Robles resta credibilidad a las acusaciones de espionaje a políticos catalanes y dice que el Gobierno y el CNI "siempre" cumplen la ley

Margarita Robles, ministra de Defensa.
Margarita Robles, ministra de Defensa.
EFE

El Gobierno pasa al ataque y resta credibilidad a las acusaciones de espionaje a 60 políticos independentistas catalanes y vascos con Pegasus, el software de ciberespionaje israelí desarrollado por la empresa NSO que solo se vende a gobiernos para combatir el crimen y el terrorismo. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha señalado este miércoles que la información proviene de "una ONG cuyo mecanismo no conocemos" y ha insistido en que tanto el Ejecutivo como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) "siempre" actúan bajo la legalidad vigente.

“Hay una ONG que hace un informe que no sé cómo lo ha hecho”, ha asegurado Robles en una entrevista en el Canal 24 horas de RTVE. La ONG a la que se ha referido la responsable de Defensa es Amnistía Internacional, pero también Forbidden Stories y casi una veintena de medios de comunicación a los que Robles ha afeado “hacer imputaciones sin pruebas”, algo no concebible, ha asegurado, en un Estado de Derecho. “Pueden decir lo que quieran”, ha lanzado.

En este sentido, la ministra ha dejado ver su enfado por el señalamiento al CNI, que “no se puede defender” por la limitación que imponen determinadas leyes al hecho de compartir información que pueda afectar al funcionamiento de la inteligencia española. Es más, ha citado esos articulados para no desvelar si el CNI cuenta con Pegasus o no. Además, ha instado al resto de grupos a constituir la Comisión de Secretos Oficiales en el Congreso de los Diputados, que es la única que no está en marcha por vetos cruzados de Vox y partidos independentistas y sería donde el Ejecutivo podría dar explicaciones.

Ya la ministra portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, señaló ayer dichas limitaciones. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, se basó en leyes como la de Seguridad Nacional, la de Secretos Oficiales o la que regula el propio funcionamiento del CNI para ni confirmar ni descartar que los servicios secretos cuenten con Pegasus. El propio CNI ya ha esgrimido estos articulados para evitar informar sobre otros casos polémicos, como el del 'pequeño Nicolás'.

"No podemos sembrar sospechas sobre un organismo que no se puede defender", ha insistido Robles, que también ha recordado que el CNI, que cuenta con un magistrado, "tiene control judicial en lo que hace". "El sometimiento a la ley es absoluto", ha remachado, también por parte del Ejecutivo, a quien ha restado toda responsabilidad esgrimiendo que es "el Gobierno de Pedro Sánchez" quien "ha apostado" por el "reconocimiento político" del independentismo y "por la vía del diálogo".

El Parlament tomará acciones legales

Asimismo, Robles también ha rechazado comentar "declaraciones" provenientes de líderes independentistas, como Laura Borràs. La actual presidenta del Parlament ha pedido este miércoles la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y también de la propia Robles, por el presunto espionaje. "Debe dimitir Pedro Sánchez como presidente del Gobierno que permite esta guerra sucia estructural, su ministro del Interior y su ministra de Defensa", ha asegurado en una entrevista a Catalunya Ràdio.

Borràs también ha avanzado que desde el Parlament se plantearán acciones legales conjuntas como consecuencia de este presunto espionaje, que habría afectado a 25 diputados de diferentes legislaturas, y su voluntad de llevar esta cuestión al pleno para que tenga "trascendencia política". En este sentido, Robles ha insistido en que el Gobierno colaborará con la Justicia en todo lo necesario, algo que ya defendió Rodríguez ayer. La portavoz replicó que el Ejecutivo “colaborará” con la justicia si se le requiere y que lo hará con la “tranquilidad” de que España “es un Estado de Derecho” que no tiene "nada que ocultar".

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