Bien poco hemos de agradecer al 2022 que mañana expira. Muy poco habida cuenta de las buenas expectativas que teníamos hoy hace un año de cómo nos iría en estos 12 meses. Pensábamos que el 2022 sería el del definitivo adiós a la pandemia, el de la llegada de los fondos europeos y el de la recuperación económica. Acariciamos también la idea, sin duda ilusoria, de que esa mejor perspectiva rebajaría la tensión política hasta hacer posible incluso algún entendimiento entre Gobierno y oposición que resolviera asuntos pendientes tan esenciales para la normalidad institucional de un país como la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Casi nada fue cómo imaginamos. El 24 de febrero, Rusia cruzó las fronteras de Ucrania iniciando una guerra que además de alterar la seguridad y el orden mundial provocó una crisis energética e inflacionaria en todo Occidente. En España, la economía y el empleo crecieron pero menos de lo esperado y el alza brutal en los precios de la luz y los combustibles dispararon los de la cesta de la compra como hacía décadas que no ocurría.

En política todas las previsiones saltaron por los aires el primero de marzo cuando Pablo Casado, tras un patético episodio de enfrentamiento con Isabel Díaz Ayuso, a quien él aupó, dimitió para dejar paso a Alberto Núñez Feijóo al frente del PP. El cambio por un líder más experto y de lenguaje moderado invitaba a pensar en una rebaja de la crispación política pero las polémicas iniciativas del Gobierno en el ámbito jurídico y la crisis derivada de su insistente bloqueo a la renovación del CGPJ y del Tribunal Constitucional acabaron por elevar el tono a niveles irrespirables. El choque institucional prenavideño fue brutal y, lejos de esforzarse en rebajar la tensión, unos y otros se cruzaron términos tan hiperbólicos como el de tiranía o el de golpe de Estado que la elevaron a su grado máximo.

Con semejante cierre del 2022 es difícil que la presión afloje en el 2023, que encima es año de elecciones, un elemento sustancial en las dinámicas de los partidos que todo lo condicionan a sus estrategias electorales. La del PP, a quien sonríen las encuestas, aunque no tanto como en los albores del llamado efecto Feijóo, será la de plantear los comicios autonómicos y municipales de mayo como un plebiscito contra Sánchez y sus socios de investidura. Mientras los populares tratarán de mantener viva la polémica sobre las cesiones del PSOE a ERC, los socialistas incidirán en la conciliación lograda en Cataluña tras haber heredado del Gobierno de Rajoy un problema territorial que parecía irresoluble. El PSC de Salvador Illa sigue avanzando en los sondeos y las expectativas de su candidato para la alcaldía de Barcelona parecen solidas.

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El Gobierno confía en que todo el embrollo creado por la ley del ‘solo sí es sí’ y los efectos adversos de sus contestadas reformas jurídicas se vayan olvidando en favor de los asuntos económicos para los que dispone de resortes que pongan en valor su gestión. Además de sus medidas anticrisis, está el impulso de los fondos de reconstrucción, el control de la inflación, del que ya presume por las comparativas con la media de la UE, los avances en la creación de empleo y la inminente subida de las pensiones.

Mientras el PP con su «Sánchez o España» le acusará de intentar sobrevivir asociándose con los independentistas, el PSOE proclamará un «Feijóo o democracia» e incidirá en su disposición oculta a gobernar con Vox. El rey en su mensaje navideño pidió responsabilidad para evitar la erosión de las instituciones. Pero nadie parece darse por aludido.