El Parlamento Europeo acaba de dar su primer paso formal como uno de los actores que negociará -con los Estados miembros, en el Consejo de la UE- la reforma del mercado de la electricidad con el informe de ponencia sobre el que pivotará su posición y que reclama que estén prohibidos en la UE los cortes de suministro eléctrico por impago y que los gobiernos europeos diseñen medidas de apoyo en verano y en invierno, cuando se produce más consumo energético, para evitar que las facturas se disparen en los hogares más vulnerables.

Estas son dos de las 186 enmiendas a la propuesta de reforma del mercado de la electricidad de la Comisión Europea que figuran en el informe del ponente del Parlamento Europeo, el socialista español Nicolás González Casares. A partir de este documento, se abre ahora el debate en el comité de Industria, Investigación y Energía del Parlamento, que está previsto que, tras introducir las enmiendas que sea oportuno, vote en julio una posición común, que ya incluirá a todos los grupos políticos. Cuando en septiembre sea refrendada por el Pleno de la Eurocámara, esa será la posición con la que esta institución negociará con el Consejo de la UE, en representación de los gobiernos, para aprobar la reforma.

Así pues, este informe del ponente es un primer paso en el que queda claro que, una vez más, el Parlamento Europeo tiene intención de velar por los intereses de los consumidores, y especialmente de los más vulnerables, de forma más intensa que lo que se refleja en la propuesta de la Comisión Europea.

En este sentido, una de las enmiendas que introduce es la obligación de que los gobiernos europeos no puedan cortar el suministro eléctrico a hogares vulnerables o afectados por la pobreza energética, como una forma de garantizar el derecho de los ciudadanos a tener suministros con el que cubrir sus necesidades básicas. 

Esta era una reclamación que desde meses ha buscado la Alianza contra la Pobreza Energética, con reuniones con sus socios europeos con miembros de la Comisión y del Parlamento europeos. Lograron que la Comisión contemplara en su propuesta inicial de reforma que los consumidores vulnerables tienen que ser "protegidos adecuadamente" y no ser puestos en "posición que les fuerce a desconectarse". Esta primera posición del Parlamento va más allá y pide prohibir los cortes. También, que los gobiernos europeos estén obligados a adoptar "medidas específicas" en verano y en invierno -cuando se consume más energía- para ayudarles a gestionar su consumo y evitar que les lleguen facturas tan elevadas que no puedan pagar.

Aunque en España ya hay, a ojos del ponente el mercado europeo debería contemplar que los hogares en todos Estados miembros pueden recurrir a un suministrador de último recurso, al que puedan acogerse también las pequeñas y medianas empresas. En caso de cambio, el consumidor debe tener tiempo suficiente para encontrar otro y no un plazo limitado a seis meses como planteaba la Comisión.

Varios contratos y almacenamiento

En cuanto a los consumidores de energía con carácter general, González-Casares plantea una serie de elementos adicionales a la propuesta de la Comisión, que considera "constructiva" pero "insuficiente". De manera amplia pide más transparencia sobre la formación de precios de la electricidad. Pero también introduce particularidades en una de las propuestas más novedosas para los hogares, la posibilidad de que los consumidores puedan firmar distintos tipos de contratos, dependiendo del uso que vayan a dar a la electricidad, por ejemplo, para recargar el coche eléctrico o para utilizar la bomba de calor que debe sustituir a las calderas de gas. Se abre la posibilidad de firmar contratos a un precio fijo en unos casos y de precios dinámicos cuando esta opción sea más favorable.

Para ello, Bruselas advierte en primer lugar de que cada hogar deberá disponer de un contador digital inteligente y el ponente del Parlamento Europeo pide que se puedan utilizar los ya instalados si permiten mediciones individuales para evitar "inversiones innecesarias". También redunda en el derecho de los consumidores las enmiendas que buscan obligar al suministrador de electricidad a mantener los términos del contrato hasta que expire, que no pueda modificar unilateralmente las condiciones ni darlo por concluido antes.

Almacenamiento y subastas

El socialista español retoma en su informe de ponencia una idea que tenía mucho más peso en la propuesta que elaboró el Gobierno español y que no fue recogida en el mismo grado por la Comisión, para que junto a mercado de demanda de electricidad haya otro de almacenamiento. Apuesta por que cada país de la UE fije objetivos nacionales de almacenamiento de electricidad, separados de los objetivos para responder a la demanda y que, a nivel europeo, la Comisión proponga un nivel mínimo de almacenamiento.

