Punto y final al bloqueo del Tribunal Constitucional. El pasado martes, el Consejo General del Poder Judicial eligió por unanimidad a los dos magistrados que le corresponde para renovar el Tribunal Constitucional. César Tolosa Tribiño y María Luisa Segoviano Astaburuaga, ambos propuestos por el ala conservadora del órgano de gobierno de los jueces, son los nombres propios que han conseguido el desenlace a esta anómala situación que impedía el correcto funcionamiento de este órgano constitucional.
¿Quién es César Tolosa?
Nacido en Santa María la Real de Nieva (Segovia) en 1957, este castellanoleonés es magistrado del Tribunal Supremo desde 2014 y presidente de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, desde 2020. Cambió su Castilla y León por Castilla-La Mancha, al ingresar en la Carrera Judicial con 25 años con su primer destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Molina de Aragón (Guadalajara).
Dos años más tarde, asciende a magistrado y es destinado al Juzgado de Instrucción número 5 de Palma de Mallorca. Ese mismo año, en 1984, ingresa en el Cuerpo de Magistrados de Trabajo y ejerce en la Magistratura número 1 de Santander hasta 1990.
Posteriormente fue magistrado de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y, desde 1993, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de ese mismo órgano judicial. En 2004 fue elegido presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, cargo en el que permaneció hasta su nombramiento para el Tribunal Supremo.
Además de su experiencia en el ámbito judicial, ha sido profesor en distintos cursos de Derecho Contencioso-Administrativo y es autor de varios libros y artículos.
Durante los últimos meses, el magistrado ha criticado duramente "el secuestro" que los políticos han impuesto al Poder Judicial: "El órgano de gobierno de los jueces está sufriendo un injusto vaciamiento de sus competencias que excede en mucho a las potestades del poder político".
También ha denunciado la situación a la que se ha visto abocada la Sala Tercera del Supremo, la que él presidía hasta el pasado martes, a raíz del bloqueo en la renovación del CGPJ. "A duras penas podemos seguir manteniendo la estructura de funcionamiento de las secciones que tradicionalmente la componen. Somos 25 magistrados frente a los 33 que tendríamos que ser», denunció el pasado mes de julio.
César Tolosa habló en 2015 sobre la obligatoriedad de la vacunación y afirmó que existe "una falta de valentía política para resolverlo". En un encuentro en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, lamentó también que la obligatoriedad de la vacunación no se trate únicamente de un tema técnico y médico sino de "un tema social magnificado por los contrarios a través de los medios de comunicación", y además a su juicio existe "cierta perversión" en el debate sobre los efectos adversos.
¿Quién es María Luisa Segoviano?
Esta jurista experta en derecho laboral y en temas relacionados con lo Social nació en Valladolid en 1950. En su familia, el derecho era una parte imprescindible ya que su padre era magistrado, su madre licenciada en Derecho y de sus seis hermanos, cinco se han dedicado a profesiones jurídicas.
En su Valladolid natal se licenció en Derecho, donde consiguió ser premio extraordinario de licenciatura de la Fundación Lasalle-Boluda. Con 24 años aprobó la oposición como Secretaria de Magistratura de Trabajo e ingresó como magistrada en la Carrera Judicial en 1987 por el turno reservado a juristas de reconocida competencia. Fue presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Burgos entre 1997 y 2002 y presidenta de la Sala de lo Social del mismo Tribunal Superior con sede en Valladolid entre ese año y 2006, cuando fue nombrada magistrada del Tribunal Supremo. En octubre de 2020 se convirtió en la primera presidenta de Sala del Tribunal Supremo en sus más de 200 años de historia, en específico en la Sala de lo Social. El pasado 20 de octubre se declaró su jubilación forzosa tras alcanzar la edad máxima legal, y tan solo dos meses después accede al TC.
Ahora con su presencia, el Tribunal Constitucional suma una cara femenina más junto a las magistradas María Luisa Balaguer, Concepción Espejel e Inmaculada Montalbán. Aunque el número aumentará próximamente hasta 5 con la decisión del Gobierno para que Laura Díez, exdirectora general del Ministerio de Presidencia, sea elegida también magistrada del Constitucional. Será una cifra récord para la institución que, hasta el momento, solo ha tenido 8 mujeres entre sus miembros desde su creación.
Algunas de sus sentencias dictadas a lo largo de su carrera se consideran claves para implementar igualdad entre hombres y mujeres. Entre ellas destaca la que se exigía un canon reforzado de justificación para despedir a una una mujer embarazada y con reducción de jornada por cuidado de menores, decisión esencial para la reforma legislativa de 2019 y la mayor protección a las trabajadoras. En otra de sus sentencias equiparó para la Seguridad Social la llamada "mili" femenina en la época franquista con la masculina, permitiendo que las mujeres que habían realizado esta mili obligatoria pudieran jubilarse con los mismos derechos que los hombres que hicieron también la mili.
Entre otras ocupaciones ha sido miembro de la Junta Electoral Central desde el año 2012 hasta el año 2017, el órgano encargado de garantizar la transparencia del proceso electoral y supervisar la actuación de la Oficina del Censo Electoral. También desde 2001 es académica de número en la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de Valladolid con la lectura del discurso “El derecho a la intimidad en el ámbito laboral”, y desde enero de 2016 es presidenta de la citada Academia.
Ha ejercido la docencia como profesora asociada en el Departamento de Derecho Procesal de la Universidad de Valladolid (1989-2006) y es miembro del consejo asesor de la Revista Jurídica de Castilla y León desde su fundación en 2003.
Autora de varias publicaciones, en especial en materia procesal, de igualdad de género y concursal, ha escrito numerosos artículos sobre derechos fundamentales, utilización de las nuevas tecnologías en el despido, seguridad social y cuestiones procesales. También ha dirigido y participado en diversos cursos de formación organizados por distintos organismos e instituciones. Está en posesión de la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort, una condecoración civil española que premia relevantes méritos contraídos por cuantos intervienen en la Administración de Justicia, el cultivo y aplicación del estudio del derecho en todas sus ramas o los servicios prestados en actividades jurídicas dependientes del Ministerio de Justicia.
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