El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha autorizado el inicio del desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña, en la provincia de Burgos, a través de una orden ministerial que autoriza también la transferencia de titularidad de la instalación de Nuclenor a Enresa, responsable del desmantelamiento, que comenzará en los próximos días.

Según han recordado fuentes ministeriales, el proyecto, que fue informado de forma favorable en mayo por el Consejo de Seguridad Nuclear, consta de dos fases que abarcan hasta el año 2033. Está presupuestado en 475 millones de euros -sin contar con la gestión del combustible gastado- y se prevé que hasta 350 personas trabajen en él de forma simultánea.

"Hoy se da un paso adelante en este proceso ordenado de cierre con respeto y garantías para la población y la alternativa económica", ha indicado la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera. Según ha dicho, el proceso de desmantelamiento que empezará ahora ha superado una evaluación ambiental y será "seguro", con "piscinas que permitan vaciar el material nuclear sin ningún riesgo para nadie".

En la Fase 1 (2023-2026) se desmontarán los sistemas, estructuras y componentes del edificio de turbina y se acometerán las modificaciones de sistemas e instalaciones necesarias para la gestión de los residuos resultantes. Al mismo tiempo se evacuará el combustible gastado desde la piscina hasta el Almacén Temporal Individualizado (ATI) de la central.

"Solo falta que se transfiera la titularidad"

Posteriormente, en la Fase 2 (2027-2033) y ya con el combustible en el ATI, se abordará el desmantelamiento final de los edificios de carácter radiológico, y se continuará con las descontaminaciones, desclasificaciones y demoliciones, para, finalmente, concluir con la restauración del emplazamiento.

La autorización del ministerio para iniciar los trabajos llegó después de que el proyecto se sometiera a información pública entre marzo y abril de 2021, de que el Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear emitiese el informe favorable en mayo, y tras haber obtenido la Declaración de Impacto Ambiental que establece las condiciones a las que ha de ajustarse.

"Solo falta que se transfiera la titularidad de la central de Nuclenor a Enresa, algo que sucederá en los próximos días, para que puedan dar comienzo las obras sobre el terreno", han apuntado desde el departamento que dirige Teresa Ribera.

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Impacto en el empleo de 27 municipios

En 2020 el Instituto para la Transición Justa (ITJ) empezó a trabajar en los 27 municipios donde se ha identificado impacto en el empleo y en la renta tras el cierre de la central, de acuerdo con el Plan de Acción Urgente de la Estrategia de Transición Justa para las zonas en las que se habían producido cierres de instalaciones sin planes de reactivación.

En mayo de 2021, el ministerio, la Junta de Castilla y León, el Gobierno vasco y los municipios firmaron el Protocolo de Actuación para la elaboración del Convenio de Transición Justa de Garoña por el cierre de la central.

El ITJ ha adjudicado 7,7 millones de euros a 12 proyectos municipales para reactivar la zona con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de índole sociosanitaria, de fomento del turismo, de rehabilitación de inmuebles, de restauración ambiental, de gestión de biomasa y se está trabajando en una nueva convocatoria para este tipo de proyectos.

Solicitud de renovación denegada

Situada en el Valle de Tobalina, en la provincia de Burgos, la central nuclear de Santa María de Garoña tenía una potencia instalada de 466 MW, se inauguró en 1971 y se desconectó de la red eléctrica en diciembre de 2012, cuando Nuclenor comunicó al Ministerio de Industria, Energía y Turismo su decisión de no seguir explotándola.

Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

En julio de 2013 se declaró el cese definitivo de explotación, pero este no se debía a razones de seguridad nuclear o protección radiológica, de modo que Nuclenor presentó una solicitud de renovación de la autorización en mayo de 2014 que fue denegada en agosto de 2017 por el Gobierno, momento en que Enresa comenzó a preparar el desmantelamiento y el diseño del proyecto. 

Por este motivo, Garoña ya no figura en el calendario de cierre como una central que esté en estos momentos en funcionamiento. Según el Ministerio de Transición Ecológica, la central burgalesa se encuentra "en licenciamiento" desde 2020 y tenía previsto iniciar su desmantelamiento a principios de este año 2023.

Este lunes, Ribera ha responsabilizado al gobierno popular de Mariano Rajoy de esta situación "ejemplo de lo que no debería volver a ocurrir", ha dicho, en referencia al anuncio "a bombo y platillo" que hizo Rajoy en 2009 de que "mantendría abierta" Garoña hasta 2023 "en contra de los informes", qu provocó que las empresas propietarias "tuvieron un periodo de incertidumbre muy largo sobre si era rentable o no, cuáles eran las inversiones que requerían", que terminaron rechazando las condiciones de seguridad que fijó el Consejo de Seguridad Nuclear, de modo que al final "acabó declarándose el cierre".

La nuclear en campaña

La publicación en el BOE este lunes del inicio del proceso de desmantelamiento de la central nuclear de Garoña ocurre en el ecuador de la campaña electoral para los comicios del 23 de julio, donde la energía nuclear ha sido uno de los pocos elementos relacionados con energía, medio ambiente o transición ecológica que ha logrado hacerse un hueco entre la hegemonía de mensajes de otros ámbitos.

El Gobierno y el PSOE mantienen su voluntad de cumplir el calendario de cierre progresivo de las centrales nucleares, que está previsto que empiece en 2027 con Almaraz I (Cáceres) y empiece a terminar en 2035, con las últimas centrales que está previsto que sigan en funcionamiento hasta entonces, Trillo (Gualdalajara) y Valdellós II (Tarragona).

Dentro del Gobierno y del PSOE, Ribera insiste en que este calendario se pactó en 2019 con el Consejo de Seguridad Nacional y todas las empresas propietarias de las centrales, ninguna de las cuales ha planteado continuar por más tiempo y hacer las inversiones que sería necesario para ello. 

Una de las últimas ocasiones que ha tenido para reconfirmar el calendario de cierre nuclear fue el borrador del nuevo Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que prevé que hasta 2030 se puedan generar 3GW de electricidad con energía nuclear, contando con que para ese año "se retirarán cuatro de los siete reactores", en cumplimiento de un calendario de cierre de centrales nucleares que empezará en 2027 y terminará en 2035.

Qué hacer con la energía nuclear era, al menos antes de que empezara esta campaña electoral, casi la única diferencia entre PSOE y PP en materia de energía, porque el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, empezó planteando "revertir" el plan de cierre de las centrales nucleares, aunque en su programa electoral matizaba que para ello sería necesario contar "con el visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear" y en conformidad con "la normativa europea". Ribera vio en esta puntualización una forma por parte de Feijóo de "dar marcha atrás" en su intención de frenar el proceso de cierre.

Por el contrario, Vox promete "fomentar la inversión y actualización del parque de generación nuclear" y "promover la extensión de la vida útil de las centrales nucleares existentes". Sin embargo, en su programa electoral reconoce que habrá cierres porque otra de sus propuestas es utilizar "los emplazamientos de las centrales nucleares cerradas" para "implantar en dichas localizaciones mini reactores nucleares".

El programa de Sumar se compromete a ir "hacia un cierre nuclear seguro y socialmente justo", a mantener el calendario de cierre y también a aplicar "una moratoria a cualquier nueva iniciativa nuclear, exigiendo revisiones e inversiones para garantizar la seguridad del proceso y subrayando la responsabilidad de los propietarios en el mismo".