El Congreso se mueve para sortear el veto a ERC y Bildu del PP, que lleva dos años bloqueando que se constituya en la Cámara la comisión de Gastos Reservados, más conocida como comisión de Secretos Oficiales. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, anunció este martes un cambio en el sistema de elección de este órgano con el fin de que sus miembros solo necesiten para ser elegidos la mayoría absoluta de la Cámara y no mayoría de tres quintos, como ocurre hasta ahora. La intención de Batet es que se pueda poner en marcha por fin esta comisión y que en ella estén presentes ERC y EH Bildu, los principales perjudicados del espionaje revelado hace unos días a decenas de dirigentes independentistas entre 2017 y 2020.

La presencia de las formaciones secesionistas en esta comisión es importante porque ese órgano es el único que, en el Congreso, puede fiscalizar la labor del CNI, al que el independentismo señala como responsable de los pinchazos telefónicos a buena parte de su cúpula. Con su propuesta, Batet pretende reformar una resolución del año 2004 en la cual se preveía que todos los grupos parlamentarios pudieran tener presencia a la comisión de gastos reservados, algo que, en la práctica, no se estaba cumpliendo por la negativa del PP a que ERC y EH Bildu participasen en la misma, lo que ha impedido su puesta en marcha en esta legislatura.

La reforma del método de elección de los miembros de la comisión se debatirá esta tarde después de la sesión ordinaria del Pleno. Lo harán, en sendas reuniones extraordinarias, la Mesa y la Junta de Portavoces del Congreso, y se prevé que los cambios salgan adelante habida cuenta de la mayoría de 6 a 3 con la que cuentan PSOE y Unidas Podemos en la primera, y esas dos formaciones con sus aliados parlamentarios nacionalistas e independentistas, en la segunda. No obstante, se prevé un agrio debate en torno a una cuestión que genera muchas resistencias en PP, Vox y Cs.

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"Esta comisión debería haberse constituido desde el principio de la legislatura", y los "vetos cruzados" que lo han impedido hasta ahora suponen una "anomalía" que el cambio en el método de elección pretende corregir, argumentó Batet. La presidenta criticó que, hoy por hoy, "el parlamento no puede fiscalizar los gastos reservados", lo cual supone incumplir "el mandato constitucional de control al Gobierno". El cambio en el método de elección se producirá esta semana, según concretó Batet.

Fuentes de la presidencia del Congreso aseguran que ofrecerán a los cuatro diputados afectados por los espionajes los servicios jurídicos de la Cámara. Una oferta que aún no se ha producido, según confirma a este periódico una de las diputadas afectadas. 

A ERC y Bildu les sabe a poco

El paso dado por la presidenta del Congreso para que se constituya la comisión de gastos reservados y el CNI pueda ofrecer explicaciones en la misma sobre el supuesto espionaje, sin embargo, no resulta suficiente para ERC y EH Bildu. El portavoz republicano, Gabriel Rufián, lo planteó de manera muy gráfica este martes, al asegurar que en esa comisión no se va a aclarar "nada" porque es "a puerta cerrada" y además los participantes no pueden revelar públicamente ninguna información que se les traslade. "Es un rato para que el director del CNI te explique cuatro chascarrillos, y no estamos para chascarrillos", ironizó Rufián.

Con menos sarcasmo, pero con la misma contundencia se expresó la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, que también considera insuficiente que se ofrezcan explicaciones en la comisión de gastos reservados. "Nos parece bien el cambio en el método de elección, los vetos que impedían constituir la comisión no eran nuestros, así que si ahora se opta por esa solución nos parece bien", planteó Aizpurua, que sin embargo se mostró muy escéptica ante la posibilidad de que "en esa comisión vayamos a informarnos realmente de lo que está pasando".

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El PP considera "muy triste" la entrada de Bildu

El PP, por su lado, se ha mostrado totalmente en contra del movimiento de Batet. "La comisión de Secretos Oficiales podría estar perfectamente constituida con la resolución del año 2004 que rige en estos momentos", defendió la portavoz popular, Cuca Gamarra, que tachó de "muy triste" que "un partido como Bildu vaya a poder solicitar información y vaya a poder interrogar al CNI". La secretaria general del PP considera preocupante que le partido abertzale pueda "llegar a información" a la que, en su opinión, "no debería llegar". 

Gamarra considera la situación una nueva claudicación de un Gobierno que "vuelve a poner el Estado al servicio de sus socios de investidura", un velo que esconde "la exigente de sus socios de formar parte de la comisión" para acceder "a información que se llama de secretos oficiales y que tiene un componente distinto".