El importante esfuerzo fiscal para amortiguar el impacto que ha tenido la guerra de Ucrania sobre hogares y empresas ha costado a las arcas públicas 22.217 millones de euros en 2022. O lo que es lo mismo, un 1,7% del PIB nacional. Sin embargo, uno de cada cuatro euros de todo lo presupuestado se destinó a bonificar las gasolinas, una medida que, si bien disfrutó toda la ciudadanía, benefició especialmente a las rentas más altas, como han constatado la Airef o el Banco de España. No obstante, las ayudas directas a los hogares y la rebaja de impuestos a la energía —más equilibradas— supusieron un 70% del esfuerzo presupuestario.

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, desglosó el jueves el monto total recogido en los tres decretos de apoyo económico a hogares y empresas para mitigar el impacto de la invasión de Ucrania. El Gobierno se ha gastado casi 15.500 millones de euros en ayudar a las familias y compañías y ha dejado de ingresar casi 7.000 millones, fundamentalmente por las rebajas fiscales a la energía. El coste de las medidas duplica el impacto de la inflación en los ingresos, que Montero ha cifrado en un tercio del aumento de la recaudación tributaria registrado el año pasado (10.700 millones).

Por el lado del gasto, dos tercios de los 15.494 desembolsados se ha ido a sufragar ayudas a hogares y a subvencionar las gasolinas. Según explicó la ministra, las ayudas directas a hogares como son el bono social eléctrico o el cheque de 200 euros supusieron un gasto de 6.216 millones en 2022. Por su parte, el descuento de 20 céntimos a las gasolinas implicó un desembolso de 5.752 millones de las arcas públicas durante los nueve meses que estuvo en vigor. 

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Además, se destinaron 571 millones de euros en ayudas a Renfe para la gratuidad de los trenes de cercanías y media distancia; se concedieron 1.200 millones en subvenciones a refugiados ucranianos y se gastó un total de 1.755 millones en ayudas directas a empresas agrícolas, de transporte y las que más dependen de la energía para producir.

Por el lado de los ingresos, el Estado ha dejado de percibir una cuantía que ronda los 7.000 millones de euros, pero que la ministra Montero no ha detallado con precisión. De estos cerca de 7.000 millones, prácticamente la totalidad (6.636) corresponden a las rebajas de impuestos a la energía, según se desprende del informe mensual de recaudación tributaria de diciembre. 

La medida fiscal más costosa fue la supresión del impuesto a la generación, por la que se dejaron de percibir 3.399 millones de euros, un tributo que grava la actividad de las empresas energéticas. La bajada del impuesto especial eléctrico al mínimo legal supuso una pérdida de ingresos de 1.705 millones. Una cuantía que se redujo a 1.313 millones por la reducción del IVA eléctrico y otros 219 por la rebaja a este impuesto en gas natural, madera y pellets.  

Medidas progresivas, pero poco focalizadas

Desde que los precios de la energía comenzaran a dispararse a mediados de 2021, cuando se adoptaron las primeras rebajas fiscales, el Ejecutivo ha gastado y ha dejado de ingresar un total de 35.000 millones de euros de fondos públicos. Una cuantía equivalente al 3,4% del PIB de 2022. Y aunque en general el impacto de las medidas ha sido progresivo —es decir, ha beneficiado más a las rentas bajas que a las altas— los decretos han estado poco focalizados.

Desde diferentes organismos como el FMI, la OCDE o la Airef se ha solicitado en varias ocasiones que se eviten las medidas generales y se sustituyan en lugar por otras más focalizadas. En especial en lo que respecta a las medidas energéticas que, según su criterio, desincentivan el ahorro y distorsionan las señales de precios. 

En octubre, un análisis detallado de la Airef concluyó que la subvención al combustible beneficiaba especialmente al 20% de los hogares con más renta de España, que son los que más cantidades consumen, y especialmente poco al 10% más pobre. El Banco de España llegó a la misma conclusión y aseveró que esta medida "destaca por su falta de focalización en los hogares más vulnerables". La otra medida estrella —la rebaja fiscal eléctrica— beneficia por igual a todos los niveles de renta.

Pero las medidas que verdaderamente centran su impacto en los más vulnerables han sido la subida temporal del 15% del ingreso mínimo vital y las pensiones no contributivas, el bono social térmico y el cheque de 200 euros a las rentas de hasta 27.000 euros.