Hay dos sensaciones bastante definidas respecto al nuevo Estatuto del Becario que el Ministerio de Trabajo y los sindicatos firmaron el pasado jueves. Por un lado, están quienes celebran el acuerdo y ven la norma como un "gran avance" que viene a poner fin a la precariedad de los estudiantes en prácticas. En otro, se sitúan los que coinciden en que es necesaria una regulación sobre el asunto en España; pero, o no ven la urgencia de impulsarlo con unas elecciones a la vuelta de la esquina, o difieren en algunas de las medidas incluidas en el documento. 

La norma —que supone la primera regulación de la situación de los becarios en España— nace de una disposición adicional de la reforma laboral aprobada en 2021. Lo firmado este jueves no es más que un acuerdo entre la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y los sindicatos CC OO y UGT. Para su entrada en vigor todavía tiene que pasar por varios trámites: recibir el visto bueno del Consejo de Ministros, y ser avalado por la Diputación Permanente, puesto que las Cortes se disolvieron al convocarse las elecciones anticipadas del próximo 23 de julio. 

Un escenario que Moncloa enfrió nada más ratificarse el acuerdo. El ala socialista del Ejecutivo descarta por ahora que el documento vaya al Consejo de Ministros de la próxima semana. "Está muy verde", argumentan fuentes gubernamentales. En Trabajo, sin embargo, defienden que es una iniciativa que forma parte del acuerdo de Gobierno y que es el resultado de 15 meses de trabajo y negociaciones en el diálogo social y la comunidad educativa. Se llegaron a intercambiar una quincena de borradores, hasta el de este jueves, que previsiblemente será ya el texto definitivo. Ahora bien, ¿qué dicen los actores implicados al respecto?

Díaz firma con sindicatos el Estatuto del Becario con la oposición de patronal y rectores y las reticencias de Moncloa

Sindicatos: "Es un avance brutal"

Los sindicatos han celebrado su ratificación, para la cual —aseguran— han tenido que renunciar a algunos puntos con el objetivo de que saliese adelante. "Es un avance brutal, porque ahora mismo es la ley de la jungla. Lo que hace es dar seguridad jurídica a los estudiantes", sostiene a 20minutos Adrià Junyent, secretario de Juventud de CC OO y uno de los negociadores del acuerdo. Lo importante, añade, es que se establece la obligatoriedad de que exista un convenio con la universidad o el centro de Formación Profesional. Y que las prácticas deberán ir acompañadas de un acuerdo entre el centro de trabajo y la institución educativa, con un plan de formación individual que delimite de forma clara las funciones que debe cumplir el estudiante. 

Coincide con él su homólogo de UGT, Eduardo Magaldi, quien asegura que esa delimitación es crucial para acabar con el "fraude" que predomina actualmente en el mundo de las prácticas no laborales. "También celebramos que se introdujeran una serie de garantías, como los ratios máximos de alumnos por tutor y por empresas", subraya, en relación al límite del 20% de becarios por plantilla (o un mínimo de dos estudiantes en prácticas) que fija el texto. Magaldi califica también de "muy positivo" la compensación de gastos (manutención, transporte, etc.) que correrá a cargo de la empresa, "para que al estudiante no le cueste un dinero extra ir a hacer las prácticas". 

Compensación de gastos, máximo de horas de prácticas y cotización en la Seguridad Social: las claves del nuevo Estatuto del Becario

Sí que ha quedado, sin embargo, algún que otro asunto en el tintero. Por ejemplo, el de las prácticas extracurriculares (aquellas que no están incluidas en el plan de estudios del alumno), que son las que para los sindicatos concentran "la mayor parte del fraude". 

La petición inicial era eliminarlas, alegando que ya existe un contrato formativo que podría haberse introducido dentro del ámbito de la universidad.  "Pero ante la negativa por parte de Universidades y de la CEOE, lo hemos mantenido, aunque con unas limitaciones muy claras y muy amplias, para garantizar que no exista esa laboralidad, con los ratios máximos, un límite en el número de horas y el refuerzo de la inspección de trabajo", detalla Magaldi. 

Estudiantes: "El estatuto es muy laboral"

También los estudiantes elogian una iniciativa que llevaban exigiendo mucho tiempo. Aunque consideran que hay medidas que han quedado "demasiado laxas", como la limitación de 480 horas en las prácticas extracurriculares. "Pedíamos una ampliación a 900 horas. A veces, sumar un par de meses puede darle al estudiante la posibilidad de seguir metiendo la cabeza en el mundo laboral y en la empresa, que muchas veces es la punta de lanza para poder quedarte de forma definitiva", sostiene a este periódico Álvaro Mejías, presidente de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP).

Lamenta Mejías que no hayan tenido en cuenta la posición de los estudiantes a la hora de desarrollar la parte más académica del documento. "El estatuto es muy laboral, está muy centrado en el ámbito laboral y jurídico, y poco en el académico. Nos habría gustado, por ejemplo, que se incluyeran más tutores, o añadir la diferenciación entre prácticas académicas y laborales", explica. También pedían una mayor concreción en la gestión de esos gastos que tendrá que compensar la empresa: "¿Cómo aseguras que le llega el dinero de esa compensación de gastos?, ¿se hace directamente, o lo pasa la universidad? Creemos que en cuanto se tenga la oportunidad se va a hacer un mal uso que acabará perjudicando al estudiante", afirma el presidente de CREUP. 

Los rectores, reticentes con la compensación

Precisamente esa compensación de gastos es uno de los puntos de discrepancia de los rectores. Así lo explica José Luján, delegado de CRUE para el desarrollo de la LOSU y rector de la Universidad de Murcia: "No es que no queramos que los estudiantes la reciban. Lo que decimos es que, al hacerla obligatoria, va a tener un indiscutible efecto disuasorio para las empresas". En esa línea detalla que dos tercios de las prácticas se desarrollan en el sector público, y que, por tanto, esos gastos correrán a cargo de las administraciones, que no cuentan con partidas concretas en los presupuestos. 

Pese a ello, incide, CRUE valora "positivamente" el documento pactado entre Trabajo y Sindicatos, aunque, como los estudiantes, critican que "crucen a la parte de prácticas académicas y quieran regular cómo son", cuando consideran que es un terreno de juego que debería recaer en el Ministerio de Universidades. 

La patronal: "No se nos ha consultado"

Más dura ha sido la patronal, que rechazó en el último momento firmar el acuerdo con los sindicatos. "Lo que han acordado ha sido un texto entre ellos que no se nos ha consultado. No hay condiciones para ahora ponerse a cambiar leyes", subrayan a 20minutos fuentes de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Para los empresarios, "no parece adecuado" cerrar el asunto con las Cortes disueltas, y argumentan que siguen apostando "por un sistema que facilite el acceso de los jóvenes a un primero empleo, con todas las garantías".

El propio presidente de la confederación, Antonio Garamendi, aseguró este viernes que la firma del acuerdo no fue más que "un acto electoral" en el que no estaban dispuestos a participar.