Este domingo se cumplen cuatro años de bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El órgano encargado de gobernar a los jueces, una institución imprescindible para el correcto funcionamiento del Poder Judicial y del Estado de Derecho, debió renovarse el 4 de diciembre de 2018. Todavía no ha ocurrido. El PP y el PSOE, responsables de nombrar un nuevo CGPJ, han provocado un retraso sin precedentes pasando por alto un mandato constitucional. Paralelamente, estos cuatro años han provocado un choque nunca visto entre el Poder Judicial y el Gobierno, que en marzo de 2021 limitó al CGPJ por estar en funciones. Ahora, una parte del Consejo está impidiendo la renovación del Tribunal Constitucional, que el Ejecutivo fijó para el 13 de septiembre y sigue paralizada.
Llegados a este punto, los mismos vocales del CGPJ nombrados en diciembre de 2013 (bajo la mayoría absoluta de Mariano Rajoy) son los que permanecen en el puesto, a excepción de algunos que han abandonado su asiento al jubilarse o dimitir.
Para renovar el Consejo se necesita obtener una mayoría cualificada de tres quintos, tanto en el Congreso como en el Senado. Esto supone que, dada la actual composición de las cámaras, debe haber un acuerdo entre los socialistas y los populares. A la hora de escoger los componentes del CGPJ, lo más habitual es que los partidos acuerden una propuesta y la lleven después al Parlamento. Pero las todas negociaciones entre el PSOE y el PP han acabado frustradas.
La reforma de la LOPJ y sus "devastadores" efectos
Los pocos acercamientos reales han sido inútiles y han derivado en acusaciones mutuas y crispación política. Los de Sánchez han apuntado desde 2018 a los populares como responsables del bloqueo. Su tesis es que el PP no está dispuesto a perder la mayoría conservadora en el CGPJ.
Lo cierto es que un viraje ideológico en el órgano de gobierno de los jueces llevaría a una mayor representación progresista en los tribunales más importantes del país: el Supremo y los tribunales superiores de justicia de las distintas comunidades autónomas. Para el PSOE, aquí radica la negativa del PP a renovar el CGPJ.
Durante estos años, los populares han desplegado un amplio repertorio de excusas para justificar su rechazo a negociar. Uno de sus principales argumentos, que esgrime desde los tiempos de Pablo Casado, es que se necesita cambiar la forma de elección de los vocales del Consejo, tal y como indica la Unión Europea. Sánchez puso en marcha una estrategia en marzo de 2021 para aumentar la presión sobre Casado: un cambio de la Ley Orgánica del Poder Judicial que dejó al CGPJ limitado para realizar nombramientos discrecionales de magistrados mientras está en funciones.
Una situación que ha provocado efectos "devastadores", en palabras del (entonces) presidente del Consejo, Carlos Lesmes, en su discurso de apertura del Año Judicial, el pasado 7 de septiembre. "El Tribunal Supremo tiene 14 vacantes sin cubrir y en los próximos meses serán 20, lo que representa el 25% de sus efectivos", afirmó.
La 'reforma exprés' y los nombramientos del Constitucional
El siguiente punto de inflexión llegó a mediados de 2022. El 6 de junio, cuando parecía haber un acercamiento entre el Gobierno y el PP, ya en manos de Alberto Núñez Feijóo, la tensión volvió a dar paso a la ruptura. Esto sucedió bajo la presión de que iba a expirar el mandato de cuatro magistrados del Constitucional sin posibilidad de ser sustituidos. De los cuatro puestos, dos no podían renovarse porque debían ser elegidos por el CGPJ, que se encontraba incapacitado. Los otros dos magistrados, cuya elección le correspondía al Ejecutivo, tampoco podían ser nombrados, ya que la ley establece que los miembros del Constitucional deben ser elegidos por tercios, de cuatro en cuatro.
Llegó el 12 de junio y cuatro magistrados pasaron a ejercer en funciones: el presidente del Constitucional, Pedro González-Trevijano, el vicepresidente, Juan Antonio Xiol y los magistrados Antonio Narváez y Santiago Martínez Vares.
El Ejecutivo se encontraba en una situación crítica: el límite que él mismo había impuesto al órgano de gobierno de los jueces iba a impedirle nombrar a sus magistrados para el Constitucional. La renovación de este tribunal es vital para el Gobierno, ya que supondría un cambio de equilibrio propiciado por la salida de tres conservadores y la entrada de tres progresistas. Cabe señalar que el Constitucional está encomendado a examinar varias leyes del Ejecutivo que han sido recurridas por los partidos de derechas.
A través de un cambio legal 'exprés', Sánchez consiguió liberar las manos del CGPJ, las mismas que había atado en marzo de 2021, pero únicamente para nombrar en el Constitucional. Es decir, sus vocales permanecían incapacitados para escoger magistrados del Supremo y los tribunales superiores de justicia, pero podían renovar el tribunal de garantías. Además debían hacerlo antes del 13 de septiembre, según dictó la reforma legal del Gobierno.
