La crisis abierta entre el Gobierno y sus socios parlamentarios por el supuesto espionaje a más de 60 dirigentes independentistas catalanes y vascos y sus entornos amenaza con llevarse por delante el plan de choque del Ejecutivo para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania. El próximo jueves, el Congreso debatirá y votará la convalidación de este decreto, que incluye medidas como la ayuda de 20 céntimos por litro de gasolina, la ampliación del bono social eléctrico o la limitación temporal de la subida anual de los alquileres al 2%. Y ERC ha abierto la puerta a rechazarlo si el Gobierno no les ofrece explicaciones convincentes sobre el espionaje.

No hace ni un mes, las medidas estrella aprobadas por el Ejecutivo para hacer frente a la crisis desatada por la guerra parecían completamente blindadas por el voto a favor de ERC, PNV y EH Bildu. Pero las revelaciones sobre estas escuchas a dirigentes políticos independentistas han puesto en el alambre la convalidación del decreto. 

Las dos formaciones nacionalistas vascas, pese a ser muy críticas con la tibia reacción del PSOE a estas noticias, aseguran que apoyarán el plan de choque, al igual que hará el PDeCAT. Pero ERC no tiene la misma opinión. Si ya durante la semana pasada aseguraba que, si no se restaura “el juego limpio”, sería “imposible que pueda continuar la colaboración política” con el Gobierno, ayer tampoco se mostró conforme con la reunión mantenida con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el posterior anuncio del Gobierno de iniciar un “control interno en el CNI” y la "constitución de manera inmediata de la Comisión de Secretos Oficiales" del Congreso para analizar el presunto espionaje a dirigentes independentistas.

Tras el encuentro en la Generalitat, la consejera catalana de Presidencia, Laura Vilagrà, aseguró salir “insatisfecha”, calificó las respuestas de Bolaños de “insuficientes, vagas e inconcretas” y manifestó que una investigación interna del CNI no le da garantías a ERC. 

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Para el Ejecutivo, estas dudas generan dos problemas de enormes proporciones. El primero, a corto plazo, es evidente, ya que el hecho de no conseguir aprobar su plan de choque dinamitaría toda la respuesta económica del Ejecutivo a la crisis provocada por la guerra y desarbolaría buena parte de las medidas sociales que fueron reclamadas durante semanas por los sectores más afectados como el de los transportistas.

El segundo problema, a medio y largo plazo, es que la ruptura de la mayoría que forma el Ejecutivo con sus aliados nacionalistas en un momento clave como el actual dejaría una cicatriz muy profunda que incluso podría poner en riesgo la estabilidad de lo que queda de legislatura.

La preocupación por esta posible fractura de la alianza con ERC, PNV y EH Bildu es patente al menos en una parte del Gobierno porque, más allá de esas consecuencias a medio y largo plazo, este mismo jueves las cuentas del Ejecutivo podrían ya ir muy justas para la convalidación de su plan de choque. Si ERC finalmente decidiera votar que no, uniría sus votos al más que probable rechazo de Vox al plan, una negativa a la que también podrían sumarse el PP -que ha asegurado que no va a "apoyar" el plan, aunque no ha confirmado si lo rechazará o se abstendrá-, Cs -que duda entre abstenerse o votar en contra- o JxCAT -que aún no ha confirmado qué votará-. 

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Si todos decidieran oponerse a la convalidación del decreto, entre esos grupos sumarían 169 votos en contra. Y con otros pequeños partidos como Coalición Canaria o la CUP y el apoyo de diputados tránsfugas conservadores como Pablo Cambronero -ex de Cs- o Carlos García Adanero y Sergio Sayas -los recientemente expulsados parlamentarios de UPN- podrían incluso alcanzar los 175 escaños contrarios al plan: justo la mitad del Congreso. No está garantizado, ni mucho menos, que el plan de choque fuera a ser derribado sin ERC, ya que alguno de esos grupos podría apoyar el decreto. Pero si los republicanos le dieran luz verde, el Gobierno podría respirar mucho más tranquilo.

Hasta ahora, sin embargo, todos los mensajes que llegan de ERC son de un enorme enfado con cómo el PSOE está gestionando la situación sobre el espionaje. A las palabras de ayer de Vilagrá, se suman las del president de la Generalitat de Cataluña y coordinador del partido, Pere Aragonès, que el pasado jueves aseguraba que sus relaciones con el Gobierno están "en suspenso". Aragonès es claro: quiere que esta semana se esclarezca "quién sabía, quién autorizó estas acciones o quién no" y, en su caso, que haya "renuncias".

Una sesión de control que se prevé tensa

El debate y la votación del decreto, no obstante, no van a ser los únicos puntos del orden del día del Pleno del Congreso en los que se escenificarán las diferencias entre el Gobierno y sus socios. La sesión de control del miércoles se perfila como una de las más tirantes de la legislatura, y eso que los dos últimos años no han sido precisamente relajados a nivel parlamentario. Tanto el presidente Pedro Sánchez como la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el titular de Presidencia, Félix Bolaños, se enfrentarán a las preguntas de los diputados independentistas sobre el supuesto espionaje.

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El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que hasta ahora ha mantenido un perfil bajo durante la crisis para dejar el protagonismo a Aragonès, será quien se dirija directamente a Sánchez en la Cámara Baja para cuestionarle acerca del espionaje.  para preguntarle si "piensa el Gobierno español investigar el caso de espionaje a políticos independentistas". Por su parte, a Robles se dirigirán JxCAT y la CUP: Miriam Nogueras, portavoz del partido de Carles Puigdemont, quiere que la ministra aclare si ha tomado medidas "para depurar responsabilidades en el escandaloso caso Pegasus", mientras que la anticapitalista Mireia Vehí le preguntará "qué razones pueden tener los servicios de inteligencia para investigar a la oposición independentista".

De las formaciones vascas, el PNV también ha registrado una pregunta para la responsable de Defensa, a la que pedirá conocer "qué artículo de que ley le impide dar datos al parlamento sobre el uso del programa Pegasus por parte del Estado". Y EH Bildu, por su parte, se dirigirá al ministro Bolaños para conocer si "tiene constancia de la implicación de algún ministerio o sus órganos en el espionaje político masivo a independentistas".