El bloqueo del PP a renovar el CGPJ evita otra crisis entre Podemos y Yolanda Díaz

La vicepresidenta Yolanda Díaz junto al líder del PCE, Enrique Santiago, principal negociador de Unidas Podemos para la renovación del CGPJ.
La vicepresidenta Yolanda Díaz junto al líder del PCE, Enrique Santiago, principal negociador de Unidas Podemos para la renovación del CGPJ.
EFE
La vicepresidenta Yolanda Díaz junto al líder del PCE, Enrique Santiago, principal negociador de Unidas Podemos para la renovación del CGPJ.

El nuevo fracaso de las conversaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras casi cuatro años en funciones por el nuevo bloqueo del PP ha atajado, sobre la bocina, el estallido de una crisis en uno de los actores que -paradójicamente- podrían haberse beneficiado de esa renovación: Unidas Podemos. Podemos, el partido más grande de esa coalición, tenía claro que no firmaría ningún acuerdo que no convirtiera en vocal del CGPJ a la magistrada Victoria Rosell. Pero ni la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ni IU, la pata minoritaria de Unidas Podemos, compartían ese ultimátum. Y la negativa a asumirlo provocó una nueva herida en el ya viciado ambiente interno de la coalición que estuvo a punto de hacer estallar un conflicto interno de grandes dimensiones.

Por parte de Unidas Podemos, las negociaciones para la renovación del CGPJ las estuvo pilotando hasta su ruptura el secretario general del PCE, Enrique Santiago, en contacto directo con Díaz. De inicio, la posición de toda la coalición morada era la misma: Rosell -actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género- era una de sus candidatas favoritas para ocupar uno de los dos puestos que, a priori, los morados hubieran podido elegir dentro del nuevo órgano de gobierno de los jueces. No obstante, el PP vetó el nombre de la magistrada aduciendo que no respetaba el compromiso de "despolitización" por ocupar actualmente un cargo público dependiente del Ministerio de Igualdad. Y la respuesta a ese veto fue la que detonó el conflicto latente en Unidas Podemos.

El ambiente dentro de la formación morada comenzó a enrarecerse el viernes de hace dos semanas, cuando Podemos elevó su apuesta a través de los medios de comunicación y anunció que no apoyaría ningún acuerdo para la renovación del CGPJ que no incluyera a Rosell como una de las nuevas vocales. El lunes pasado, tres días después, el partido morado apuntaló su ultimátum y aseguró por boca de su coportavoz, Javier Sánchez, que defendería su postura "hasta las últimas consecuencias", aunque no detalló cuáles serían.

En público, pocos detalles más se ofrecieron. Pero en privado, tanto Podemos como IU, así como el entorno de Yolanda Díaz, empezaron a considerar perfectamente posible que esas "últimas consecuencias" se tradujeran en una ruptura de la unidad del voto del grupo parlamentario de Unidas Podemos si, finalmente, Díaz y Santiago pactaban con PSOE y PP un reparto del CGPJ que no incluyera a Rosell como una de las vocales. De hecho, esa posibilidad era, hasta el momento en el que el PP rompió las negociaciones, mucho más factible que la opción de que los populares retiraran su condición de que los vocales no debían haber ostentado cargos políticos recientemente, un requisito que había sido aceptado por el PSOE.

Con ese panorama, y aunque Podemos aseguraba públicamente que Díaz e IU compartían su órdago, lo cierto es que ni la vicepresidenta segunda ni la federación que lidera Alberto Garzón estaban dispuestos a que Unidas Podemos se quedara fuera del acuerdo para renovar el CGPJ solo por que Rosell no fuera una de las vocales elegidas. El nombre de la magistrada fue defendido por Díaz y Santiago en esas conversaciones, y la vicepresidenta veía con buenos ojos que estuviera en el nuevo Consejo. Pero Díaz también tenía claro que su prioridad era que la renovación se pactara y se aprobara, incluso aunque Rosell no formara parte de la misma.

