Ocurrió el 24 de junio de 2022. Decenas de inmigrantes del África subsahariana murieron en la valla de Melilla cuando intentaban entrar a la fuerza en la ciudad autónoma. El episodio se produjo cuando alrededor de 2.000 migrantes subsaharianos —la mayoría de Sudán, Sudán del Sur o Chad— se dirigieron en bloque hacia la valla fronteriza para franquearla pese al amplio dispositivo de fuerzas marroquíes que actuaron con porras, gas lacrimógeno y pelotas de goma. Los subsaharianos iban armados con palos, armas blancas y piedras. 133 de ellos consiguieron entrar en España, pero, ¿cuántos murieron?

El balance oficial, el llevado a cabo por las autoridades marroquíes, cerró la cifra de muertos en 25 —23 inmigrantes y 2 gendarmes— y la de heridos en más de 216 —76 inmigrantes y 140 gendarmes—. Pero algunas ONG y diversos medios de comunicación elevaron la cifra de migrantes fallecidos hasta 37 y un reciente informe de Aministía Internacional habla de casi 100 desaparecidos.

En primera instancia, el Gobierno español no quiso ver el alcance de la tragedia. La frontera es uno de los escenarios de las complicadas relaciones de España con Marruecos; complicadas pero fundamentales, de modo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, justificó la intervención de la gendarmería marroquí.

"Hay que reconocer el extraordinario trabajo que ha realizado el Gobierno marroquí en coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de España para tratar de evitar un asalto violento y bien resuelto por parte de las dos fuerzas de seguridad", aseguró. Cinco días después de los sucesos se desdijo: "No había visto las imágenes cuando dije que lo de Melilla estaba bien resuelto".

No había visto las imágenes cuando dije que lo de Melilla estaba bien resuelto"

Con pruebas de vídeo se pudo ver que agentes marroquíes habían traspasado la frontera para arrestar, agredir y efectuar "devoluciones en caliente" de algunos inmigrantes que ya habían atravesado el vallado y llegado a suelo español.

¿Tierra de nadie?

Los vídeos mostraron cuerpos arrojados en el suelo y personas sangrando e incluso agonizando. La muerte de los migrantes sucedió en un lugar que el Ministerio del Interior define como "zona operacional conjunta", una "tierra de nadie". Pero en Derecho ese concepto no existe. La soberanía de ese terreno entre vallas es de España.

La violencia y la dura represión provocaron la indignación de las asociaciones de derechos humanos y desataron protestas tanto en Marruecos como en España. Human Rights Watch denunció que las autoridades de Marruecos se habían apresurado a enterrar a las víctimas sin identificar.

Interior habló de "tierra de nadie", pero en Derecho ese concepto no existe

Varias investigaciones coincidieron en que al menos un inmigrante había muerto en el lado español. Una ONG con sede en Países Bajos, Lighthouse Reports, concluyó que algunas personas fueron aplastadas en el lado español de la frontera, abandonadas sin recibir atención médica y que alguna muerte se produjo en suelo español. Es lo mismo que sostuvo una investigación de la BBC.

El 23 de diciembre de 2022 la Fiscalía española archivó la investigación sobre los hechos de aquel 24 de junio, exonerando de cualquier responsabilidad al Ministerio del Interior, a la Guardia Civil y a los agentes que estuvieron ese día sobre el terreno. El Ministerio Público no especificó si alguna de las muertes tuvo lugar en territorio español.

Un documental de la BBC desmiente a los Gobiernos de España y Marruecos sobre el salto a la valla de Melilla

Un uso "excesivo" de la fuerza

Amnistía Internacional censuró el comportamiento de las fuerzas de seguridad de ambos países en aquella ocasión y criticó el modo en que la Justicia española había cerrado el caso. En su informe anual, presentado en marzo pasado, afirma que en 2022 en España se ha agravado "el clima de impunidad y la falta de rendición de cuentas" y un ejemplo de ello es que las autoridades no hubieran investigado la "masacre" de la valla de Melilla.

El portavoz de las Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, aseguró que tanto Marruecos como España hicieron un uso "excesivo" de la fuerza y pidió que se abriese una investigación. De uso excesivo de la fuerza contra "migrantes y solicitantes de asilo" habló también António Guterres, secretario general de la ONU.

En noviembre, cuando crecía la presión de los socios del Gobierno por los sucesos de la valla de Melilla, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, insistió en que no se planteaba dimitir. Y del mismo modo, insistió en defender el comportamiento de los agentes españoles: "Vuelvo a repetir que la Guardia Civil actuó en parámetros de legalidad, proporcionalidad y necesidad".