El Gobierno de coalición ya tiene su propuesta para culminar la reforma de las pensiones. Tras una primera pata en la que se garantizó el poder adquisitivo de los pensionistas -vinculando las prestaciones al IPC-, ahora llega la segunda, en la que el Ejecutivo deberá convencer a Bruselas de que el sistema español es sostenible a futuro.

¿En qué consiste la reforma?

Actualmente España gasta en pensiones una cuantía cercana al 12% de su PIB, pero las jubilaciones masivas previstas para los próximos años llevarán esa cifra por encima del 15% en 2050. La filosofía de la reforma es cubrir esa brecha, que ronda los 15.000 millones de euros anuales en términos de PIB de 2023, y a la vez reforzar el poder adquisitivo de los pensionistas. Para ello, el Gobierno plantea subir las cotizaciones sociales -especialmente las que pagan empresas y los salarios más altos- y a la vez ampliar el periodo de cálculo, mejorar las cuantías de las pensiones mínimas y ampliar la cobertura de lagunas y el complemento de brecha de género. 

¿Quién va a asumir los costes?

Como el planteamiento del Gobierno es evitar cualquier tipo de recorte, el coste de la reforma recaerá sobre los salarios -especialmente los más altos- y, fundamentalmente, sobre las empresas que absorberán la mayor parte del impacto del alza de las cotizaciones. Desde Seguridad Social arguyen que el aumento de costes laborales que supondrá esta medida no restará competitividad a las empresas, algo con lo que la patronal no está de acuerdo. 

¿Cuánto me va a subir la cotización si estoy trabajando?

La subida de las cotizaciones que plantea el Ejecutivo se estructura en tres partes. Por un lado, está el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), un incremento en la cotización de 0,6 puntos que ha entrado en vigor ya en 2023 pero que se reforzará progresivamente a partir del año que viene hasta alcanzar 1,2 puntos en 2029. El MEI afectará a todos los trabajadores, pero el mayor coste (en torno al 80%) recaerá sobre las empresas. Este sistema estará en vigor hasta 2050. 

Carlos Gámez

Al margen del MEI, el plan del Gobierno prevé destopar las bases máximas de cotización. Actualmente, las cotizaciones sociales se aplican sobre una cuantía de 53.956 euros anuales. Todo el salario que queda por encima queda exento. Con la reforma, ese importe se irá ampliando progresivamente a partir del año que viene hasta alcanzar un incremento del 38% acumulado en 2050, a lo que habría que sumar también el IPC. A partir de 2050 habrá subidas adicionales.

Y, como colofón, la parte de los salarios que siga por encima de esa base máxima tendrá que pagar lo que el Gobierno ha bautizado como "cuota de solidaridad". Un recargo sobre la parte del salario que supere la base máxima que empezará con un 1% en 2025 y se ampliará paulatinamente hasta el 6% en 2045. Esta cuota la pagarán íntegramente las empresas.

¿Cómo quedan las pensiones máximas?

El aumento de las bases máximas provocará que los asalariados con rentas más altas paguen más cotizaciones. Por ello, el destope vendrá acompañado de una subida de la pensión máxima. Sin embargo, el incremento de esta prestación será algo menor al de la base máxima. Mientras que las bases máximas crecerán un 38% más la inflación hasta 2050, la pensión máxima lo hará un 35% al que habría que sumar el incremento de los precios. A partir de 2050 también habrá subidas adicionales.

¿Y las mínimas?

Una de las novedades más significativas que introduce el planteamiento del Gobierno es vincular las pensiones mínimas (sean o no contributivas) a la renta de los hogares. Una fórmula parecida a la que se ha empleado para elevar el salario mínimo hasta el 60% de la retribución media del país. La reforma propuesta plantea que la pensión mínima de una persona con cónyuge a sus cargo alcance el 60% de la renta mediana (la que divide a los hogares en dos mitades equivalentes) entre 2024 y 2027. En el caso de las no contributivas, el objetivo es que alcancen el 75% del umbral de la pobreza para un hogar unipersonal. 

PSOE y Unidas Podemos acuerdan ampliar hasta 29 años el periodo para calcular las pensiones y subir las cotizaciones

¿Cómo se calculará la pensión cuando me jubile?

El principal punto de discrepancia para cerrar la reforma ha sido la modificación del periodo de cómputo de la pensión. Es decir, los años que tiene en cuenta la Seguridad Social para calcular la pensión inicial que recibe un recién jubilado. La fórmula acordada plantea un esquema mixto. El trabajador podrá elegir que se le aplique el periodo actual (los últimos 25 años cotizados antes de jubilarse) o que se tengan en cuenta los 29 años anteriores a jubilarse con la posibilidad de descartar los dos peores. Esta segunda opción está pensada para beneficiar a los trabajadores más jóvenes que previsiblemente tendrán carreras laborales más irregulares y precarias que sus padres y se empezará a desplegar a partir de 2026.

¿Qué pasa con mi pensión si hay años que no trabajé?

El acuerdo también pone el foco en una vieja reivindicación de los sindicatos: las lagunas de cotización. Las lagunas son esos años 'en blanco' en los que un trabajador no cotiza porque cae en el desempleo (sin prestación) o se retira del mercado laboral, por ejemplo para dedicarse a cuidar a un familiar. Actualmente, el sistema cubre esos huecos aplicando la base mínima de cotización durante los primeros cuatro años de lagunas, pero después la cuantía se reduce a la mitad. Con la reforma, las mujeres percibirán el 100% de la base mínima durante los primeros cinco años y la caída se mitigará al 80% entre el quinto y el séptimo.

Además, se reforzará el complemento de brecha de género con un incremento del 10% adicional a la revalorización anual de la pensión durante 2024 y 2025.

¿Qué opinan los empresarios y la oposición? 

Las patronales empresariales han expresado ya su "frontal oposición" a la reforma y acusan al Gobierno de "voracidad recaudatoria" por la subida de las cotizaciones. Un incremento que, sostienen, mermará los salarios de los trabajadores y pondrá en peligro la creación de empleo. En la misma línea se ha expresado Juan Bravo, vicesecretario de Economía del PP, que ha destacado que se trata de un acuerdo interno y ha reprochado al Ejecutivo que introduzca "un nuevo impuesto al trabajo".

¿Saldrá adelante la reforma?

Por el momento, la propuesta no deja de ser un acuerdo de la coalición. El siguiente paso de cara a su tramitación lo afrontará el lunes, cuando Seguridad Social, sindicatos y patronal se volverán a sentar a negociar el texto. Si el acuerdo recibe el visto bueno de los sindicatos, que en principio lo han valorado positivamente, el texto se elevará al Consejo de Ministros y se llevará al Pacto de Toledo, la comisión parlamentaria del Congreso donde se debaten los asuntos de pensiones.

Sin embargo, está por ver que el Ejecutivo consiga reunir los apoyos necesarios para que el Parlamento de su visto bueno. Por lo pronto, uno de los socios parlamentarios habituales del Gobierno, EH Bildu, considera que la propuesta "es un avance, pero insuficiente". El PNV está a la espera de ver la "letra pequeña", mientras que en ERC ven "noticias buenas" en el planteamiento, pero advierten de que vienen de un ministerio "que incumple" con el ingreso mínimo vital.