Iglesias lideró la presión interna

El razonamiento que subyacía tras esta estrategia es que Unidas Podemos no estaba en posición de bloquear la renovación, incluso aunque hubiera decidido salir de las negociaciones y no firmar el pacto por el veto a Rosell. PSOE y PP suman prácticamente la mayoría de tres quintos necesaria en el Congreso para aprobar el nuevo CGPJ. Y eso implica que ellos solos podían -hasta la ruptura unilateral que decidieron los populares- renovar el órgano de gobierno de los jueces. Es más: si Unidas Podemos hubiera decidido quedarse fuera del acuerdo, PSOE y PP hubieran podido repartirse los dos vocales que correspondía elegir a la formación morada. 

En el peor escenario para Unidas Podemos, Rosell no hubiera estado en el CGPJ, pero tampoco hubiera accedido al mismo ningún otro vocal elegido por los morados. Y eso es algo que Díaz y Santiago no contemplaban bajo ninguna circunstancia, pese a que se exponían a que la unidad de voto de Unidas Podemos se hubiera roto cuando hubiera tocado votar a los nuevos vocales en el Congreso, ya que Podemos aseguraba sí estar dispuesto a oponerse al pacto aunque lo hubiera firmado la vicepresidenta.

Un alto cargo del grupo parlamentario morado alineado con la vicepresidenta admitía el viernes pasado que esa ruptura era perfectamente posible, más aún cuando el exvicepresidente Pablo Iglesias -una voz aún enormemente influyente en Podemos- llevaba días presionando para romper si Rosell no formaba parte del acuerdo. Iglesias, de hecho, había dejado un recado a Díaz sin mencionarla asegurando que sería "preocupante que la izquierda cediera a la presión política del PP y del PSOE y a la presión mediática de la derecha y de la progresía".

Cierto es que, si Podemos, por un lado, e IU y Díaz, por el otro, hubieran votado diferente ante un eventual acuerdo, no hubiera sido la primera vez que se rompiera la unidad de voto en Unidas Podemos. Los diputados catalanes del grupo, por ejemplo, votaron diferente al resto de sus compañeros en junio en una iniciativa sobre proxenetismo, ya que En Comú mantiene posiciones regulacionistas de la prostitución y Unidas Podemos es, mayoritariamente, abolicionista.

No obstante, hasta ahora, las contadas ocasiones en las que se ha producido una ruptura de la disciplina de voto se han debido a una diferencia ideológica. Y hay voces de peso dentro de Unidas Podemos que no dudaban en asegurar la semana pasada que detrás de este choque interno por la defensa de Rosell lo que hay en realidad es una lucha por el poder y el control del espacio a la izquierda del PSOE.

Una pugna que viene de lejos

Desde hace meses, la tensión entre Díaz y Podemos es patente, aunque ha pasado por fases de mayor crispación y por otras más relajadas. Y lo es porque la puesta en marcha de la plataforma Sumar con la que la vicepresidenta podría presentarse a las próximas elecciones ha provocado que todos los actores de Unidas Podemos -IU, Podemos y también la propia Yolanda Díaz- hayan tomado posiciones y estén tejiendo alianzas internas con un mismo objetivo: tener mayor capacidad de decidir puestos, utilizar recursos y, sobre todo, marcar las líneas políticas. Y quien más tiene que perder es Podemos porque, hasta ahora, ha sido sin discusión el partido que ha liderado el espacio a la izquierda del PSOE.

En la conformación de esos bloques internos, IU se ha alineado sin fisuras con Díaz, aunque su relación con Podemos no solo se ha contaminado por eso, sino por fracasos como el de las elecciones andaluzas. La interlocución, especialmente entre Podemos e IU, sigue existiendo y nunca se ha roto, pero el fuerte choque entre ambos para pactar una candidatura única en Andalucía, que acabó con los morados fuera de la coalición y teniendo que hacer un arreglo de última hora para entrar en las listas, ha dejado muy marcada una relación que vive uno de sus momentos más bajos desde que se formó Unidas Podemos en 2016.

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