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Laura Díez, la defensora del Estatut que trabajó para Sánchez en Moncloa

Imagen de Laura Díez Bueso
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Consejo de Garantías Estatutarias
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A pesar de ser menos conocida para la ciudadanía, Laura Díez Bueso tiene muchas similitudes con el exministro Juan Carlos Campo, el que será su compañero en el Tribunal Constitucional. Lo es como doctora en Derecho, pero también porque ha ocupado distintos cargos, aunque en segunda línea, en gobiernos del Partido Socialista. El ministro Félix Bolaños ha dado hoy su nombre en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y ha considerado que su perfil es idóneo para el puesto por su "vocación de servicio público y un respeto absoluto a la ley". El titular de Presidencia puede hablar con conocimiento de causa, ya que Díez trabajó a sus órdenes -y anteriormente junto a Carmen Calvo- como directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica. Antes de ello, entre 2018 y 2020, fue directora de gabinete del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, en el mismo Ministerio de la Presidencia.

Pero su experiencia política no se limita a la nacional. Nacida en Barcelona en 1969, ya llevaba una larga trayectoria en su comunidad de origen: desde 2002 y hasta 2004 fue asesora de la Generalitat, entonces presidida por el socialista Pasqual Maragall, para la reforma del Estatut. Posteriormente estuvo seis años ejerciendo como adjunta al Síndic de Greuges, como se conoce en la comunidad a la figura del Defensor del Pueblo. Y hasta allí volvió en mayo para ser vicepresidenta del Consejo de Garantías Estatutarias, el órgano que se encarga de velar por que las leyes que salen de la Generalitat cumplan con el propio Estatut que ayudó a configurar... y con la Constitución. Una labor en la que sin duda habrá tenido que emplearse, teniendo en cuenta que por este Consejo ha pasado en los últimos meses la normativa con la que el Ejecutivo de Pere Aragonès ha sorteado la sentencia sobre el 25% del catalán en las aulas.

A pesar del marcado perfil político de la que será nuevo miembro del Constitucional, la magistrada catalana también ha hecho carrera en el mundo académico. Doctora en Derecho por la Universidad de Barcelona, en esta misma institución ha tenido distintos cargos relacionados con el Derecho Constitucional: dirigió el Departamento de Ciencia Política y Constitucional y es catedrática en esta misma área desde hace dos años.

En el plano internacional, ha trabajado en distintos proyectos europeos entre 2008 y 2013 en asuntos relacionados con Albania, Serbia o Turquía y la ONU la designó experta en Derechos Humanos en 2013 y 2015. Entre sus líneas de investigación se encuentran los estados descentralizados, la libertad de expresión y el derecho a la información, o el derecho de extranjería. Es autora asimismo de Los límites de la Creación Artística en Estados Unidos y Europa o Los sistemas de investigación en los países europeos descentralizados.

A la espera del visto bueno del propio organismo, su próximo destino será el Tribunal Constitucional, donde se sentará en uno de los dos asientos que estaban vacantes y cuya elección dependía del Gobierno.

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