Dentro del almacenamiento de electricidad, González Casares afirma que las baterías de los coches eléctricos juegan un papel importante y plantea que se tengan en cuenta dentro de los mecanismos de flexibilidad y haya obligaciones en las funcionalidades de carga bidireccional. Es decir, que una batería de un vehículo sirva para suministrarle electricidad pero también para almacenarla y emplearla en otros usos si no vamos a utilizar el coche y la luz está cara.

Coto a compartir electricidad

Otra gran novedad de la futura reforma es que la UE vaya a reconocer el derecho a compartir la electricidad que generen hogares o pequeñas empresas en sus instalaciones de autoconsumo. En este punto, sin embargo, González-Casares trata de ser más restrictivo que a Comisión para poner un límite a quiénes pueden participar en usos compartidos de la energía, al considerar que el "todos" que figura en la propuesta de la Comisión dé lugar a que "actores poco escrupulosos" puedan escapar mediante esta vía destinada a hogares, empresas y organismos públicos a las obligaciones que tienen los productores de electricidad.

Así, el ponente plantea que el derecho a compartir electricidad se limite a instalaciones que no superen los 100kW de potencia y no se aplique a empresas cuya actividad principal sea precisamente la generación de electricidad. Cuando el proyecto para compartir electricidad sea de entidades públicas, al menos un 20% deberá destinarse a hogares vulnerables.

Crisis de precios y tarifas reguladas

El ponente del Parlamento Europeo tratará de reforzar las medidas que la Comisión plantea en su propuesta de reforma para determinar en qué momento los Estados miembros tendrán permitido introducir tarifas reguladas de la luz que esté incluso por debajo del coste para ayudar a sus hogares y empresas. Gonzalez Casares fija el pistoletazo de salida de esta situación de crisis cuando los precios minoristas -al consumidor- de la electricidad suba un 70% durante seis meses y la economía se vea negativamente afectada, un tope menos exigente que el que proponía Bruselas, para esperar a que los precios mayoristas se incrementen dos veces la medida de los últimos cinco años durante tres meses.

También ante una crisis de precios de la electricidad, el ponente plantea hacer que el límite de 180 euros MWh para los beneficios de las energías renovables que la UE acordó de forma temporal se mantenga, como una "válvula de escape", como un instrumento al que recurrir cada vez que los precios se disparen por encima.

Quedarían fuera de esta obligación los suministradores de electricidad renovable en países que tengan un límite inferior, como España con la minoración de 67 euros MWh, y los países deberían utilizar este instrumento para financiar medidas que, sin plantear cómo podrían costearse, plantea la Comisión para aliviar un pico de precios en los consumidores, como las taridas reguladas.

También plantea que los países prioricen en los consumidores vulnerables en el reparto de los ingresos que obtendrían los Veintisiete con las subastas de renovables, un instrumento en el que incide España y al que la Comisión no da tanta importancia, como países como Francia o Alemania, que favorecen la firma de contratos privados  de energía (PPA, por sus siglas en inglés). 

Interconexiones

El ponente del Parlamento Europeo defiende que las subastas reguladas de renovables (los llamados Contratos Bidireccionales por Diferencias, CfDs) son una manera de proporcionar "precios más estables" y también como una solución a la reclamación que hacen particularmente los productores de eólica, que ven que en días de mucho sol la electricidad se paga a cero euros. Piden un precio mínimo y González Casares ve también las subastas reguladas una manera de garantizar su remuneración y de dar "certidumbre a los productores", porque se les ofrece generar electricidad durante 10 o 12 años a un precio que no alcanzará los picos pero siempre será superior a cero. 

En todo caso, el modelo preferido por la Comisión Europea y países como Francia o Alemania para cerrar contratos a plazo de electricidad son los PPAs, que González-Casares cree que deberían simplificarse para que también pequeños productores y consumidores, como PYMEs, puedan acceder a ellos, para lo que plantea estandarizarlos y crear una plataforma para el comercio de PPA.

Por otra parte, el ponente de la Eurocámara en la reforma del mercado europeo de la electricidad incluye varias enmiendas relacionadas al objetivo mínimo de interconexiones eléctricas entre los países de la UE, en las que España está muy por debajo del objetivo del 10% que se marcó para 2020 y del 15% fijado para 2030. El eurodiputado español explicita en su informe de ponencia la necesidad de alcanzar ese objetivo de interconexión dentro de siete años.