El Gobierno se guarda un as bajo la manga. La recaudación impositiva récord ha mejorado las previsiones de Hacienda y deja un pequeño balón de oxígeno de alrededor de 2.650 millones de euros que el Ejecutivo se plantea si desplegar en "mayo o junio" en forma de ayudas para mitigar la inflación. El cierre de 2022 dejó un déficit presupuestario del 4,8% del PIB, dos décimas menos que el objetivo planteado por el Gobierno, lo que deja un remanente de dos décimas de PIB (esos 2.654 millones) a su discreción.

Unos restos que se podrían destinar a aliviar las maltrechas finanzas públicas de España —con una deuda que supera el 113,2% del PIB— de cara a un 2024 en el que volverá la disciplina presupuestaria tras cuatro años de pausa. Pero que también se podrían emplear en reforzar las medidas de apoyo a familias y empresas cuyas finanzas han quedado deterioradas tras más de un año y medio de fuerte inflación agravada por las consecuencias de la guerra en Ucrania.

Este es el dilema que afrontan los ministerios económicos del Gobierno y esbozó el miércoles pasado la responsable de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero. "Si la inflación se normaliza, podremos utilizar ese incremento de la recaudación en la mejora de nuestro saldo fiscal. Pero si todavía las familias y empresas siguen en dificultades, emplearemos esos recursos en seguir ayudando a las familias como venimos haciendo desde el inicio de esta crisis", expresó Montero el pasado jueves tras dar a conocer el cierre presupuestario de 2022. 

Uno de cada cuatro euros de las medidas contra las consecuencias de la guerra se fue a subvencionar las gasolinas

Ese colchón puede ser munición valiosa en un año en el que el Ejecutivo se ha puesto una meta fiscal más exigente (déficit del 3,9%) y en el que se espera que el fuerte aumento de la recaudación fiscal de los últimos dos años se modere considerablemente. Además, no conviene olvidarlo, hay dos citas electorales que definirán el escenario político del país durante los próximos cuatro años.

Como referencia, ese remanente de 2.654 millones de euros es cuatro veces más que lo que costará la rebaja del IVA a los alimentos (661 millones, según cálculos de Hacienda) y tres veces más que lo que se gastó el año pasado en ayudas directas a empresas agrícolas, de transporte e intensivas en energía.

Montero sostiene que este "colchón adicional" de dos décimas se pondría en marcha "en las medidas que fuera necesario arbitrar si comprobamos que los datos de la inflación siguen persistiendo", aunque no da pistas sobre lo que entiende por una inflación persistente. La ministra no quiere anticipar los acontecimientos y no planteará novedades o prórrogas hasta que se vuelva a analizar la situación "en mayo o junio".  

El timing será clave. Las elecciones municipales y autonómicas se celebrarán el 28 de mayo, apenas un mes antes de que venzan varias de las medidas que se introdujeron o prorrogaron en el último decreto. Entre ellas, la rebaja del IVA a los alimentos, la subvención al gasóleo profesional para el transporte por carretera o el apoyo financiero a las comunidades autónomas y entidades locales para abaratar los abonos de transporte público al 50%. En cambio, toda la rebaja fiscal de la energía —incluido el mecanismo ibérico— , la gratuidad de Cercanías, Rodalies y media distancia o la subida del 15% de las pensiones no contributivas y el IMV estarán vigentes lo que resta de año. 

Inflación difícil de prever

La compleja coyuntura económica a la que se enfrenta Europa, plagada de incertidumbres y con una guerra en su patio trasero, hace que sea difícil prever lo que ocurrirá con los precios en los próximos meses. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, viene advirtiendo en las últimas semanas de que la inflación mostrará una "alta volatilidad" en los primeros meses del año.

Y aunque el dato de marzo, publicado el pasado jueves, reflejó una fuerte caída en la inflación hasta el 3,3%, las presiones sobre los precios parecen lejos de haber terminado. Según las previsiones de Funcas, el IPC interanual tocará suelo en junio y volverá a repuntar a partir de ese mes, aunque de forma mucho más leve que cuando estalló la guerra. Por su parte, la inflación subyacente —que en España está muy afectada por el precio de los alimentos— se reducirá lentamente desde el 7,5% interanual registrado en marzo hasta un 5,2% ya en diciembre.

La rebaja del IVA de los alimentos solo redujo la inflación dos décimas, su efecto se ha diluido ya y los precios seguirán al alza

La preocupación número uno se ha convertido en la inflación de los alimentos, que sigue sin tocar techo tras trece meses consecutivos de subidas. La última lectura del IPC arrojaba una subida del 16,6% en alimentos y bebidas en febrero comparado con el mismo mes del año pasado. La rebaja del IVA a algunos productos básicos se ha demostrado insuficiente y por ahora el discurso del Gobierno es que las medidas adoptadas todavía tienen recorrido y que están prestando especial atención a los márgenes empresariales en toda la cadena de valor.

22.200 millones gastados solo en 2022

Desde que los precios comenzaron a desbocarse a partir de la segunda mitad de 2021, el Gobierno ha aprobado tres grandes decretos con medidas de apoyo a hogares y empresas. Ayudas que han supuesto un impacto en las arcas públicas de alrededor de 35.000 millones de euros, de los cuales 22.200 (un 1,7% del PIB) correspondieron al año pasado. Y eso sin contar los 10.000 millones de euros en avales del ICO.

En previsión al buen avance de la recaudación tributaria observado ya a finales del año pasado, el Ejecutivo planteó a Bruselas un plan presupuestario en el que se reservaba 20.000 millones de euros de ingresos extra para gastar en medidas de apoyo en 2022 y 2023. De ellos, 10.617 en 2022 y otros 11.349 con vistas a adoptar medidas y prorrogarlas también en 2023. Buena parte del remanente para 2023 ya se ha consumido en el último decreto y, con un objetivo de déficit más ajustado que el año pasado, cualquier balón de oxígeno es bien recibido.