierno "iba respondiendo para garantizar los precios de la energía".

"Qué ocurrirá dentro de dos días con Ucrania, pues hay demasiadas incógnitas para hacer planteamientos de compromiso ineludibles", ha remachado.

PP y Vox se han mostrado mucho más seguros, a favor de bajar los impuestos de la energía.

"Abogamos por bajar el IVA", ha dicho Mariscal, que ha añadido que "todo lo que está suspendido debe quedarse como está y, si es posible, el impuesto de generación quitarlo".

"Queremos una rebaja drástica de impuestos a todos los niveles y no consideramos que grabando todavía más un bien esencial como la energía vamos a solucionar nada", ha terciado Borrás.