Aprobada definitivamente la ley de FP que aspira a reducir el desempleo juvenil: "Es un proyecto de país"

La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, asiste al pleno del Senado que debate el proyecto de la Ley de Formación Profesional, este miércoles en Madrid.
La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, asiste al pleno del Senado que debate el proyecto de la Ley de Formación Profesional, este miércoles en Madrid.
EFE/Zipi

El Pleno del Senado aprobó definitivamente este miércoles-con el único rechazo del PP- la Ley de Formación Profesional, impulsada por el Ministerio de Educación con la aspiración de reducir el paro juvenil y estrechar el vínculo entre los centros educativos y el tejido productivo. El Congreso de los Diputados ya dio luz verde a la norma en diciembre, por lo que el texto culmina aquí su camino parlamentario y entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para que se pueda ir implantando de forma progresiva. 

"Es una ley estratégica y es un proyecto de país", destacó la ministra de Educación, Pilar Alegría, durante su intervención al finalizar el debate. "Nuestro país tenía una deuda histórica con la Formación Profesional", subrayó, poniendo en valor a los más de un millón de jóvenes que se matricularon este año en esta alternativa educativa. Es a esos jóvenes, según aseveró Alegría, a quien atenderá fundamentalmente la norma. "Porque la FP les va a facilitar una formación de calidad, que les va a abrir la puerta a un futuro empleo, digno, bien remunerado y, por tanto, de calidad", señaló. 

La ley llegó al Senado poco más de una semana después de que la Comisión de Educación y Formación Profesional de la Cámara Alta diera el visto bueno al informe sin aceptar ninguna de las más de 300 enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios, algo que ha sido fruto de reproche en el Pleno. 

Especialmente crítica ha sido la senadora del PP María Paloma Andrados, quien afeó a la ministra que la iniciativa "presenta como novedades cosas que no lo son". Tachando la ley de estar falta de seguridad jurídica,  envuelta de "incertidumbres" y ausente de un "marco común", la senadora 'popular' lamentó que el texto no haga "ni una sola referencia" a la educación concertada. Se mantuvo así el Partido Popular en el 'no' que ya votó durante la votación en la Cámara Baja, aunque esta vez la negativa no ha sido recibida con la sorpresa que suscitó entonces entre los impulsores de la norma. 

También Vox mostró cierta dureza, pese a anunciar su abstención. Durante su intervención, el senador José Marín Gascón instó a "eliminar todo lo que es superfluo" para centrarse "en las demandas empresariales y el empleo juvenil". Según el senador de Vox, hay que "quitar" del articulado las "referencias al lenguaje inclusivo" por "inútil" y "farragoso", así como a la perspectiva de género o a la emergencia climática. "Esta ley está inconclusa. No obstante, creemos que es necesaria", apostilló Marín. 

Por su parte, Mirella Cortés, de ERC, censuró que ninguna de las 13 enmiendas presentadas por su grupo parlamentario fuesen aprobadas, y justificó con ello su abstención. "Se nos hace muy difícil poder votar a favor de esta ley", apuntó, asegurando que "se ha perdido la oportunidad de mejorar el texto".

"Hoy es un día de esos que hacen historia", celebro la senadora socialista, Eva Granados. "Esta ley es uno de los motores del ascensor social", señaló, calificándola como una "herramienta de equidad social" fruto del consenso. 

Reducir la tasa de población con baja cualificación

La ley se erige sobre cuatro asuntos a los que pretende hacer frente: el desempleo entre los más jóvenes, la imagen de falta de prestigio que todavía hay en España sobre esta alternativa educativa, la baja tasa de matriculación en comparación con los países vecinos, y el insuficiente reconocimiento de la vida laboral. Y es que, pese a que la tendencia de los últimos años apunta a un crecimiento progresivo, España presenta una tasa de matrícula de grado medio (12%) notablemente inferior a la media de la OCDE (29%) o de la Unión Europea (25%). 

Por otro lado, el 48% de la población activa española -esto es, 11 millones de personas- no tiene un título que verifique sus competencias profesionales, aunque acumulen años de experiencia laboral. Para ello, el Gobierno ya aprobó una partida inicial de casi 852,5 millones de euros con los que Educación calcula que se podrán acreditar las competencias de más de tres millones de personas en cuatro años. 

El horizonte se fija en lograr que la población con baja cualificación descienda del 35% actual al 15%, teniendo en cuenta que las previsiones apuntan a que, en un futuro cada vez más cercano, los empleos que requieran baja cualificación se irán reduciendo y desapareciendo poco a poco. 

Cinco niveles ascendentes

La nueva norma reformula el sistema de la Formación Profesional en cinco niveles ascendentes (A, B, C, D y E). Se trata de un abanico de formaciones de distinta duración y volumen que contempla, desde unidades más pequeñas (grado A) hasta títulos y cursos de especialización (grados D y E). 

A los grados A, B y C únicamente podrán acceder los mayores de 16 años, y contemplan el sistema de reconocimiento de ciertas competencias: el A, de menor tamaño, conduce a la obtención de una acreditación parcial; el B ofrece un certificado de módulo profesional; y el C reúne varios módulos y conduce a la obtención de un Certificado Profesional.

En cuanto al Grado D, se corresponde con los ciclos formativos, mientras en el E ya se integrarán los cursos de especialización que tendrán una duración de entre 300 y 800 horas. Quienes superen un curso de especialización obtendrán un título de Especialista (Grado Medio) o Máster Profesional (Grado Superior).

Además, todo se podrá ir acumulando, certificando y acreditando en el nuevo Registro Estatal de Formación Profesional que contempla la ley y que permitirá a todos los ciudadanos obtener una vida formativa-profesional en continua actualización. 

Formación dual

Otra de las claves fundamentales de la norma es su carácter dual. Es decir, se compaginará la formación en los centros educativos con la formación en las empresas. Esta podrá ser de dos tipos: 

  1. General: con un tiempo en la empresa de entre el 25% y el 35% de la duración total de la formación, y el compromiso de la compañía de participar en hasta un 20% de los contenidos y resultados de aprendizaje del currículo.
  2. Intensiva: con una formación en la empresa a partir del 35% de la duración total, así como la colaboración de esta con el centro de formación en el desarrollo de más del 30% del currículo. Además, contempla un contrato de formación entre el estudiante y la empresa en los términos que determine la legislación laboral.

En esa línea, la norma tiende también un puente con las universidades para facilitar la conexión entre ambas vías. Así, se propone una convalidación directa de asignaturas (hasta un 25% de los créditos de un grado similar), con el objetivo de que los estudiantes puedan transitar entre los dos sistemas y en ambos sentidos. Es decir, un universitario podrá impartir enseñanzas de FP, y un alumno de FP podrá hacer lo mismo con la Universidad.

Mostrar comentarios

Códigos Descuento