El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), dependiente de la ONU, ha responsabiliza por tercera vez a España de un caso de violencia obstétrica durante el parto, según consta en un dictamen publicado el 7 de marzo.

En concreto, se trata de una mujer de 38 años que el 6 de enero de 2009 fue atendida en un hospital público de Sevilla, donde, entre otras malas prácticas, tuvo que parir por cesárea pese a no firmar el consentimiento informado.

Por orden cronológico, según el documento al que ha tenido acceso Europa Press, a la mujer "se la obligó contra su voluntad" a dilatar en posición de litotomía (en la que se sitúan las mujeres cuando acuden al ginecólogo), "con lo cual el reflujo le abrasaba la garganta y la hacía sufrir", ya que sufría hernia de hiato.

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La mujer, tal y como cuenta en su relato, no recibió ningún medicamento para paliar el dolor. Además, asegura que la matrona le dijo "límpiate y quédate en la cama tumbada para arriba, sin moverte y con las piernas abiertas y ligeramente flexionadas, ¡y no te muevas!".

Otro de los momentos en los que se centra la denuncia es en la epidural. Según el dictamen, "con sólo 3 centímetros de dilatación y sin haberlo solicitado", la mujer sufrió "temor" después de que los sanitarios que atendían su parto le dijeran que "si no accedía a la administración de la analgesia epidural en ese momento, cuando la desease sería tarde o no sería posible por exceso de trabajo en el servicio".

Finalmente accedió, pero la punción para la epidural también conllevó problemas. Fue realizada por tres personas distintas, dos de ellas estudiantes en prácticas. Tras nueve pinchazos, escuchó cómo la tutora "corregía a las alumnas ". Esta violencia obstétrica durante el parto le provocó dolor cérvico - dorsolumbar. Según su declaración, su oposición a la intervención quirúrgica fue "ignorada, trasladándola a quirófano y extrayendo a su hija mediante cesárea".

Secuelas tras el parto

A su salida del hospital, el dictamen señala que la mujer "apenas pudo caminar, se caía con frecuencia, necesitaba ayuda de terceras personas y presentaba dolor agudo en el abdomen, insomnio y ansiedad".

La psiquiatra que atendió a la afectada ha declarado que se presentó en su consulta "llorando continuamente y torturada por los 'flashback' del parto que veía en su mente prácticamente todo el tiempo". La especialista concluyó que sufría trastorno por estrés postraumático (TEPT): "No hay duda de que los sucesos vividos en el parto de su hija tienen entidad suficiente como para haberle causado el trastorno que padece".

ONU: "Pérdida de dignidad, abuso y maltrato"

El Comité de la ONU sí culpa a las autoridades administrativas y judiciales: "Aplicaron nociones de género estereotipadas y, por lo tanto, discriminatorias, al asumir, por ejemplo, que es el médico quien decide realizar o no la cesárea sin explorar alternativas, ni explicar las razones a la paciente, ni recabar su consentimiento informado, aun cuando había expresado su oposición a dicho procedimiento".

Así, ha concluido que existió violencia obstétrica en este caso debido a la "pérdida de dignidad; el abuso y el maltrato sufrido por la mujer; la aplicación irregular de anestesia epidural; la falta de consideración de patologías previas sin el consentimiento informado y la omisión en recabar el consentimiento informado previo a realizar una cesárea, todo lo cual dejó secuelas físicas y psicológicas".

Al igual que en las anteriores dos ocasiones en las que el Comité responsabilizó a España por situaciones similares, también llevados por la abogada Francisca Fernández, la ONU ha recomendado a España proporcionar a la afectada "una reparación plena, incluida una indemnización financiera adecuada a los daños de salud física y psicológica sufridos".