La nueva vida de Soufiane tras cambiar la ley para jóvenes migrantes extutelados: "Viví en la calle. Ahora tengo trabajo"

Soufiane Assoubhi conversa con Marta Sánchez-Briñas, su abogada en Pueblos Unidos
Soufiane Assoubhi conversa con Marta Sánchez-Briñas, su abogada en Pueblos Unidos
J.París

Pasar de la exclusión social a tener un empleo y unas expectativas de futuro. Esto es lo que ha supuesto para Soufiane Assoubhi la reforma que el Gobierno introdujo en la ley de extranjería el pasado octubre. Lo mismo le ha ocurrido a Mohammed Hassi. Estos chicos marroquíes entraron solos en España siendo menores y tras alcanzar la mayoría de edad quedaron desamparados. Ahora, con la simplificación de los requisitos para regularizar su situación, han recobrado la esperanza.

"Llegué a España en 2019, cuando tenía 17, y estuve un año en el centro de menores de Melilla. Vine porque pensé que mi vida aquí iba a ser mejor que en Marruecos. Desde que tengo trabajo estoy bien pero al principio fue muy difícil", relata Soufiane desde la casa de Huelva en la que ahora reside. La conversación se produce a través de una videollamada de WhatsApp mediante el teléfono de Marta Sánchez-Briñas, abogada de Pueblos Unidos. La ONG, con sede en Madrid, está ayudando a estos jóvenes a renovar su documentación. Porque las condiciones se han suavizado, pero sigue siendo necesario llevar a cabo unos trámites que para ellos resultan complicados. 

Soufiane cumplió los 18 años y tuvo que abandonar el centro de menores en plena primera ola de la pandemia. Sin saber qué hacer ni ninguna ayuda llegó a Barcelona. "Allí estuve viviendo en la calle", recuerda. Hasta que alguien le habló de organizaciones en las que podía encontrar amparo y tras ponerse en contacto con Voluntarios por otro mundo, de Jerez de la Frontera, esta le gestionó un trabajo en el campo. Pero su tarjeta de residencia caducó y, pese a que el jefe quiso seguir contando con él, en junio del año pasado volvió a quedar abocado a la irregularidad al no cumplir los requisitos para la renovación. "Dejé de tener la posibilidad de trabajar porque había perdido mis papeles. Con el cambio del reglamento he vuelto a conseguirlos. Ha sido muy positivo para mí", señala.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones -impulsor de la reforma- estima que esta beneficiará a 15.000 jóvenes. De ellos 8.000 son menores migrantes no acompañados de 16 y 17 años. Para ellos ya se aprobó una resolución en marzo de 2020, justo antes de decretarse el estado de alarma, que les permitía trabajar. Por eso quienes más favorecidos se verán por la modificación actual serán los 7.000 jóvenes de entre 18 y 23 años que estuvieron tutelados y ahora residen de forma irregular. Las exigencias para conseguir el permiso de residencia o el de trabajo provocaban que menos del 10% lograsen trabajar regularmente un año después de cumplir la mayoría de edad, según datos de la Seguridad Social.

Hasta el momento Pueblos Unidos ha apoyado en el ámbito jurídico a Voluntarios por otro mundo en la presentación de en torno a doscientos expedientes. Unos 190 han sido entregados en Andalucía y diez, en la Comunidad de Madrid. En aquella las resoluciones se están dando en un plazo máximo de un mes. En esta todavía no hay respuestas. 

"Necesitan que una persona les ayude a presentar toda esa documentación. Las oficinas de extranjería están colapsadas, no hay citas disponibles para hacerlo presencialmente...", explica Sánchez-Briñas. "Nos damos cuenta de que la reforma del reglamento supone para ellos una oportunidad y un futuro. Tienen un sitio donde vivir, pueden ayudar a su familia...", continúa y aplaude que el cambio permita incluso que estos chicos puedan seguir estudiando. "Llevo nueve años trabajando en esto y la inmensa mayoría tiene un potencial enorme. Lo que necesitan es un acompañamiento en su transición a la vida adulta, como cualquier chico de su edad". 

