El ex ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y la ex directora general del Ministerio de Presidencia Laura Díez son dos perfiles "absolutamente idóneos" para ser magistrados del Tribunal Constitucional. Así lo defiende a capa y espada el Gobierno, que ha aprobado sus nombramientos este martes en Consejo de Ministros. Ambos corresponden a la cuota de los magistrados que debía seleccionar el Ejecutivo para el Tribunal de Garantías, un paso que ha terminado dando sin esperar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que debía haber propuesto otros dos nombres antes del pasado 13 de septiembre. Pese a que la ley marca que la renovación del TC debe hacerse por tercios -es decir, de cuatro en cuatro-, el Ejecutivo se muestra convencido de que el Constitucional, que debe ahora ratificar los nombramientos, no les vetará.

"Estos dos candidatos cumplen con los requisitos de idoneidad" marcados: "Ser español, ser jurista, tener 15 años de trayectoria y una reconocida competencia judicial", ha defendido el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha asegurado que el Ejecutivo tiene "el derecho y el deber" de tomar esta decisión y ha recordado los dos nombres -propuestos por el PP- que serán suplidos: Pedro González Trevijano, actual presidente del órgano; y Antonio Narváez, que sustituyó a Enrique López, actual consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid.

El hecho de que el titular de Presidencia haya tenido un recuerdo hacia López, que ahora ocupa un alto cargo en la Administración de Isabel Díaz Ayuso (PP), no es menor. El Gobierno sabe la polémica que trae consigo este movimiento, que lanza un nuevo mensaje de politización de la Justicia. Por eso Bolaños ha optado por un tono duro con el que defenderse y por desplegar diferentes justificaciones. 

"Lo que hacemos iniciando el proceso de renovación del Constitucional es cumplir con la Constitución", ha señalado, antes de asegurar con vehemencia que el TC -que tiene en su mano tumbar leyes estrella del Ejecutivo- "no es un órgano judicial y no tiene una función del estilo". "Es el máximo intérprete de la Constitución y por eso le nombran órganos con naturaleza política, como son el Congreso, el Senado, el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial", ha lanzado.

El PP cree que el Gobierno ha ido "demasiado lejos" al nombrar a Campo y Díez y acusa a Sánchez de "colonizar" el Constitucional

Es en este último órgano en el que Bolaños ha centrado el tiro. Más incluso que en el PP, a quien fuentes cercanas al ministro han pedido volver al pacto para renovar el CGPJ cuando "les funcionen las extremidades" que, a su juicio, se paralizaron "por las presiones recibidas" que llevaron a romper un acuerdo "ya firmado". En sus intervenciones, la mano derecha de Sánchez en el gabinete del Gobierno ha llegado a acusar a ocho vocales conservadores de “incumplir la ley y la Constitución” al no haber alcanzado acuerdo alguno para proponer sus nombres para el TC. 

El Gobierno les dio de plazo legal hasta el 13 de septiembre, pero dichos vocales han presionado para no cumplirlo. Tras ese día, han boicoteado el acuerdo con los progresistas para que el CGPJ realizara su parte. Y al Gobierno, según fuentes de Moncloa, se les ha agotado la "paciencia". "No tienen nada más urgente que hacer, lo podrían hacer esta misma tarde", les ha instado el ministro, que ha asegurado que el Ejecutivo "ha mantenido la prudencia y la esperanza", pero que ya han pasado "demasiados meses".

No obstante, la decisión del CGPJ de no nombrar a los magistrados que les corresponde podría entorpecer el paso dado por el Gobierno. La ley marca que la renovación del Constitucional se debe realizar por tercios, un resquicio que podría suponer que el TC, quien tiene la última palabra para que Campo y Díez tomen posesión, paralizase los nombramientos. "No lo hará", defienden las mismas fuentes, que mencionan dos sentencias que avalan el paso dado. "El incumplimiento de la ley por parte de un órgano (CGPJ) no puede retrasar a otro órgano (Gobierno) y hacer que incumpla la ley y la Constitución", ha resumido Bolaños.