El Ministerio de Trabajo ha firmado este jueves junto con los sindicatos UGT y CC OO el acuerdo de estatuto de las personas en formación práctica no laboral en las empresas, conocido ya como Estatuto del Becario. Es el texto resultante de más de un año de negociaciones y que, sin embargo, no parece contar todavía con el respaldo total de Moncloa y del cual se han descolgado los rectores y la patronal. 

La norma —que supone la primera regulación de la situación de los becarios en España— nace de una disposición adicional de la reforma laboral y aspira a paliar con la precariedad e inestabilidad de los estudiantes en prácticas y regular sus contratos. Recoge, entre otras cosas, un régimen sancionador a las empresas por incumplir los derechos de los alumnos con multas de hasta 225.000 euros, la vigilancia de la inspección para asegurar que los becarios no cumplen la misma función que un empleado, limita las prácticas extracurriculares a 480 horas, y establece una compensación de los gastos.

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, el secretario general de CC OO, Unai Sordo, y el de UGT, Pepe Álvarez, han firmado finalmente este jueves el que previsiblemente será el documento que reciba el visto bueno del Gobierno y las Cortes, aunque no está claro que vayan a conseguir tampoco el apoyo de todas las fuerzas. Fuentes de Moncloa confirman a que el texto no irá al Consejo de Ministros del próximo martes y trasladan ciertas reticencias a un texto al que, consideran, todavía le queda recorrido: "Está muy verde". 

Contra los "asalariados fantasma"

Díaz, sin embargo, se ha mostrado optimista durante el acto de firma del acuerdo, que espera poder sacar adelante en esta legislatura. "Hoy hacemos que nuestro país sea un poquito mejor. Porque desde hace décadas la juventud se ha encontrado un mundo laboral sin oportunidades que les faltaba al respeto y les dejaba a su suerte", ha celebrado Díaz. Un sistema que, según ha afeado la titular de Trabajo, usaba a los jóvenes en prácticas como "asalariados fantasma". 

Para Sordo, de CC OO, el acuerdo "podría haber sido sellado hace ya unos cuantos meses". En los 15 meses que ha durado la negociación, ha señalado, han primado la "flexibilidad" y renunciado a algunos puntos en pro del consenso y para que el texto saliese adelante. "Si hoy no es tripartito —ha añadido, en un claro mensaje a la patronal— es porque alguien ha decidido bajarse de la diligencia en el último momento". 

También desde UGT, Álvarez ha celebrado la futura norma que, ha señalado, pone "un broche" que quedó pendiente en la reforma laboral. "Es absolutamente necesario que podamos cumplir antes de que acabe la legislatura", ha urgido tras la firma del documento, en una declaración dirigida también a todos los grupos parlamentarios para que apoyen el documento. 

Por su parte, el secretario de Juventud de CC OO, Adrià Junyent, uno de los negociadores del acuerdo, ha querido hacer hincapié en el cambio de paradigma que propicia esta norma. "Hay una cultura empresarial asentada en este país con la temporalidad. Y pasa lo mismo con las prácticas. Las empresas y universidades se han acostumbrado a que seamos su mano de obra barata o casi gratis. Y ante esto, esta norma genera un marco jurídico y una nueva cultura", ha subrayado.

Rectores y patronal, en contra

Tanto la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) como la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) se descolgaron de la negociación por sus discrepancias con el texto que, tras varios borradores, en principio quedará como definitivo.

Para la patronal, la aprobación de esta norma "no es apropiada", en primer lugar, por la disolución de las Cámaras tras convocarse elecciones anticipadas. Tampoco la apoyan "por el fondo", pues cree que "limita tanto el número de horas e incrementa tanto la burocracia que perjudicará la formación práctica del alumnado". 

Como los empresarios, los rectores también se desmarcaron del nuevo estatuto del becario. Critican que no se haya tenido en cuenta su postura en la negociación: "Nada tienen que disponer sindicatos y patronal respecto del régimen jurídico de las prácticas académicas", alega CRUE. 

Claves de la norma

La norma regula las condiciones laborales de los estudiantes en prácticas y desarrolla un régimen jurídico que los ordena. El objetivo es delimitar los derechos y obligaciones de las empresas que acogen a los estudiantes en prácticas, así como de los propios jóvenes que las solicitan, para sortear la situación de precariedad a la que muchos se veían abocados. Establece, por ejemplo, un máximo de horas: del 25% de los créditos para las prácticas curriculares; y del 15% o 480 horas para las extracurriculares. 

Las empresas deberán, además, pagar una compensación económica a los estudiantes para cubrir gastos como el alojamiento, la manutención o el desplazamiento (a no ser que pongan los medios para ello o que la práctica sea remunerada). Además, del total de la plantilla, los becarios no podrán representar más del 20% (aunque sí se permite que haya dos para cualquier empresa). 

Las prácticas deberán ir acompañadas de un acuerdo entre el centro de trabajo y la institución educativa, con un plan de formación individual que delimite de forma clara las funciones que debe cumplir el estudiante. Funciones que, además, supervisará de forma exhaustiva la Inspección de Trabajo para evitar que se produzca el fenómeno de los falsos becarios (alumnos en prácticas que en realidad llevan a cabo el trabajo de un empleado más). 

Todo lo que quede fuera de ese plan de formación, ha incidido la ministra de Trabajo, "es actividad laboral a todos sus efectos". "Se ha acabado el tiempo de utilizar a las personas jóvenes como trabajadores de usar y tirar, de usar a los jóvenes en prácticas como asalariados fantasma", ha añadido. 

La norma recoge también un régimen sancionador a las empresas que incumplan los derechos de los alumnos reconocidos en el documento, con multas que pueden ascender hasta los 225.000 euros.