"Te quitaré lo que más quieres", "no volverás a ver a tus hijos", "ya verás lo que harás a las niñas"... Este tipo de amenazas se suceden contra las mujeres víctimas de violencia vicaria, un problema que abordó este jueves la Comisión de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género del Congreso de los Diputados, que contó con la presencia de dos expertas en la materia. Sonia Vaccaro, psicóloga especializada en victimología y violencia de género, y María Dolores Lozano, presidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA), comparecieron en sede parlamentaria para subrayar el alcance de esta lacra y la importancia de articular un entramado judicial que permita detectar y atender esta forma de violencia.
La violencia vicaria es, tal y como Vaccaro la definió en la Comisión, aquella que "un maltratador realiza contra una mujer a través de hijas e hijos de modo preferente -también puede utilizar a otros seres significativos para ella, incluidas las mascotas-, a quienes utilizará como objetos para continuar su violencia contra la madre". La especialista en violencia de género añadió que este castigo contra la mujer a través de los hijos aparece cuando se plantea la separación o divorcio del hombre violento, un proceso en el que "ser madre es un factor de vulnerabilidad", porque "la justicia y las instituciones permiten al maltratador continuar teniendo contacto y poder de decisión sobre los hijos".
El término de violencia vicaria, que fue acuñado por Vaccaro hace doce años, se introdujo en 2017 en el Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, lo que supuso un reconocimiento a una realidad que, hasta entonces, había pasado prácticamente inadvertida por carecer de designación. Hasta tal punto que, según recordó la experta, antes de que la ley de 2004 contra la violencia de género entrara en vigor, se dieron tres casos en los que la mujer fue culpada como "partícipe necesaria o cómplice" del asesinato de sus hijos e hijas a manos de su maltratador, esgrimiendo como argumentos "que no transmitió en la denuncia la gravedad de la situación, que no impidió que el asesino cometiera el delito o que no protegió suficientemente a los niños".
"Las palabras generan pensamientos y los pensamientos generan realidades. Lo que no se nombra no existe, de ahí la importancia de nombrar este tipo violencia que veíamos que las mujeres empezaban a padecer cuando se divorciaban o separaban de un hombre violento", recalcó Vaccaro en la Comisión, que antes de empezar guardó un minuto de silencio por las dos mujeres asesinadas en crímenes machistas esta semana en Madrid y Sevilla. En lo que va de año, el número de víctimas mortales por violencia de género asciende a 21 mujeres y a un menor, sumando un total de 1.151 mujeres y 47 niños asesinados desde que existen registros (2003 y 2013, respectivamente).
El perfil del asesino
Vaccaro se refirió en la Comisión parlamentaria al estudio Violencia Vicaria: un golpe irreversible contra las madres, elaborado por la propia psicóloga junto a la Asociación de Mujeres Psicología Feminista y a la Universidad de Granada y publicado en diciembre de 2021. En esta investigación se analizaron 400 casos de violencia de género ocurridos entre los años 2000 y 2021, en los que encontraron 51 asesinatos por violencia vicaria. Del estudio se desprende que el 72% de los asesinos, pertenecientes a todas las clases sociales y niveles educativos sin distinción, tenían una edad de entre 30 y 50 años.
Además, el 96% no padecían ninguna enfermedad mental diagnosticada y en el 60% de los casos estudiados los asesinos habían amenazado explícitamente a las madres con llevar a cabo el crimen que finalmente acabaron cometiendo. "Estos individuos no son enfermos. Los asesinatos no son producto de un ataque desenfrenado de ira, sino que, por el contrario, todos son planeados y calculados al milímetro. Estos individuos son hijos sanos de un patriarcado que continúa protegiéndolos", subrayó Vaccaro.
La especialista en violencia de género añadió también que, en el 82% de los casos, el asesino era el padre biológico del menor y, en el 100%, era quien cumplía el rol paterno. Estos datos, a su juicio, deben hacernos "cuestionar si un individuo violento que ataca el vínculo protector de apego de una madre merece ser nombrado como el que sí cumple con su rol paterno". "Un maltratador nunca es un buen padre. La capacidad de engendrar hijos les da en todo caso el estatus de fértiles, no de padres", afirmó Vaccaro rotundamente.
Asimismo, el estudio muestra que las víctimas tenían una edad de entre 0 y 5 años. Para Vaccaro, el dato más impactante es "el silencio que merecieron los niños y niñas amenazados", puesto que en los 51 casos analizados no existía ninguna medida de protección hacia los menores, tales como órdenes de alejamiento o supresión del contacto con el progenitor violento. Y es que los hijos no se incluyeron en el sistema VioGén, el sistema de seguimiento integral de casos de violencia machista, hasta 2018, a raíz del asesinato de dos niñas, Martina y Nerea, en Castellón.
Necesidad de coordinación
En este sentido, la presidenta de la AEAFA, María Dolores Lozano, destacó los avances introducidos por la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que, entre otros puntos, suspende las visitas a los hijos de los padres maltratadores. No obstante, la abogada incidió en la importancia de establecer secciones especializadas en derecho de familia en los juzgados de todas las capitales de provincias, no solo para garantizar un tratamiento equitativo a los ciudadanos en toda España -el 53% de la población no tiene acceso a un juzgado de familia, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)-, sino también para detectar la "violencia soterrada en el orden civil".
Lozano explicó que, si bien en los juzgados especializados en violencia de género se llevan casos de malos tratos físicos, en gran parte de los divorcios que se tramitan ante juzgados civiles se detecta una violencia que pasa inadvertida ante la Justicia, motivo por el que insistió en la necesidad de una conexión fluida entre los juzgados de violencia de género y los de familia. "En los procedimientos de familia encontramos casos que deberían ser puestos en conocimiento de los juzgados de violencia de género y no se hace", afirmó.
Para facilitar esta coordinación y evitar casos como el reciente asesinato de un niño de 11 años en Sueca (Valencia), la presidenta de la AEAFA planteó la creación de una "matrícula familiar" en la que se recoja el histórico de causas acumuladas por una familia. "Los juzgados no están conectados. Esta falta de coordinación y esta falta de información da lugar a situaciones como la de Sueca, una pareja que estaba en el juzgado de violencia y, al mismo tiempo, un juzgado independiente estaba tramitando en un procedimiento civil un convenio regulador. Si el juzgado de familia hubiese tenido conexión, habría pasado la competencia al juzgado de violencia", explicó Lozano, que dejó claro que "una cosa es lo que dice el papel y otra cosa es lo que vemos cada día".
Según la abogada, la "matrícula familiar" es una medida "factible" y "barata", porque evitaría realizar una nueva evaluación psicosocial, un proceso que en algunas comunidades autónomas se prolonga hasta tres años, cada vez que se abre una nueva causa. Lozano añadió también que sería necesario ampliar el catálogo de delitos contra la mujer, dado que el impago de una pensión, por ejemplo, es una forma de violencia económica, igual que la constante apertura de procedimientos legales puede ser una forma de "asfixiar" a la madre. El fondo de la cuestión estriba en dirimir cuándo se trata de un conflicto puntual y cuándo se trata de un caso de violencia que no está siendo atendido, de ahí la importancia de la especialización y de la coordinación.
Además, la presidenta de la AEAFA destacó la necesidad de "que los equipos psicosociales sean más eficaces" y de "dar siempre audiencia a los niños". Estos dos aspectos son los que suscitan un mayor número de quejas, según la abogada, que señaló que "todo niño tiene derecho a ser oído sin discriminación" y de forma adecuada a su madurez.
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