Las reglas fiscales han vuelto. La Comisión Europea ha planteado esta semana un primer texto firme que plantea obligar a un ajuste del 0,5% del PIB a todos los países que, como España, incumplan los límites de déficit. Es por eso que el Gobierno ha reaccionado rápido reduciendo la previsión del déficit del próximo año, aunque no tocará el de este curso. Así, se reserva todavía un importante colchón económico para seguir tomando medidas, con la vista puesta en los precios de la alimentación, la gran asignatura pendiente del presidente Pedro Sánchez desde que comenzara el delirio inflacionario derivado de la guerra de Ucrania.

Lo presentado por Bruselas, que todavía debe recibir el visto bueno del Consejo Europeo y la Eurocámara, pasa por obligar a los Estados que registren déficits superiores al 3% del PIB a tomar ajustes presupuestarios de, al menos, el 0,5% del producto interior bruto cada año. En el caso español, esto supondría una reducción en el déficit de 6.600 millones en términos de contabilidad nacional de 2022. El Ministerio de Hacienda, comandado por María Jesús Montero, reaccionó rápido y, un día después de conocerse públicamente la propuesta europea, aseguró que el déficit del Estado se reduciría al 3% en 2024, para caer al 2,7% en 2025 y al 2,5% en 2026. Ese mismo año, además, el saldo entre el ingreso y el gasto público descontando el pago de intereses de la deuda será positivo.

Eso sí, Montero confirmó que la previsión del déficit para este curso se mantenía intacta en un 3,9%. Fuentes cercanas a la ministra presumen de ello y aseguran que en Europa "ha habido un cambio de paradigma" económico. A su juicio, ha ganado la tesis que defiende que, cuando se produce una gran caída del PIB —como ha sido el caso en la guerra de Ucrania o, antes, con la pandemia— no se debe recortar, sino que el Estado debe funcionar como motor de la economía. Para, también así, sustentarla.

El Gobierno se guarda un 'colchón' de 2.600 millones para más medidas económicas a las puertas de las elecciones de mayo

Destaca el entorno de la ministra, además, que esta tesis se sustenta con datos. En 2020, el déficit se situó en el 10,1% por las medidas tomadas para proteger el empleo durante el coronavirus. En dos años, el Gobierno lo ha logrado rebajar más de cinco puntos porcentuales. "Es el mayor descenso de la historia para un periodo tan corto", dicen otras fuentes de Moncloa. Además, la buena marcha de la recaudación impositiva logró que el año pasado España dejara un déficit presupuestario del 4,8% del PIB, dos décimas menos que el objetivo planteado por el Gobierno.

Esto dejó un remanente de 2.654 millones de euros que el Ejecutivo finalmente se inclina por emplear en reforzar las medidas de apoyo a familias y empresas cuya economía ha quedado deteriorada cuando se cumple ya más de un año y medio con una alta inflación. Es lo que apuntan las fuentes de Hacienda consultadas. Eso sí, no concretan ni cuáles serán ni cuándo, aunque se prevén más pronto que tarde. Cabe recordar que hasta ahora el Gobierno ha invertido 45.000 millones en ayudas y que el actual plan caduca el próximo mes de junio.

Lo que está claro es que la gran asignatura pendiente del Ejecutivo es la cesta de la compra. Cierto es que la inflación se ha rebajado —desde el pico interanual del 10,8% alcanzado en julio cayó al 4,1% en abril—, pero la subyacente, en la que la cesta de la compra tiene un peso muy importante, sigue disparada. La última lectura, conocida el pasado viernes, fue de un 6,6%. Aunque el Ejecutivo cree que ya se dan las condiciones para que los precios de los alimentos empiecen a caer, los datos que llegan del INE no terminan de reflejarlo. La cesta de la compra era el pasado marzo todavía un 16,5% más cara que en el mismo mes de 2022.

El Gobierno tomó medidas para aplacar la inflación alimentaria en enero. La más destacada fue una rebaja del IVA a determinados alimentos básicos que, no obstante, tuvo un efecto discreto: apenas redujo la inflación alimentaria dos décimas. También se han concedido ayudas al sector agroalimentario para tratar de paliar las fuertes subidas de costes que han sufrido en materias primas como los fertilizantes. Sin ir muy lejos, el pasado martes, el ministro de Agricultura, Luis Planas, aprobó un nuevo paquete de ayudas a los agricultores para paliar el efecto de la sequía.

Mientras tanto, Hacienda mira de reojo la propuesta de la Comunidad Valenciana de lanzar un cheque de 90 euros de un solo pago. Ya en vigor, se da esa cantidad en un bono de consumo para familias residentes en la autonomía con rentas inferiores a los 21.000 euros y es compatible con la ayuda de 200 euros del Gobierno central. Según las fuentes de Hacienda consultadas, el Ejecutivo de Sánchez contempló su implantación a nivel estatal, pero terminó siendo descartado. Montero duda de su eficacia y, sobre todo, de su impacto en el pequeño comercio. No obstante, la ministra ya no es tan tajante como hace días y su entorno defiende ahora que estudiarán cómo va su implantación en la población valenciana.

Resucitar el pacto de rentas

El prolongado ciclo inflacionario ha hecho mella en los bolsillos de los españoles, mientras las empresas están conservando, en líneas generales, sus márgenes de beneficios. En esta coyuntura, Sánchez hizo un llamamiento el pasado martes a los empresarios para que vuelvan a sentarse a negociar con los sindicatos un marco para subir los salarios. El Ejecutivo considera que ya ha cumplido su parte al blindar la revalorización de las pensiones y alcanzar un acuerdo para subir los salarios públicos. 

CEOE y las centrales sindicales retomaron las conversaciones el pasado marzo tras casi un año sin sentarse a la mesa, pero no han logrado ningún avance. Los sindicatos han amenazado a la patronal con convocar movilizaciones si los empresarios no presentan una propuesta antes de que concluya el mes, pero desde la patronal se sienten cómodos con el enfoque actual de negociar la mejora en las retribuciones convenio a convenio.