Para Europa ha llegado el momento de los grandes debates. La invasión rusa de Ucrania ha sido un shock para la UE y Bruselas ya apuesta por abrir asuntos que hasta hace nada eran tabú. Es el caso de las reglas fiscales. La Comisión Europea ha presentado este miércoles su propuesta para reformar las normas de déficit y deuda (con límites del 3% y del 60% respectivamente) toda vez que hay cierto consenso sobre que actuales han quedado completamente obsoletas después de encadenar varias crisis. El Ejecutivo comunitario propone mayor flexibilidad y unas normas adaptadas a las particularidades de cada Estado miembro, pero a cambio sugiere sanciones en caso de incumplimiento. Esas multas, que ya existen pero no se aplican, serían de menor cuantía pero se aplicarían automáticamente.

Ahora mismo se encuentran suspendidas (desde el inicio de la pandemia) las reglas del 60% y el 3%, y la Comisión aboga por mantenerlas, pero pretende que se suprima el análisis generalizado. La meta es que cada uno de los 27 gestione la cuestión en función de su situación fiscal particular. La Comisión presentaría una senda de ajuste fiscal de referencia, que abarcaría un período de cuatro años, basada en su metodología de análisis de la sostenibilidad de la deuda. "Esta senda de ajuste de referencia debería garantizar que la deuda de los Estados miembros con problemas de endeudamiento importantes o medios se sitúe en una senda de descenso plausible, y que el déficit se mantenga de forma creíble por debajo del valor de referencia del 3% del PIB establecido en el Tratado", explica Bruselas en su comunicado. No obstante, ese periodo de cuatro años puede reducirse a tres en el caso de las economías con una deuda "moderada" mientras que aquellos países con un nivel "bajo" no tendrán que realizar ajuste alguno.

Por otro lado, la Comisión deja claro que el contacto sobre los planes no es solo entre cada socio y el propio Ejecutivo comunitario, sino que también tendrán que contar con el visto bueno del Consejo. "Los Estados miembros presentarían planes en los que se fijaría su trayectoria fiscal a medio plazo, así como sus compromisos prioritarios de reforma e inversión pública", añade la Comisión. Los Estados miembros podrían proponer un período de ajuste más largo, ampliando la senda de ajuste fiscal hasta tres años "cuando la senda esté respaldada por un conjunto de compromisos de reforma e inversión que apoyen la sostenibilidad de la deuda y respondan a las prioridades y objetivos comunes de la UE".

En esa senda, el último paso sería que la Comisión evalúe los planes, dando una valoración positiva "si la deuda se sitúa en una senda descendente o se mantiene en niveles prudentes, y el déficit presupuestario se mantiene de forma creíble por debajo del valor de referencia del 3% del PIB a medio plazo". Además, después de la luz verde del resto de socios, Bruselas supervisaría continuamente la aplicación de los planes. "Los Estados miembros presentarían informes anuales sobre la aplicación de los planes para facilitar un seguimiento eficaz y garantizar la transparencia", añaden.

Lo que importa para la sostenibilidad de la deuda es que los Estados miembro reduzcan los elevados de la deuda pública de forma realista

Otra de las grandes claves de la propuesta que ha salido de la Comisión son las sanciones. Bruselas ya trabaja en instrumentos de ejecución más estrictos para garantizar el cumplimiento; hasta ahora ya existía la opción de recurrir a las multas, pero su aplicación era casi quimérica. La Comisión pretende que la apertura de la mano por una parte conlleve también puño cerrado por la otra. "El procedimiento de déficit excesivo (PDE) basado en el déficit se mantendría, mientras que el PDE basado en la deuda se reforzaría". Así, se activará cuando un Estado miembro con una deuda superior al 60% del PIB se desvíe de la senda de gasto acordada.

"Lo que importa para la sostenibilidad de la deuda es que los Estados miembro reduzcan los elevados de la deuda pública de forma realista, gradual y sostenida", explicó en rueda de prensa el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, quien además confirmó que "se mantiene la posibilidad de sanciones económicas y se hará más creíble reduciendo los importes".

Desde hace mucho tiempo son varios los países miembros, entre ellos España, que abogan por adaptar la gobernanza económica a la nueva coyuntura. "Si se mira cómo ha funcionado el marco de gobernanza fiscal en las últimas décadas, hay que arreglar varias cosas", asumió por su parte el vicepresidente de la Comisión, Vladis Dombrovskis. Asimismo, el nuevo marco recoge la posibilidad de activar una cláusula general de escape que suspenda la aplicación de las reglas, como sucede ahora mismo tras la pandemia de Covid-19 y en plena guerra en Ucrania. En cambio, la falta de consenso, según Bruselas, hace que se quede fuera una posible "regla de oro" que excluya del cálculo del déficit las inversiones en prioridades como las transiciones verde o digital o defensa.