Pese a que parecía zanjado, el debate sobre la autodeterminación de género de las personas trans se ha reactivado en la última semana. Las desavenencias entre los socios de Gobierno en torno al proyecto de ley trans ha trasladado de nuevo a primer plano uno de los pilares sobre los que se erige la norma: el derecho a cambiar de sexo en el Registro Civil sin requisitos previos. Aunque una parte de los socialistas se ha mostrado reticente a contemplarlo en el texto, lo cierto es que 14 comunidades ya reconocen la libre autodeterminación en sus leyes autonómicas, aprobadas muchas con el beneplácito del PSOE y algunas incluso con el apoyo o la abstención del PP.
La normativa vigente, de 2007, permite a las personas transexuales mayores de edad modificar el nombre y sexo en sus documentos de identidad sin necesidad de someterse a una operación genital y sin sentencia judicial. No obstante, ahora mismo no vale con la simple declaración de la persona solicitante. Según la ley actual, hay que cumplir unos requisitos para corregir la asignación registral de sexo: que a la persona en cuestión se le haya diagnosticado disforia de género y haber recibido tratamiento hormonal durante, al menos, dos años.
La ley impulsada ahora por el Ministerio de Igualdad aspira a suprimir esas condiciones y fijar que solo sea necesaria la declaración de la persona que solicita un cambio registral para que se le cambie el sexo en el DNI. Es decir, dar reconocimiento jurídico a la identidad de las personas trans. Se apoya, por un lado, en que la OMS eliminó la transexualidad de la lista de trastornos mentales en 2018 (despatologizando, por tanto, esta condición); y, por otro, en la consideración de que la hormonación obligatoria es innecesaria.
De este modo, la ley que fue aprobada en Consejo de Ministros a finales de junio establece que cualquier persona trans podrá cambiar la mención registral del texto, desde los 16 años, sin necesidad de someterse a tratamientos de terapia. Así, de entrar en vigor, simplemente bastará con acudir al registro, hacer la solicitud de cambio para que, en un plazo de cuatro meses, el cambio conste de forma definitiva en el DNI.
14 comunidades con autodeterminación de género
El punto abrió heridas entre el PSOE y Unidas Podemos durante la elaboración del texto, pues hay una parte del ala socialista (encabezada por la exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo) que no considera prudente reducir a la simple declaración el reconocimiento legal de la identidad de género. En los dos últimos años han trascendido voces socialistas en contra de esta medida o, por lo menos, no a favor, por considerar que puede chocar con los derechos de las mujeres. Aunque fue precisamente el grupo socialista quien presentó en 2017 una proposición de ley muy similar a la que se está tramitando.
Desde la primera ley que reconoció los derechos de las personas trans hace más de diez años, ya son 14 las comunidades con ley trans que reconocen la libre autodefinición de género: Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón, Comunidad Valenciana, Murcia, Extremadura, Andalucía, Canarias, Baleares, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Cataluña.
Galicia sí tiene ley trans, pero no recoge la autodeterminación; y Asturias, Castilla y León y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla directamente no tienen legislación alguna al respecto.
Andalucía en 2014
Contempló este derecho en su ley integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de las personas transexuales, en junio de 2014. Se reconoció en ella el derecho a la autodeterminación de género, desvinculándolo "de la necesidad de aportar diagnósticos médicos previos que acrediten una disonancia estable entre el sexo biológico y la identidad de género sentida como propia".
Aragón en 2018
En su Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación, aprobada en abril de 2018 por unanimidad, reconoce también el derecho a libre autodeterminación de género a través de una declaración expresa y abandona la patologización. Concretamente, la norma recoge que "en ningún caso será requisito acreditar la identidad de género manifestada mediante informe psicológico o médico ni se podrán requerir pruebas de realización total o parcial de cirugías genitales, tratamientos hormonales o pruebas psiquiátricas, psicológicas o tratamientos médicos para hacer uso de su derecho a la identidad de género".
Baleares en 2016
En las Islas Baleares se aprobó en 2016, con un amplio consenso también, una ley para garantizar los derechos de lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales y para erradicar la LGTBIfobia. En ella se indica que las personas transexuales deben ser tratadas y nombradas de acuerdo con el nombre del género con el que se identifican y añade que no hará falta "ningún diagnóstico de disforia de género ni ningún tratamiento médico". La norma fue impulsada por el entonces tripartito balear (PSOE, coalición econacionalista MÉS y Podemos), y respaldada por la oposición (PP, PI y Cs).