El tenso inicio del año judicial
La vuelta de vacaciones fue extremadamente tensa y accidentada. El 7 de septiembre se celebró la apertura del año judicial, un acto solemne en el que Carlos Lesmes habló de un "panorama desolador" para la Justicia española, lanzó pullas al Gobierno y la oposición y, a la salida, dejó caer la posibilidad de su dimisión. Quizás la retirada de Lesmes sería la gota que colmara el vaso, obligando a Sánchez y Feijóo a llegar a un acuerdo y poner fin al problema.
La noticia se conoció una semana antes de que se cumpliese la fecha límite para renovar el Tribunal Constitucional. Para el 13 de septiembre, el CGPJ no había llegado a un acuerdo y el Gobierno decidió ser paciente ante la perspectiva de unos nombramientos que iban a dilatarse. El Consejo, que se divide en un bloque conservador (mayoritario y nombrado por el PP) y un bloque progresista (formado por los jueces propuestos por el PSOE) escogió una comisión negociadora representada por miembros de los dos sectores.
Los conservadores anunciaron en cualquier caso que no se sentían "vinculados" al plazo establecido por el Ejecutivo. Lo ocurrido desde entonces con los nombramientos del Constitucional recuerda a lo que lleva pasando con el CGPJ desde 2018.
Bienvenido, Mr. Reynders
A finales de septiembre llegó a España un nuevo personaje en esta trama: Mr. Didier Reynders, comisario de Justicia de la UE, dispuesto a dar un toque de atención a los responsables del bloqueo. Durante los dos días que duró su visita, el comisario transmitió dos ideas: era urgente renovar el CGPJ y también cambiar el sistema de elección de sus vocales (algo que apoya el PP y recomienda la UE en el informe sobre el Estado de Derecho de 2022).
¿Cómo debía ser ese cambio en el sistema de elección? En España los vocales los escoge el Parlamento por mayoría de tres quintos. Esta elección parte de una lista previa que aportan las asociaciones judiciales. Entre los magistrados propuestos, el Congreso y el Senado escogen a los 20 vocales. Sin embargo, en otras zonas de Europa los miembros del CGPJ los votan los propios jueces del país. En esta línea, lo que propone el PP y lo que exigió Reynders es que al menos una parte del órgano lo elijan directamente los jueces. El PSOE se defiende alegando que si el PP no hubiera bloqueado la Justicia, a Europa le daría igual el sistema de elección.
La dimisión de Lesmes: una sacudida con efectos diversos
Tras la visita del comisario europeo llegó la dimisión de Carlos Lesmes, que tuvo dos consecuencias: propició un acercamiento entre PP y PSOE y le sirvió a los conservadores del CGPJ como argumento para seguir dilatando las negociaciones del Tribunal Constitucional.
La renuncia tuvo lugar el 10 de octubre, fecha a partir de la cual los vocales del Consejo apartaron la negociación sobre el Constitucional y empezaron a negociar el nombramiento de un sustituto. Otro motivo de discusión que culminó con el nombramiento de Rafael Mozo como presidente interino del CGPJ y de Francisco Marín como presidente interino del Supremo (Lesmes ocupaba ambos puestos, que en teoría están ligados a una misma persona). Esta decisión está todavía pendiente del aval del Supremo.
Entre tanto, Sánchez y Feijóo parecían estar rozando un acuerdo para renovar, esta vez sí, el Consejo del Poder Judicial. Pero entonces llegaron los Presupuestos y con ellos la negociación con los socios del Gobierno, entre ellos ERC. Salió a relucir una antigua promesa de investidura de Pedro Sánchez, la reforma de la sedición.
Tras una conversación con Sánchez en la que este confirmó sus intenciones, Feijóo rompió la negociación en el último momento, cuando la renovación se daba por sentada. Desde entonces no ha vuelto a haber indicios de acercamiento y teniendo en cuenta que 2023 vendrá cargado de citas electorales, la renovación parece lejana.
El paso adelante del Gobierno con el Constitucional
Los avances sí se han dado en lo que respecta al Tribunal Constitucional. Los vocales conservadores han mantenido el bloqueo, sin proponer candidatos ni dar el visto bueno a los aspirantes progresistas. Pero el Gobierno ha perdido la paciencia y ha dado un paso adelante. Ocurrió el 29 de noviembre, cuando el Consejo de Ministros aprobó los nombramientos del exministro de Justicia Juan Carlos Campo y de la ex directora general del Ministerio de Presidencia Laura Díez como nuevos magistrados del Tribunal Constitucional.
Esta decisión es polémica por dos motivos. Primero porque no está claro que sea legal nombrar dos magistrados por separado, por aquello de que el Constitucional se renueva de cuatro en cuatro. Ambos magistrados no han tomado posesión todavía del cargo.
Pero es que además son dos perfiles muy ligados al Ejecutivo, especialmente en el caso de Campo, que hasta hace algo más de un año formaba parte del Consejo de Ministros de Sánchez y ha desempeñado buena parte de su trayectoria en el terreno político, siempre vinculado al PSOE. El CGPJ prevé votar sus candidatos el próximo 22 de diciembre y el Constitucional deberá avalar entonces (en caso de que la votación sea exitosa) el conjunto de los cuatro magistrados.
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