Los dos sindicatos con más representatividad en España, UGT y CCOO, ven avances "significativos, pero insuficientes" en el anteproyecto de Ley de Función Pública, actualmente en fase de tramitación parlamentaria en las Cortes. La introducción de esta ley está pendiente desde 2007 y forma parte de las reformas comprometidas con la Comisión Europea para recibir los fondos de recuperación. Las dos centrales han defendido este jueves en una rueda de prensa conjunta que no darán su aval al texto "si no se consolidan los derechos del personal público de la Administración General del Estado".

El texto introduce algunas novedades que han levantado cierta polémica entre los profesionales de la Administración General del Estado. La primera es la introducción de un mecanismo de evaluación del rendimiento de los funcionarios, que en caso de obtener resultados negativos puede llevar a que el empleado público pierda su puesto de trabajo (aunque en ningún caso perdería su estatus de funcionario). 

La segunda es una reforma en el sistema de promoción interna, que introduce un modelo mixto en el que no solo se tienen en cuenta los conocimientos para obtener el puesto, también se evaluarán las competencias profesionales. Algo que no ha sentado bien entre los cuerpos de altos funcionarios del Estado, que creen que la simplificación de estos procesos supondrá "una drástica merma en la cualificación de los candidatos". 

Las dos centrales sindicales han introducido alrededor de 250 enmiendas al texto para tratar de mejorarlo. Entre las reivindicaciones más destacadas están recuperar la jornada de 35 horas semanales (algo que parece factible tras la eliminación de las limitaciones a esta medida que establecía Función Pública) y que se derogue la supresión de la jubilación parcial para los funcionarios.

Los cuerpos superiores de funcionarios avisan de una "drástica merma" en la cualificación a causa de la reforma de la promoción interna

Los sindicatos han hecho especial hincapié en el proceso de evaluación por desempeño de los empleados. En concreto, exigen que se elimine por completo del texto la posibilidad de que el empleado público pierda su puesto de trabajo si acumula varias evaluaciones de desempeño negativas. "No podemos permitir que se pueda realizar estas limitaciones de derechos", ha señalado Elisa Fernández, secretaria general de CC OO en el sector de la AGE.

También han insistido en que debe existir representación sindical en la comisión que valorará el desempeño de los empleados y en que no se puede juzgar con los mismos criterios a los funcionarios de todos los ministerios. La cuestión de la evaluación es especialmente relevante, pues la nueva ley contempla un nuevo complemento salarial por desempeño (llamado a sustituir a la productividad) que está ligado a esa valoración.