Una alianza formada por 26 organizaciones ecologistas ha presentado ante la Comisión Europea una denuncia contra España por el incumplimiento del objetivo comunitario de reutilización y reciclaje de basura, que para 2020 se estableció en el 50%, pero España se quedó en el 40,5% -según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico- y el dato de 2021 descendió al 36,7% -de acuerdo al avance de Eurostat-. Las previsiones de las entidades son que, si nada cambia, se van a seguir incumpliendo las tasas establecidas para 2025 (el 55% de los residuos urbanos) y para 2030 (el 60%). Ante estas proyecciones, han recurrido a Bruselas para "pedir amparo a la Comisión Europea y revertir esta situación".

Tal como denunciaron este jueves los portavoces de las entidades denunciantes -Ecologistas en Acción, Greenpeace y Amigos de la Tierra, entre ellas- durante una rueda de prensa celebrada en Madrid, "llevamos años denunciando incumplimientos, tasas de reciclaje muy bajas en calidad y cantidad, nula presencia de políticas de prevención y reutilización, trasposiciones de directivas tardías y leyes que no se cumplen. La gestión de los residuos en España no funciona y necesita un cambio de rumbo inmediato". 

En España, lamentaron, se trasladan a vertederos  11 millones de toneladas de residuos, una cantidad equivalente a 800 campos de fútbol o a un kilo por ciudadano y día. Carlos Arribas, responsable de Residuos de Ecologistas en Acción, detalló que "muy pronto no se podrán contar los residuos bioestabilizados como reciclados, por lo que la realidad es que solo se recicla una cuarta parte de los residuos (24,3%)", al tiempo que subrayó que solo el 20% de la población separa residuos y el 80% mezcla y deposita la basura sin separación, por lo que pidió a los ayuntamientos aumentar los contenedores para la separación de residuos.

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"Esto no son solo estadísticas, es nuestra realidad: vertederos colmatados, entornos naturales contaminados y la salud de las personas en riesgo", agregó Miquel Roset, director de Retorna.

Por su parte, Eva Saldaña, directora de Greenpeace, puso el foco en que la denuncia es una "llamada de socorro" ante una situación que hace años que está "estancada y que, más que mejorar, empeora".

Las entidades denunciantes pidieron al Estado español "compromisos y soluciones reales". "Faltan leyes, transponemos las directivas europeas tarde y las leyes que tenemos no se cumplen", lamentaron.

 La Comisión Europea, en su última revisión de la aplicación de la normativa medioambiental comunitaria en España, publicada en septiembre de 2022, volvía a destacar entre los principales retos para el país la mejora de la gestión de los residuos, un aspecto viene subrayando desde 2017, cuando se emitió el primer informe. 

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"España tiene que dar un paso adelante para mejorar la gestión de los residuos y desarrollar el potencial de la economía circular. España no logró cumplir con los objetivos de la UE para 2020 de reciclar el 50 % de los residuos municipales. Cumplir con los objetivos de reciclado de la UE para la década actual, incluido el reciclaje del 55% de los residuos urbanos para 2025, requerirá un esfuerzo significativo", reza el documento.

No obstante, los responsables comunitarios destacan entre los principales progresos alcanzados durante 2022 la aprobación de la Estrategia de Economía Circular de la nueva Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que incluía nuevos impuestos en el sector de los residuos.

Soluciones: reducir la cantidad de basura

Por su parte, la coordinadora de Amigos de la Tierra, Blanca Rubial, instó a poner en "marcha compromisos y soluciones reales" basadas en la reducción de la generación de residuos. "Poner fin al vertido de materiales sin tratamiento, implantar la recogida separada de la materia orgánica de manera definitiva, regular los flujos que ni tan siquiera tienen un sistema de Responsabilidad Ampliada del Productor y desplegar, monitorizar y cumplir con las medidas de reutilización", resumen en un comunicado.

Los denunciantes advirtieron de que no se van a rendir. "Vamos a seguir denunciando al Estado español las veces que haga falta hasta que esta situación cambie, porque la reducción de residuos es clave para el desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda 2030 y están intrínsecamente ligados a la emergencia climática", sentenció Ruibal.

Entre las entidades demandantes hay ongs ambientales de todo el Estado u organizaciones de Baleares, Navarra, País Vasco, Cataluña, Canarias o Galicia. En concreto, se trata de: Acción Clima, Adacis, Amigos de la Tierra, CEPA, Clean Ocean Project, Ecologistas en Acción, Estratègia Catalana Residu Zero (ECRZ), Eguzki Zaleak, Ekologistak Martxan, Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB), Federació d'Ecologistes de Catalunya, Fundació Deixalles, GOB Mallorca, Greenpeace, Gurasos, Itsas Gela, Lurra Nafarroa, Mar de Fábula, Per la Mar Viva, Red Ecofeminista, Retorna, Rezero, Surfrider, Sustrai Erakuntza, Unión Sindical Obrera (USO) y Verdegaia.