La reforma del Código Penal para, entre otros asuntos, acabar con el delito de sedición y sustituirlo por el de desórdenes públicos agravados se hará por la vía rápida. Esa es al menos la intención de PSOE y Unidas Podemos, y para ello los dos partidos del Gobierno han vehiculado su iniciativa a través de una proposición de ley, una figura parlamentaria presentada por los grupos en el Congreso que permitirá a socialistas y morados realizar una tramitación exprés de la reforma. Además, con esta fórmula, el Ejecutivo tampoco tendrá que remitir su texto al Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con lo que se evitará posibles informes negativos de estos órganos. 

La vía utilizada por el Gobierno para acelerar los trámites y evitarse la intervención del CGPJ no es inhabitual, aunque supone delegar en los grupos parlamentarios la revisión de una ley orgánica de calado como el Código Penal. Básicamente, la clave está en que la reforma pactada por PSOE y Unidas Podemos la han presentado estos dos grupos en el Legislativo, en lugar de que el Ejecutivo haya ejercido su potestad para elaborar un proyecto de ley. Este método hubiera exigido varios informes previos a que el texto saliera del Consejo de Ministros y fuera enviado al Congreso, lo cual hubiera implicado que la tramitación se hubiera alargado hasta incluso un año. 

Presentando la reforma del Código Penal a través de una proposición de ley, PSOE y Unidas Podemos se evitan abrir una consulta pública y también esquivan todo este trabajo de análisis del CGPJ y el Consejo de Estado, lo cual permitirá que el texto salga adelante en unos pocos meses, si ambos partidos lo impulsan con decisión. El Gobierno, además, sortea los posibles retrasos del Poder Judicial elaborando su informe, ya que, aunque la ley otorga al CGPJ un plazo improrrogable de 30 días para entregar sus dictámenes, en proyectos de ley como la trans los retrasos del órgano han dilatado la tramitación de la norma.

El delito que sustituirá a la sedición rebajará las penas máximas de 15 a 5 años y la inhabilitación, a 8 años

En su defensa, fuentes del PSOE  argumentan que no es extraño que leyes orgánicas como el Código Penal se modifiquen a través de iniciativas de los grupos parlamentarios, y aseguran que, en las últimas nueve legislaturas, ha habido diez proposiciones de ley que han partido del legislativo para cambiar el Código Penal en asuntos como la sustracción de menores, el terrorismo yihadista o la interrupción voluntaria del embarazo.

De hecho, no es la primera vez que el Gobierno utiliza en esta misma legislatura la vía de la proposición de ley para acelerar reformas polémicas y en las que podría encontrarse con la oposición del CGPJ. Ya lo hizo a finales de 2020, cuando utilizó a los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos para impulsar de manera exprés una iniciativa que precisamente permitió restringir las competencias del CGPJ cuando su composición estuviera en funciones, como lleva cuatro años. 

La idea era forzar al PP a negociar su renovación, pero, ante la negativa reiterada de los populares, PSOE y Unidas Podemos tuvieron que dar marcha atrás parcialmente apenas año y medio después, con el fin de permitir al CGPJ que eligiera a dos nuevos vocales del Tribunal Constitucional. Y lo hicieron a través de una segunda proposición de ley que pretendía evitar que el Gobierno perdiera la oportunidad de aprovechar su turno para tener un Tribunal Constitucional de mayoría progresista, algo que hubiera ocurrido si no volvía a cambiar la norma.