La Comisión Europea ha presentado este miércoles su primera propuesta formal para reformar las reglas fiscales europeas. Tras casi medio año de debate, el Ejecutivo europeo ha desvelado el texto que, entre otras medidas, quiere obligar a todos los países con déficits superiores al 3% del PIB a introducir un recorte de gasto de al menos el 0,5% del producto interior bruto cada año. Una condición que, hasta ahora, solo se aplicaba a los Estados inmersos en un Procedimiento de Déficit Excesivo.

Los cálculos del Gobierno español prevén que el desequilibrio en las cuentas del país supere el 3% al menos hasta 2025. Por tanto, de salir adelante la reforma, España se vería obligada a adoptar medidas de ajuste en el gasto a partir de 2024, cuando las reglas fiscales volverán a estar activas tras cuatro años en suspenso. No obstante, el Ejecutivo presentará previsiones fiscales nuevas antes de que acabe esta semana que darán una imagen mucho más cercana de la posición de partida para el ajuste.

La propuesta que ha presentado este martes la Comisión mantendrá inalterados los umbrales máximos de deuda y déficit (60 y 3% del PIB, respectivamente) que recogen las reglas fiscales ahora vigentes, pero suprime la exigencia de reducir la ratio de deuda a razón de un 5% anual a los países que superen esas referencias. En su lugar, se aplicará  una hoja de ruta adaptada a la situación de cada país que recogerá unos objetivos de reducción de deuda.

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Esta es, precisamente, una de las grandes novedades que incluye la propuesta de la Comisión: un cambio de enfoque en la forma en que se hacen los ajustes para dar más protagonismo a los países afectados. Bruselas plantea ahora que los Estados que superen los umbrales de deuda y déficit pacten planes de ajuste personalizados con la Comisión que se extenderían por un periodo de cuatro años. Hasta el momento, las reglas fiscales actuales plantean un mismo enfoque para todos los Estados miembros, sea cual sea su situación financiera. Estos planes fiscales se centrarán en objetivos de gasto y dejarían atrás las métricas actuales, más variadas, confusas y complejas.

Los planes de ajustes deben incluir objetivos fiscales y reflejar las medidas que se adoptarán para corregir los desequilibrios. Todo ello se plasmará en una "trayectoria técnica" que deberá asegurar que la deuda se reduce en el plazo acordado hasta los niveles pactados y que el déficit cae por debajo del 3%. Para aquellos países que se comprometan a acometer reformas e inversiones específicas para afrontar los desequilibrios, existe la posibilidad de ampliar el plazo de ajuste hasta un máximo de siete años.

Además, para asegurar que los gobiernos no se desvían de sus sendas de ajuste en la deuda, la Comisión podrá abrir Procedimientos de Déficit Excesivo que, en última instancia, pueden acarrear multas. Las penalizaciones ascenderán a un máximo del 0,05% del PIB del Estado incumplidor y se podrán aplicar cada seis meses hasta alcanzar un máximo del 0,5%. En el caso de España, una multa de estas dimensiones ascendería a 660 millones de euros, que podría llegar a alcanzar un máximo de 6.600 millones. El Procedimiento de Déficit Excesivo tradicional, que se aplica cuando el desequilibrio en las cuentas supera el 3% no cambiará y no se adoptan medidas correctoras, no cambiará.

En general, el proyecto de reforma busca simplificar una normativa que ha sido ampliamente criticada por su complejidad, atender a las necesidades particulares de los Estados miembros y, así, fomentar el cumplimiento de la normativa fiscal.

Rechazo de Alemania 

El texto de la Comisión pasará ahora por el Consejo de la UE y deberá ser ratificado en última instancia por el Parlamento Europeo. Un proceso que, en principio, debería quedar cerrado antes de que acabe el año, pero que se antoja complicado. Entre otras razones, por la abierta oposición que ha mostrado el gobierno alemán a puntos clave de la reforma. 

El rechazo alemán quedó plasmado tras la publicación el pasado martes de una opinión al respecto del ministro de Finanzas, Christian Lindner, en el Financial Times. Lindner planteaba la posibilidad de dejar las reglas fiscales tal y como están si la reforma "no establece mejoras significativas". En particular, el gobierno alemán se opone a que los ajustes fiscales se puedan pactar de manera bilateral entre los países e insiste en que el trato debe ser "igual para todos". "Reformar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento [el nombre de la norma que recoge las principales reglas fiscales] no puede ser un fin en sí mismo. Solo es aceptable si hacemos mejoras significativas. En caso contrario, cambiar las reglas no sería recomendable", señalaba Lindner.

Casi la mitad de la UE incumple

Los países europeos afrontan el reto de ajustar sus finanzas públicas en un contexto muy complejo, en el que la guerra en Ucrania se mantiene y el envejecimiento, el cambio climático o la digitalización amenazan con disparar todavía más el gasto. Actualmente, 13 Estados acumulan una deuda superior al 60% de su PIB y está previsto que 12 incurran en un déficit superior al 3% del tamaño de su economía este año. España, con una deuda que alcanza el 113% de su producto interior bruto y un déficit que cerró 2022 en el 4,8%, pertenece a ambos grupos.