Un centenar de personas se han manifestado este miércoles por la tarde frente al Ministerio de Justicia en contra de la reforma de la ley del 'solo si es sí', que previsiblemente se aprobará este jueves en el Congreso de los Diputados. Encabezada con una pancarta que rezaba Libres y con derechos: el consentimiento no se toca, los manifestantes —mayoritariamente mujeres— han cargado contra el PSOE por impulsar una ley que vuelve a introducir la violencia como subtipo penal para elevar las condenas a agresores sexuales.

A la protesta han acudido cargos políticos como la candidata de Unidas Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Alejandra Jacinto. También estaba la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género —alto cargo del Ministerio de Igualdad—, Victoria Rosell, quien ha denunciado el "paso atrás" que, según opina, supone que el PSOE haya buscado sus apoyos en los populares para frenar la "alarma social" que han generado el casi un millar de rebajas de condenas a delincuentes sexuales contabilizadas por el CGPJ. 

"Es una pena que vaya a haber tres códigos penales en tres meses; a ver si conseguimos que esto se revierta porque es un paso atrás", ha lamentado en declaraciones ante los medios, a los que ha dicho que ha acudido a la protesta a título personal y no como alto cargo del ministerio que dirige Irene Montero. 

La reforma socialista del 'solo sí es sí' llega a su fase final entre duros reproches de sus aliados parlamentarios

"Basta ya de justicia patriarcal", "Nuestros derechos no se negocian" o "La ley es un cuento sin consentimiento", son algunas de las consignas que se han escuchado en el centro de la capital por parte de las manifestantes, en un claro reproche a los socialistas por pactar con el PP una reforma que consideran que desplaza el consentimiento del centro de la ley.

La movilización se produce en un último intento de varias juristas y feministas —entre ellas, los dirigentes de Unidas Podemos— que vienen alertando de que la reforma socialista supone volver al "Código Penal de La Manada" al abocar a las víctimas a demostrar que "se resistieron", antes de si consistieron. Por la misma razón ha habido también protestas en San Sebastián y Bilbao; todas ellas surgidas a raíz de un manifiesto firmado por unas 2.000 personas y 150 organizaciones en contra de la modificación de una de las leyes estrella del Ministerio de Igualdad.

Se ha convocado, además, a pocas horas de que los grupos parlamentarios debatan la proposición de ley socialista en la Cámara Baja, que, visto el recorrido que ha tenido en la Comisión de Justicia, saldrá adelante con los votos a favor del PP, y pese al rechazo de los morados y de los aliados parlamentarios habituales del Ejecutivo, ERC y Bildu. 

La iniciativa del PSOE recupera la violencia y la intimidación como figuras agravadas dentro de todos los tipos delictivos para elevar las penas en las que concurran. Por otro lado, los morados, junto a ERC y Bildu, defienden que esos conceptos deben añadirse al apartado de las circunstancias agravantes (sumisión química, agresión grupal, parentesco, etc.), para, según sostienen, no volver al modelo anterior que diferenciaba el abuso y la agresión sexual (ahora unificados en un único tipo delictivo) en función de si se había producido violencia o no.