Los cambios que propone el PSOE a la ley trans son sustanciales. Pese a que prometió no tocar uno de los corazones de la norma -la autodeterminación de género-, y así lo han cumplido, los socialistas han registrado cerca de medio centenar de enmiendas que modifican algunos de los puntos más polémicos: los que atañen a menores de edad, aquellos que contemplan revertir el cambio registral y la eliminación del concepto de "violencia intragénero" son algunos de ellos.

Tras ampliar el plazo de enmiendas en el Congreso durante varias semanas y ganarse con ello el descontento de Unidas Podemos y de una parte del propio partido, el PSOE presentó finalmente este lunes una batería de enmiendas para -según vienen defendiendo- dotar de "seguridad jurídica" a la ley del Ministerio de Igualdad. Así, plantean que los menores de 16 años sí necesiten una autorización judicial para poder cambiarse de sexo, y sugieren que la reversibilidad (el volver a cambiarse de sexo una segunda vez) requiera también del aval de un juez, y no únicamente que hayan pasado seis meses, como establece el texto inicial.

El objetivo del departamento de la ministra de Igualdad, Irene Montero, es que la norma esté aprobada definitivamente antes de 2023, pero las enmiendas del PSOE pronostican una negociación tensa y complicada en las próximas semanas, que amenaza con retrasar aún más la tramitación de la ley, ya que de momento ni PP ni Unidas Podemos se plantean apoyar las propuestas socialistas. 

El PSOE prometió desbloquear la ley trans y cerrar el plazo de enmiendas para presentar sus propuestas de modificación

Autorización judicial para los menores de 16 años

Una de las modificaciones se centra en las disposiciones relativas a los menores de edad. El texto actual contempla que los adolescentes de 14 a 16 años puedan hacer una rectificación registral únicamente con autorización parental o, de haber conflicto, mediante un mediador judicial. Para los de 12 y 14 años sí que exige una autorización judicial, aunque en todos los casos se eliminan los requisitos vigentes en la legislación actual que obligan a haber sido diagnosticado con "disforia de género" y haberse sometido a, por lo menos, dos años de hormonación. 

Pues bien, la propuesta del PSOE endurece los pasos para los menores y eleva a los 16 años la condición de que, para que puedan cambiarse de sexo en el DNI o el pasaporte, requieran de un aval judicial. Los socialistas justifican este cambio amparándose en el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que consideró que no era adecuado legitimar a los menores de entre 14 y 16 años para solicitar la rectificación de la mención registral del sexo con solo la autorización de los padres. El órgano consultivo sostuvo en su duro informe que, a esa edad, los menores carecen del "suficiente grado de madurez" y que se corre el riesgo de que su "situación de transexualidad no esté estabilizada".  

Aval de un juez para revertir un cambio registral

Otra de las más de 15 enmiendas registradas por el PSOE toca el precepto del texto que contempla la posibilidad de revertir un cambio registral de sexo ya aprobado. El articulado negociado en el seno del Gobierno contempla la posibilidad de que una persona pueda volver a cambiar su sexo en el Registro Civil, siempre que hayan pasado seis meses y con un límite de tres modificaciones. Es decir, que si una persona se ha cambiado el sexo en el DNI o el pasaporte, solo podrá revertirlo dos veces más, y con un periodo de seis meses entre cambio y cambio. 

Lo que proponen los socialistas es que, desde el segundo cambio, se requiera de la intervención de los tribunales para la reversibilidad de la mención registral. Este cambio y el que atañe los menores, según argumentan fuentes del PSOE, aspira a que el texto sea "garantista" y a evitar la posibilidad de ser recurrido ante el Tribunal Constitucional (TC), como ya avanzó el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. 

Eliminar el término de "violencia intragénero"

Sobre este punto ya vienen avanzando modificaciones. En medio de todo el revuelo que se generó al prorrogar el periodo de enmiendas, el PSOE ya reconoció tener "dudas" sobre la equiparación de algunas violencias a la violencia de género, contemplada en el artículo 65 de la ley trans. 

De este modo, proponen eliminar directamente el concepto de violencia "intragénero"  introducido en la ley que lo iguala con la violencia de género, y simplemente equipararlo a los mismos derechos laborales y de la Seguridad Social que se contemplan en el ámbito de la violencia familiar y doméstica.

El "sexilio": posible causa de despoblación rural

Uno de los artículos que introducen en su paquete de enmiendas establece la necesidad de estudiar el "sexilio". Se refiere el PSOE con este concepto al "abandono de las personas LGTBI de su lugar de residencia por sufrir rechazo, discriminación o violencia, dándose especialmente en las zonas rurales". 

De este modo, fijan un plazo de un año desde la aprobación de la ley para establecer los mecanismos adecuados para recabar datos sobre la migración del colectivo dentro de España. "Teniendo en cuenta los datos que se obtengan se contemplará, en su caso, el sexilio como causa de despoblación dentro de las medidas sobre políticas de despoblación del Gobierno de España", detalla el texto. 

En esa línea, proponen eliminar todo el artículo que contempla medidas en el ámbito rural y sugieren un nuevo capítulo para "atender las particularidades del medio rural" y garantizar "en mayor medida" la igualdad de derechos y oportunidades de las personas LGTBI. 

Mujeres trans en situación de prostitución

Otra de las novedades que añaden es un punto específico sobre prostitución. Proponen introducir un artículo en el que se concrete que las mujeres trans en situación de prostitución tendrán derecho a la atención y las ayudas sociolaborales y psicológicas que se contemplan en la recién aprobada ley del 'solo sí es sí', así como en los establecidos en los planes y medidas para víctimas de violencia sexual, de trata y de explotación sexual.

Igualmente proponen introducir un nuevo artículo para que las administraciones adopten las medidas necesarias para la prevención del sinhogarismo entre personas LGTBI y de los delitos e incidentes de odio que sufren.

Medidas de acción positiva en las empresas

En lo que respecta a lo laboral, sugieren medidas concretas en los planes de empleo para las personas trans, "y especialmente para las mujeres trans", con medidas de acción positiva para su contratación. En esa línea, establecen la obligatoriedad de que las empresas con más de 50 empleados promuevan medidas y protocolos para prevenir el acoso de las personas LGTBI.