La amenaza de un nuevo recurso al Tribunal Constitucional (TC) por parte del Gobierno central pende de nuevo sobre la Junta de Andalucía. De concretarse, sería el quinto en lo que va de legislatura. El último se deriva del tercer decreto de simplificación administrativa, pero ya en 2020 el Gobierno de Pedro Sánchez llevó al TC diversos puntos del primer decreto.

Además, ese mismo año, Moncloa cursó un recurso al Presupuesto andaluz aprobado en el Parlamento para 2020, cosa que repitió con el de 2021, mientras que este 2022 ha recurrido la Ley del Suelo y está pendiente de llevar al tribunal también la ampliación de regadíos en Doñana si la Junta no da marcha atrás en la iniciativa votada y aprobada en sede parlamentaria el pasado 9 de febrero.

De este modo, varias de las medidas consideradas estratégicas y primordiales para el presidente Juanma Moreno se han encontrado con la oposición del Ejecutivo central, a pesar incluso de que hayan sido habilitadas por el PSOE andaluz con su abstención. Es el caso de la Ley del Suelo o, más recientemente, Doñana, en una maniobra que despertó la incomprensión de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Respecto al tercer decreto de simplificación administrativa –que aglutina un paquete de 300 medidas para "aligerar" la burocracia y facilitar el despegue productivo de la región–, el Ejecutivo central plantea "discrepancias" en tres artículos: el 28, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en relación a los procedimientos de evaluación ambiental; el 34, referente a medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía, y, más concretamente, sobre cuestiones relativas a los proyectos de absorción de emisiones; y el 64, que modifica el régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía en cuanto delimitación de los espacios y usos portuarios y los planes especiales de ordenación de los puertos.

Al igual que en ocasiones anteriores, Gobierno de España y Junta de Andalucía han abierto un cauce de negociación para evitar el recurso al Constitucional. Tanto en el caso del primer decreto como en el de los Presupuestos de 2020 y 2021, el Gobierno central acabó retirando los recursos ante el TC una vez alcanzados los acuerdos.

Ambas instancias han acordado "iniciar negociaciones", tal y como ha quedado publicado tanto en el Boletín Oficial del Estado (BOE) como en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Allí se destaca que la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado Comunidad Autónoma de Andalucía, ha adoptado este acuerdo "para resolver las discrepancias, pudiendo instar, en su caso, la modificación del texto normativo". El inicio de las negociaciones deberá ser a su vez "puesto en conocimiento del Tribunal Constitucional por los órganos anteriormente mencionados dentro de los tres meses siguientes a la publicación de la ley, disposición o acto con fuerza de ley".

En el caso del primer decreto de simplificación administrativa, recurrido al Constitucional en abril de 2020, el Gobierno central se opuso a modificaciones que afectaban a la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía y a la Ley Audiovisual de Andalucía. En octubre de ese mismo año, el Ejecutivo central desistió del recurso al TC tras pactar con la Junta los cambios de los dos artículos en cuestión, 13 y 28. La Junta celebró el acuerdo "en una dinámica de cooperación y lealtad institucional entre administraciones en busca de una política de cooperación y diálogo, libre de confrontación".