La repentina convocatoria de elecciones anunciada el lunes por el presidente Pedro Sánchez arroja dudas sobre el futuro de decenas de medidas e iniciativas legislativas en el ámbito económico aprobadas por el Gobierno durante la legislatura. La prórroga del paquete económico para amortiguar las consecuencias de la guerra o los descuentos en el Interrail quedan ahora en el aire tras la disolución del Parlamento que se producirá el próximo miércoles.
Por el mismo motivo, proyectos de ley en tramitación como la ley de función pública o la Autoridad del Cliente Financiero quedarán para siempre en un cajón, mientras que los partidos políticos no podrán introducir cambios en normas como la reforma de las pensiones o del sistema de cotización de los autónomos, ya convalidadas por el Congreso.
El próximo 30 de junio vencen algunas medidas clave del paquete de apoyo económico por las consecuencias de la guerra en Ucrania. Si el Gobierno no las renovara, cuando concluya junio dejarán de estar vigentes las ayudas del Estado a las comunidades para rebajar los abonos de transporte público hasta un 50%; la rebaja del IVA a los alimentos; la subvención al gasóleo de uso profesional o la limitación del precio máximo a la bombona de butano o al propano. Sin embargo, la eventual prórroga del paquete se produciría en un contexto diferente, con el Congreso de los Diputados —a quien corresponde convalidar los decretos para dotarlos de fuerza de ley y que no decaigan— disuelto.
Fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos y del Ministerio de Hacienda señalan a este periódico que la convocatoria no alterará los planes del Gobierno sobre la prórroga de las medidas. Los dos departamentos señalan que en junio se realizará una evaluación de las medidas y se decidirá cuáles siguen en vigor y cuáles no. Desde los dos ministerios coinciden en que aunque el Parlamento esté disuelto, la Diputación Permanente conserva la potestad de convalidar decretos e insisten en que durante el periodo hasta que se celebren las elecciones el Gobierno tendrá plenas funciones.
La convocatoria de elecciones arroja dudas también sobre lo que ocurrirá con la batería de medidas sociales anunciadas por Pedro Sánchez durante las semanas previas a las anteriores elecciones. El paquete de vivienda —avales del ICO a las hipotecas, movilización de 180.000 viviendas para alquiler social—; los descuentos estivales para jóvenes en el Interrail europeo y en autobuses y trenes en España o el plan de rebajar el cine a dos euros para los mayores de 65 años también quedan en el aire.
Fuentes del Ministerio de Transportes señalan a 20minutos que el paquete de vivienda ya fue aprobado en Consejo de Ministros y no necesita convalidación. El motivo, arguyen, es que se trata de préstamos, convenios y acuerdos entre ministerios que no necesitan del visto bueno de las Cortes. Desde Economía añaden que la movilización de 50.000 pisos de la Sareb para alquiler asequible tampoco corre peligro, pues se trata de acuerdos que tiene que cerrar Sareb con las autonomías que no hay que convalidar en el Congreso. En cambio, el decreto que recoge los descuentos del 50% al Interrail europeo y del 90% a trenes y autobuses para los jóvenes a partir del 15 de junio sí requieren del visto bueno de las Cortes, señalan. Una convalidación que, con las Cortes disueltas, quedaría en manos de la Diputación Permanente.
Sin cambios en pensiones o autónomos
Además, la disolución del Parlamento prevista para el próximo miércoles provocará que las más de 60 iniciativas legislativas en tramitación actualmente queden en un cajón para siempre. Esto tendrá consecuencias dispares. Por un lado, proyectos de ley como la ley de función pública —que introducía sistemas de evaluación a los empleados públicos y cambios en la promoción interna— o la Autoridad del Cliente Financiero decaerán definitivamente.
Otra derivada son los decretos ya aprobados por el Gobierno y que el Congreso convalidó, pero que actualmente se estaban tramitando como proyecto de ley para dotarles de este rango normativo. Es el caso de la reforma de las pensiones o del nuevo sistema de cotización por ingresos reales de los autónomos.
Estas normas, al haber sido convalidadas en el Congreso, no perderán su vigencia, pero los grupos políticos pierden la posibilidad de plantear enmiendas en el Congreso y el Senado. Es decir, se quedarán tal y como están. Este mismo fenómeno se da también con el decreto que desarrolla la prestación por desempleo para los artistas o de las empleadas del hogar, que también se encontraban en fase de tramitación.
Finalmente, la clausura de las Cortes dejará para la próxima legislatura medidas que no han llegado a pasar por el Consejo de Ministros, como la creación de un estatuto del becario —que no ha llegado a desarrollarse, pese a que se preveía en la reforma laboral— y la reforma de la jubilación parcial.
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