"La inmensa mayoría tiene un potencial enorme. Lo que necesitan es un acompañamiento en su transición a la vida adulta"

La letrada considera que la reforma es "muy beneficiosa" para estos chicos pero cree que debe haber más cambios en lo que a ese acompañamiento que citaba se refiere: "Aunque tengan papeles son niños". "Yo me paso el día hablando con empresas para explicarles la situación: que los tenemos acogidos, que ante cualquier circunstancia respondemos por ellos...", pone como ejemplo. "Uno de los problemas en los centros de menores es que no se trabaja la autonomía, la formación, el idioma... Se les acoge, comen, duermen... pero no se les prepara para el momento en el que van a tener que salir de allí. Cada uno necesita un itinerario", reclama. 

Asimismo la abogada lamenta que haya jóvenes que se van a quedar fuera de la reforma, aquellos que no tienen el apoyo de una entidad que les ayude económicamente, "porque las entidades no dan a basto". Son "niños que van a seguir abandonados". 

Soufiane sí tiene ahora la posibilidad de cumplir su deseo de labrarse un futuro mejor en España. Vive junto a dos compañeros en una casa de una sola planta aledaña al terreno en el que trabaja en la recogida de la fresa. Su jornada laboral comienza a las ocho de la mañana y dura hasta las cuatro. "Las tardes las tenemos libres y las pasamos aquí descansando", cuenta, mientras hace un barrido con el móvil por la vivienda. En la parcela hay más edificaciones similares y en otra de ellas vive Mohammed. Él llegó a España con 16 años y también estuvo en el centro de menores de Melilla. "Ahora estoy bien, mejor que antes. Necesitaba una oportunidad para poder seguir trabajando. Estoy feliz", coincide.  

La madre y la hermana de Soufiane acaban de llegar a España. La familia de Mohammed está toda en Marruecos. En ambos casos de ellos depende el sustento de los suyos. Porque sobre muchos de estos chavales recae demasiado pronto el peso de responsabilidades adultas

Mohamed Hassi conversa con Marta Sánchez-Briñas, su abogada en Pueblos Unidos.
Mohamed Hassi, en videollamada desde Huelva.
Jorge París

Así cambia el reglamento

La ley establece que la residencia de los menores tutelados debe considerarse regular pero en la práctica se venían encontrando con obstáculos para obtener los papeles. Antes de la reforma de la ley de extranjería pasaban nueve meses hasta que la posibilidad de que fueran repatriados decaía y durante ese periodo permanecían sin documentar. Esto provocaba que muchos tuviesen que abandonar los centros al cumplir los 18 años sin tener acreditada su situación. Llegado ese momento podían solicitar "una autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales". En caso de que sí fueran titulares de una tarjeta de residencia tenían la posibilidad de renovarla cuando venciese.

En cualquier circunstancia, los requisitos que unos y otros debían cumplir eran prácticamente inalcanzables, principalmente en el ámbito económico. No en vano para la solicitud inicial debían acreditar tener unos ingresos mínimos equiparables al 100% del Iprem, el índice empleado como referencia para la concesión de ayudas y que en 2021 era de 565 euros. Esa cantidad ascendía a 2.260 euros (el 400% del indicador) en la segunda renovación. La situación se complicaba al no poder tratarse de recursos procedentes de entidades sociales y al ser necesaria una autorización aparte para poder optar a un empleo, dado que la residencia no les habilitaba para trabajar. 

El Gobierno reconoció que estas reglas no se ajustaban a "las particularidades del colectivo" y que estos jóvenes presentan unas circunstancias distintas "al régimen de residencia no lucrativa, que se prevé para otros fines". Es por ello que, con el fin de favorecer su integración, a partir de ahora las autorizaciones de residencia permiten expresamente trabajar cuando el menor alcanza los 16 años y las condiciones económicas se vuelven más asequibles. Los medios económicos quedan establecidos en el Ingreso Mínimo Vital -unos 490 euros-, sustento que ahora sí puede provenir del sistema de protección social o de organizaciones privadas. 

Asimismo se incrementa la vigencia de las autorizaciones. A los menores se les concede una primera tarjeta para dos años y la siguiente para tres. Los mayores de edad acceden a dos años renovables por otros dos. Igualmente, se reduce el plazo para acreditar la imposibilidad de retorno de nueve a tres meses y se equiparan quienes llegan a los 18 con la autorización de residencia con quienes cumplen esa edad sin ella. 

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