La renovación del Tribunal Constitucional ha supuesto un cambio sustancial de la composición de sus magistrados. Cuatro de ellos abandonarán el órgano constitucional, ya que su mandato se encuentra caducado desde junio.
El presidente, Pedro José González-Trevijano (conservador), el vicepresidente Juan Antonio Xiol (progresista), Santiago Martínez-Vares (conservador) y Antonio Narváez (conservador) son los cuatro magistrados que dirán adiós tras más de 9 años siendo parte del Tribunal Constitucional (desde el 13 de junio de 2013), aunque en el caso de Narváez su nombramiento fue un año posterior.
César Tolosa y María Luisa Segoviano son dos de las nuevas incorporaciones que relevarán a los citados magistrados anteriormente, después de ser elegidos de forma unánime el pasado martes por el Consejo General del Poder Judicial. Ambos jueces fueron propuestos por la ala conservadora y después de la renuncia de los progresistas al apoyo de José Manuel Bandrés, el cual no contó con el apoyo de la mayoría de los magistrados del CGPJ. Así, los 10 vocales conservadores eligieron a su candidato progresista idóneo, que en este caso fue Segoviano, la que fue primera presidenta de Sala del Tribunal Supremo en toda su historia.
En el pleno gubernativo de este jueves se examinará la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos para los nombramientos de nuevos magistrados del TC. Ahí entran en juego también las dos propuestas que tiene sobre la mesa el Gobierno para sus cupos, el exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y Eva Díez, ex alto cargo en Moncloa.
Tres magistrados conservadores y uno progresista dejarán sus sillones del Alto Tribunal para que sean ocupados por tres progresistas y uno conservador. Así se produce un vuelco en el equilibrio de fuerzas del TC a favor de los progresistas, que pasan a tener siete votos frente a los cuatro actuales de los conservadores. Los progresistas recuperan así la mayoría que perdieron en junio de 2013, cuando al Gobierno de Rajoy le tocó hacer sus nombramientos.
Si no hay ninguna alteración, el próximo TC estará compuesto por el mayor número de mujeres de su historia, con hasta 5 magistradas: María Luisa Balaguer, Concepción Espejel e Inmaculada Montalbán, además de las nuevas incorporaciones de Segoviana y Díez. Supone un dato histórico porque solo 8 mujeres han sido miembros del TC, desde su fundación en 1980. Con esta nueva composición se consigue un nivel de paridad de género, con 5 mujeres y 6 hombres al frente del Alto Tribunal.
La composición final del Tribunal Constitucional estará formada por Ricardo Enríquez (conservador), Cándido Conde-Pumpido (progresista), María Luisa Balaguer (progresista), Juan Ramón Sáez (progresista), Enrique Arnaldo (conservador), Concepción Espejel (conservador) e Inmaculada Montalbán (progresista). Las nuevas incorporaciones cumplirán su mandato hasta 2031, en marzo de 2026 lo harán Enríquez, Conde-Pumpido y Balaguer y en noviembre de 2030 dejarán su sitio el resto de los magistrados. Hay que reseñar que todavía queda un puesto por cubrir en el TC, después de que el magistrado Alfredo Montoya renunciase en julio por motivos de salud y cuyo nombramiento corresponde al Senado
Del ministerio de Justicia al Constitucional
Juan Carlos Campo es el candidato de la polémica por su extenso pasado político de casi una década en el PSOE. Ha sido Director general de Relaciones con la Administración de Justicia de la Junta de Andalucía, secretario de Estado de Justicia, diputado en las Cortes Generales (2016-2020) y ministro de Justicia, hasta el pasado julio de 2021.
En el marco de la magistratura formó parte de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Cádiz y entre 2001 y 2008 fue nombrado, a propuesta del PSOE, vocal del Consejo General del Poder Judicial.
Fue muy crítico con la reforma de la ley del 'solo sí es sí', llegando a emitir un informe que cuestionaba la 'técnica legislativa' del Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero. Bajo la supervisión del entonces ministro de Justicia el Gobierno firmó los indultos parciales a los condenados por el 'procés'. Tras su salida del ministerio regresó a la Audiencia Nacional a la Sala de lo Penal, donde ha tenido que abstenerse de las causas con políticos.
El Gobierno apuesta por una magistrada más
Laura Díez Bueso (Barcelona, 1969) es doctora en Derecho por la Universidad de Barcelona y catedrática de Derecho Constitucional de esta misma Universidad desde enero de 2020. Como docente universitaria, ha desarrollado su tarea desde 1992 en todos los niveles académicos y se ha centrado prioritariamente en las asignaturas obligatorias del grado de Derecho. En su actividad profesional ha sido directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática (2020-2022); directora del Gabinete del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad (2018-2020), y asesora del Gobierno de la Generalidad para la reforma del Estatuto de Cataluña (2002-2004).
¿Quién sucederá a González-Trevijano?
Precisamente, una de las primeras tareas que tendrá que enfrentar el nuevo Tribunal Constitucional será elegir a un nuevo presidente. En las quinielas hay dos nombres: Cándido Conde-Pumpido, que fue fiscal general del Estado con Zapatero, y María Luisa Balaguer, magistrada del TC y catedrática de Derecho Constitucional. La clave de la elección radica en la decisión de Segoviano, que aunque fue propuesta por los jueces conservadores del CGPJ es afín a los progresistas y podría decidirse por Balaguer por sus convicciones feministas. En ese caso, Balaguer se convertiría en la segunda presidente del TC, después de María Emilia Casas que estuvo al frente entre 2004 y 2010, y que se convirtió en la que mayor tiempo estuvo en el cargo.
Deberes del futuro TC
La renovación del Tribunal Constitucional pone fin a un bloqueo que ha durado seis meses y que ha impedido cumplir su principal función: dictar sentencias.
Varios son los temas que los 11 magistrados del TC abordarán en los próximos meses, una de ellas es la ley del aborto aprobada por José Luis Rodríguez Zapatero en 2010. Justo en el momento en el que el Gobierno ha sacado con mayoría absoluta una nueva ley del aborto. Otra de las leyes que está en manos del TC es la de eutanasia, una impugnación procedente de Vox que considera "inmoral" que el Estado garantice la muerte, y del PP que argumentó la vulneración del derecho a la vida.
En el marco educativo, la ley Celáa fue impugnada por PP y Vox, con el propósito de acabar con la cuestión lingüística, el respeto a la libertad religiosa y la escuela concertada.
Una de las normas estrella del actual Ejecutivo, la reforma laboral, tendrá que ser sometida a votación, tras los recursos presentador por PP, Vox y el diputado popular Alberto Casero. La ley 'rider' de Yolanda Díaz, el ingreso mínimo vital, la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad, la subida al impuesto del patrimonio que se incluyó en los presupuestos generales del Estado de 2021, la nueva ley de vivienda de Cataluña, el decreto del Gobierno que suspende desahucios de personas económicamente vulnerables, la ley orgánica de protección de la infancia y de la adolescencia, y así innumerables cuestiones más.
Aunque el desbloqueo del TC sea una buena noticia, ahora el problema se centrará en el Consejo General del Poder Judicial, que tras más de 4 años continúa inoperativo y donde el TC deberá tomar también una decisión respecto a los cambios impulsados por el Gobierno para la delimitación de competencias del Consejo General del Poder Judicial en sus nombramientos.
Comentarios
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que 20minutos.es restringirá la posibilidad de dejar comentarios