Cantabria en 2020
En 2020, el Pleno del Parlamento de Cantabria aprobó la ley de garantía de derechos LGTBI, que contó con el apoyo de todos los grupos de la Cámara, excepto Vox. El texto reconoce la libertad de autodeterminación de género y detalla que ninguna persona "podrá ser requerida a someterse a pruebas o exámenes para determinar su orientación sexual, identidad sexual o identidad de género, especialmente, cuando ello determine o pueda determinar su acceso a un puesto de trabajo, a prestaciones, o al ejercicio, goce o disfrute de cualquier otro derecho u oportunidad, ya sea en el ámbito público o privado".
Extremadura en 2015
En marzo de 2015, Extremadura aprobó su ley de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transgéneros, transexuales e intersexuales por unanimidad. También aquí se pasó a reconocer la "autodefinición" con respecto al cuerpo, sexo, género y orientación sexual, indicando que "ninguna persona podrá ser obligada a someterse a tratamiento, procedimiento médico o examen psicológico que coarte su libertad de autodeterminación de género".
La Rioja, en 2022
En febrero de este año, el parlamento riojano aprobó su ley trans con los votos del PSOE, IU y Podemos (fue el PSOE el que presentó la iniciativa). Deja atrás aspectos patologizantes, como el requerimiento de certificados médicos de disforia de género, y garantiza la libre autodeterminación de género desde los 16 años.
Madrid en 2016
En marzo de 2016, la Asamblea de Madrid aprobó la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación con los votos del PSOE, Podemos y Ciudadanos, y con la abstención del PP. En ella se indica que "en ningún caso será requisito acreditar la identidad de género manifestada mediante informe psicológico o médico".
Murcia en 2016
La Asamblea de Murcia aprobó en mayo de 2016 la primera ley de igualdad LGTBI de la historia de la Región, por unanimidad. Pasó a contemplarse así el derecho a que su identidad de género sea reconocida, subrayando que "ninguna persona podrá ser obligada a someterse a tratamiento, procedimiento médico o examen psicológico que coarte su libertad de autodeterminación de género".
Navarra en 2017
En Navarra, en 2017, salió adelante una ley con el apoyo de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos, PSN e I-E; la abstención de UPN y el rechazo de PPN. La ley foral recoge la "libre autodeterminación de la identidad sexual o de género" y establece el mandato de que la atención sanitaria se base en una "visión despatologizadora"; es decir, "la consideración de que la vivencia transexual y transgénero no es una enfermedad, un trastorno o una anomalía, sino que forma parte de la diversidad humana".
País Vasco en 2019
País Vasco modificó en junio de 2019 su ley de no discriminación por motivos de identidad de género (de 2012) por unanimidad. La norma permite al colectivo acceder a un nuevo documento administrativo (parecido a un DNI) mientras se desarrolla el proceso de reasignación de sexo, pero que solo tiene validez en los servicios que ofrezca el Gobierno vasco, las tres Diputaciones y los Ayuntamientos.
Comunidad Valenciana en 2017
Las Cortes Valencianas aprobaron en 2017 la ley de reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de género con los votos del PSOE, Compromís, Podemos y CS, y a pesar del rechazo del PP. La norma eliminó la consideración de la transexualidad como una enfermedad, y suprimió el requisito de que las personas trans cuenten con un informe médico o psicológico que lo acredite.
Cataluña en 2014
La ley, de 2014, no habla específicamente de la autodeterminación de género, pero sí que recoge el derecho de las personas trans a ser tratadas y nombradas por las administraciones públicas "de acuerdo con el nombre del género con el que se identifican, aunque sean menores de edad". Además, la norma aprobada con el apoyo de todos los partidos excepto el PP, destaca que las personas trans pueden acogerse a su identidad de género "sin necesidad de un diagnóstico de disforia de género ni tratamiento médico".
Canarias en 2021
Con una abrumadora unanimidad, Canarias aprobó en mayo de 2021 (en pleno debate político sobre la ley trans estatal) una ley que establece la libre autodeterminación de género y elimina el requisito de informe psicológico o médico.
Castilla-La Mancha en 2022
La última en aprobar una legislación en materia de derechos trans fue Castilla-La Mancha, en mayo de este año, y también por unanimidad. En ella especifican el derecho al "libre desarrollo y reconocimiento de su personalidad", y la "despatologización de la transexualidad".
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