El espionaje a más de 60 políticos independentistas, la mayoría catalanes aunque también algunos vascos, amenaza con convertirse en un problema muy serio para la estabilidad de la legislatura y hace peligrar la mayoría que sostiene al Gobierno. Después de que el lunes se conocieran estas intervenciones a los móviles de varias decenas de dirigentes, la parte socialista del PSOE ha insistido en defender que el Ejecutivo no tiene "nada que ocultar" ni ha tenido ninguna responsabilidad. Pero para sus socios nacionalistas e independentistas, esas explicaciones se quedan muy cortas y avisan de que si los socialistas no se comprometen a investigar el caso, los pilares de la legislatura se tambalearían.
Quien más claramente se expresó este miércoles en estos términos fue nada menos que el president de la Generalitat de Cataluña y coordinador nacional de ERC, Pere Aragonès, que avisó a las claras en una entrevista en RAC1 de que "si no se asumen responsabilidades, será muy difícil que continúe la estabilidad parlamentaria". El aviso no es baladí, para empezar porque lo planteó Aragonès y no el portavoz parlamentario Gabriel Rufián -el habitual encargado de lanzar estos órdagos-, pero también porque es la primera vez que ERC habla tan claramente de romper su alianza con el Ejecutivo, del cual es socio imprescindible para alcanzar la mayoría en el Congreso con la que sacar adelante las leyes.
ERC, según dijo Aragonès, quiere conocer "quién ha ordenado este espionaje, a quién se ha espiado, qué datos se han recabado y, a partir de ahí, asumir responsabilidades". Y quiere acceder a esta información a través de una investigación puesta en marcha por el propio Gobierno, porque si no contribuye a aclarar este supuesto espionaje -que tampoco se conoce si se realizó con o sin orden judicial-, "será muy difícil seguir confiando" en el Ejecutivo. "Para llegar a acuerdos, es imprescindible que se restaure la confianza", y hoy por hoy "el apoyo de ERC al PSOE ya está extremadamente dañado", denunció Aragonès.
El president insistió en que, si los socialistas no se abren a iniciar esta investigación en los ministerios de Defensa e Interior, ERC "tendrá que debatir si hay que continuar como hasta ahora o cambiar" su relación con el Gobierno. "Y yo soy partidario de que la relación no puede continuar igual", zanjó Aragonès, que pidió un "cara a cara" con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para discutir este asunto al máximo nivel. El president se reunirá este jueves con otros partidos que también han sido espiados para coordinar los próximos pasos a dar, así como con el portavoz en el Congreso de Unidas Podemos, Pablo Echenique.
Lejos de mostrar mayor condescendencia, en privado las formaciones independentistas se muestran incluso más duras con la tibia reacción del PSOE ante las revelaciones que se han conocido esta semana. Un dirigente de uno de los partidos aliados del Ejecutivo, que pide no ser identificado, asegura que los socialistas no son "conscientes" de lo delicado del momento. "No es un farol: este es el momento en el que mayor riesgo ha corrido" la estabilidad de la legislatura, "y eso que ha habido muchos momentos sensibles", sostiene esta fuente, que insiste en que la relación del Gobierno con sus socios "pende de un hilo" si el PSOE no toma "medidas serias" para investigar lo ocurrido.
La comisión de investigación
Y es que la contundente reacción ante este caso no es solo cosa de ERC. Pocas horas más tarde de las palabras de Aragonès, los republicanos presentaron en el Congreso junto a Unidas Podemos, EH Bildu, JxCAT, CUP, BNG, PNV, PDeCAT, Más País y Compromís una solicitud para poner en marcha una comisión de investigación "sobre el espionaje y la intromisión a la privacidad" de la que habrían sido víctimas, supuestamente, los más de 60 afectados. Esta iniciativa será examinada el martes que viene por la Mesa del Congreso, que debería aceptar el inicio de su tramitación si entiende que cumple todos los requisitos formales y legales.
No obstante, al depender del voto de los representantes de los grupos -PSOE y Unidas Podemos tienen tres cada uno, por dos de PP y uno de Vox-, la decisión que adopte la Mesa sobre si debe empezar a tramitarse la solicitud será de carácter político. E incluso en el caso de que el órgano de gobierno del Congreso aceptara dar trámite a la iniciativa, esta tendría que pasar en un par de semanas por la Junta de Portavoces, que decidiría si la lleva a Pleno o si la derriba sin debate previo.
En última instancia, será el PSOE el que determine la decisión sobre qué ocurrirá con esta comisión de investigación y, en general, sobre si se iniciarán pesquisas para aclarar posibles irregularidades en el espionaje a líderes independentistas. Por ahora, no obstante, los socialistas han reaccionado flemáticamente y se han limitado a programar una comparecencia ante la Comisión de Defensa del Congreso de la ministra del ramo, Margarita Robles. Esa comparecencia, aunque será próximamente, aún no tiene fecha fijada y servirá para que Robles aborde varios asuntos de la política de defensa de España, si bien fuentes de Moncloa afirman que entre ellos hablará del espionaje.
Tanto en público como en privado, el ala socialista del Gobierno insiste en que Defensa e Interior no han cometido ninguna irregularidad y en que están completamente limpios. Robles, de hecho, reivindicó este miércoles la labor del Centro de Nacional de Inteligencia (CNI), afeó que se hagan acusaciones "sin pruebas" porque el centro "no se puede defender" al ser secretas todas sus actuaciones, y garantizó que la labor del CNI está siempre sujeta a la legalidad vigente. Por su parte, la ministra de Industria, Reyes Maroto, insistió en que el Ejecutivo no tiene "nada que ocultar" y sostuvo que la relación con el Govern catalán sigue siendo fluida.
En esa misma línea, fuentes de la Moncloa admiten que los partidos independentistas "están en su derecho de decir y hacer" lo que consideren oportuno, pero también señalan que "lo sustancial es reiterar dos cosas: que no se ha roto ni se va a romper ningún mandato constitucional y que el Gobierno ha trabajado y va a seguir trabajando para reestablecer el encuentro y la convivencia" en Cataluña. Moncloa, además, argumenta que no tiene sentido culpar al Ejecutivo de un supuesto espionaje a líderes independentistas cuando ha "acreditado desde hace ya años" que se toma "muy en serio la agenda del reencuentro".
Unidas Podemos, mucho más preocupado
La actitud del socio minoritario de la coalición de Gobierno es mucho menos optimista. Unidas Podemos, por boca de su portavoz Echenique, ya planteó el martes que Defensa e Interior "tienen que iniciar inmediatamente una investigación" en sus ministerios para conocer cualquier irregularidad y, en su caso, hacer "rodar cabezas". Y este miércoles, la vicepresidenta segunda y líder morada en el Ejecutivo, Yolanda Díaz, afirmaba que en los "países democráticos" como España no puede existir "ningún resquicio" sin "transparencia". Hay que dar, dijo Díaz, "todas las aclaraciones que sean necesarias", para lo cual se remitió a la comparecencia de Robles en el Congreso de las próximas semanas.
En privado, fuentes de Unidas Podemos se muestran preocupadas sobre los efectos que pueda tener este caso sobre la estabilidad de la legislatura, y alertan de que el supuesto espionaje puede dejar muy dañada o incluso romper la relación del Gobierno con sus socios. Por ello, estas fuentes muestran su confianza en que el PSOE ofrezca "algo" a ERC que los republicanos puedan presentar a su electorado como una muestra de que están forzando al Ejecutivo a dar pasos para aclarar el asunto, si bien no confían en que los socialistas vayan a prestar su apoyo a abrir una comisión de investigación en el Congreso.
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