El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones está trabajando en un nuevo programa que contempla la creación de una bolsa de familias de acogida para los refugiados ucranianos que huyen de la guerra provocada por la invasión rusa en su país. Básicamente, consistirá en un registro de todas aquellas familias que estén dispuestas acoger a ciudadanos de aquel país que no tengan un sitio en el que alojarse y cuya idoneidad será previamente verificada por las distintas administraciones. 

"Es la forma de reconducir la solidaridad de todas las familias españolas que se están ofreciendo para acoger a personas que vengan de Ucrania", subrayó este martes el ministro José Luis Escrivá en la rueda de prensa en la que ha dado a conocer los detalles del llamado 'Ucrania Urgente', un plan diseñado para gestionar las llegadas y las tramitaciones administrativas de las personas desplazadas procedentes de Ucrania. 

Según indicó, la red de acogida que está desplegando el Gobierno crece cada día y cuenta ya con 21.000 plazas. Así, el nuevo programa pretende absorber a los refugiados ucranianos y ofrecer también una salida a los menores no acompañados. "Estamos trabajando sobre experiencias previas que había en España en el ámbito de acogimiento de menores no acompañados", avanzó el ministro, asegurando que "habrá más detalles en los próximos días". 

Con todo, el objetivo es contar con una "bolsa de familias para acogimiento", previa verificación de su idoneidad. Serán los trabajadores sociales los encargados de verificar la adecuación de las viviendas que se ofrecen, en colaboración con los servicios sociales de los ayuntamientos y entidades del tercer sector. 

Un plan atado al desarrollo del conflicto

El plan pretende "casar" los recursos disponibles con las necesidades y "especificidades" de todos los refugiados que van llegando, según explicó Escrivá. Se trata, por tanto, de una estrategia anclada al marco europeo y caracterizada por ser "muy flexible", debido a la "incertidumbre" respecto a cómo pueda desarrollarse el conflicto.

Así, recordó el ministro, en él se incluye la Directiva de Protección Temporal de la Unión Europea -activada por primera vez el 3 de marzo- y la extensión que aprobó recientemente el Consejo de Ministros para ampliar ese derecho a residir, trabajar y acceder a las prestaciones sociales: a los ucranianos que ya estaban en España antes del 24 de febrero; a los nacionales de terceros países con residencia temporal en Ucrania (estudiantes, por ejemplo); a los nacionales ucranianos que se encuentran en situación irregular en España y a los miembros de familias que ya vivan en el país. "España es de los países que más rápido han adaptado su normativa a la decisión del Consejo, y ha extendido más su ámbito de aplicación", destacó.

Otro punto normativo importante en el que el ministro quiso hacer hincapié es la simplificación "inédita" de los trámites. Y es que las resoluciones de protección temporal, señaló, están siendo resueltas "en menos de 24 horas", lo que habilita automáticamente que los refugiados puedan residir y trabajar en el país. Además, todo este trabajo se está haciendo mediante los centros que el Ministerio de Inclusión ha habilitado para realizar estos trámites, y evitar así que se lleven a cabo en las comisarías (donde el proceso se suele alargar); aunque también contemplan habilitar comisarías para ello. 

Hasta ahora, señaló, son 813 las personas que ya cuentan con protección temporal, de las cuales la mitad (55%) son menores, un 30% mujeres y un 15% hombres. Además, el 12% corresponde a personas que ya eran residentes en España y, según detalló Escrivá, un tercio proceden de la capital de Ucrania, Kiev, aunque hay desplazados de todo el país.

Madrid, Cataluña y el sur del Levante: las zonas con más población ucraniana

El Gobierno tendrá también en especial consideración aquellos municipios y provincias en los que ya había un alto número de población ucraniana residiendo antes de que estallara el conflicto. Según datos de Inclusión, la población ucraniana en todo el territorio español era antes del conflicto de 112.000 personas, concentradas en la costa mediterránea y en torno a Madrid. Los municipios leridanos de Guissona y Portella, en Cataluña, son los que acumulan un mayor porcentaje, con un 14% y un 12% de población ucraniana, respectivamente. 

Ya a nivel de comunidades autónomas, son Madrid, Cataluña y la zona del sur de levante (Alicante y Murcia), las que concentran más ciudadanos ucranianos; por lo que previsiblemente serán los que soportarán un mayor peso de recibida de refugiados. Lo bueno, destacó Escrivá, es que en esos territorios hay cierta facilidad de transporte (aeropuerto, redes de carreteras), algo muy "importante" para "desplegar la logística".

Cuatro centros de acogida

Es de hecho, en puntos de esas zonas donde el Gobierno ha habilitado los cuatro cetros de recepción, atención y derivación de las personas desplazadas, que se complementarán con plazas privadas en hoteles y albergues de los municipios. El primero en activarse fue el de Pozuelo de Alarcón (Madrid), el pasado 11 de marzo. En Alicante, el Gobierno puso en funcionamiento este jueves un centro en la Ciudad de la Luz y está prevista la apertura del centro de Barcelona, en el pabellón municipal de la Fira, el próximo 18 de marzo. El cuarto centro estará ubicado en Málaga, pero el Ministerio de Inclusión todavía está buscando una localización "adecuada" para la acogida. 

Será en estos puntos desde donde se reciba y derive a los refugiados que vayan llegando de Ucrania. Según explicó Escrivá, en primer lugar, en ellos se recibe a las personas desplazadas de Ucrania y se les da una orientación inicial; en segundo lugar, permiten la realización de los trámites para obtener el permiso de trabajo y residencia en 24 horas y, finalmente, deciden la derivación de quienes lo necesiten a las plazas más adecuadas disponibles, tras realizarles entrevistas en profundidad".

En el caso de haber menores no acompañados -una situación que no descarta el Ministerio- estos se derivarían "inmediatamente" a las administraciones de cada territorio, pues desde ese momento pasarían a estar bajo tutela de la comunidad autónoma en cuestión.

Un "amplio catálogo de prestaciones"

Más allá de los permisos de trabajo y residencia, las personas desplazadas tienen también acceso a un "amplio catálogo de prestaciones", que van desde el alojamiento y manutención, la asistencia jurídica y psicosocial, la atención laboral, hasta la asistencia sanitaria, escolarización o ayudas económicas. Además, el Ministerio del Interior dictó este martes una instrucción con la que los desplazados de Ucrania podrán utilizar legalmente sus permisos de conducir en España al menos durante un año y se les aplicará un descuento del 60% a la hora de adquirir medicamentos. 

La puesta en marcha de este plan, reconoció el ministro, "supone un esfuerzo adicional sobre los recursos disponibles". Para amortiguarlo, la Comisión Europea está ultimando un reglamento -Cohesion's Actions for Refugees in Europe (CARE)- para reasignar fondos disponibles con remanente que no está siendo utilizado para el apoyo de emergencia a los refugiados y para desarrollar la integración de estas personas a largo plazo. 

"Con este despliegue tenemos ya una capacidad suficiente para ir absorbiendo y acogiendo a todas estas personas desplazadas. Como ha demostrado España anteriormente con el caso de los afganos, creo que vamos a ser un país ejemplar a estas personas que viven una situación tan dramática", concluyó el ministro, reiterando que el plan se podrá ir "ajustando" ante "las necesidades que puedan ir surgiendo". 

Alberto Ortega / EP